Doble pedido de perpetua por el asesinato del subcomisario Alonso

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Alfredo Leiva

BARILOCHE (AB).- “Esto no tendría que haber pasado. Lo siento por mí y por la familia de Alonso”. Esas fueron las últimas palabras que Jairo Raúl Maripi Paillalef exclamó en el epílogo del juicio al que fue sometido como imputado del homicidio del subcomisario Aníbal Fabián Alonso. No hubo lágrimas del joven de 22 años, quien se crió bajo el rigor de la vida de campo en Pilcaniyeu. Tampoco un abrazo de despedida de sus familiares antes de que lo retiraran esposado rumbo al penal de esta ciudad, ni expresiones de repudio de la viuda y el hijo del subcomisario. El imputado había escuchado con atención los alegatos del fiscal de Cámara Enrique Sánchez Gavier y del apoderado de los querellantes, Mario Altuna, quienes pidieron al Tribunal que le imponga prisión perpetua. Su defensor oficial, Juan Pablo Laurence, pidió la absolución porque alegó que Maripi Paillalef actuó en legítima defensa o, en todo caso, por el beneficio de la duda. Recordó que había una persecución por parte de Alonso hacia el imputado, por ser éste cazador furtivo y por no querer venderle carne. El defensor valoró el testimonio de un vecino de Pilcaniyeu que vio cómo amenazaron con un arma al imputado. Los jueces de la Cámara Criminal Segunda Silvia Baquero Lazcano, César Lanfranchi y Héctor Leguizamón Pondal difundirán la sentencia tras la feria judicial. Si está antes, notificarán a las partes. Los alegatos comenzaron ayer a las 14 y se extendieron hasta las 17 en una sala de audiencias que estuvo colmada. Maripi Paillalef está imputado por el hecho que ocurrió alrededor de las 23 del 16 de abril de 2012 en Pilcaniyeu. El joven circulaba en un Renault 12 y Alonso lo quiso interceptar. El imputado escapó hacia su casa y el subcomisario lo persiguió en la camioneta policial. Cuando llegaron al domicilio, Maripi disparó contra Alonso, quien murió horas después. El joven alegó que disparó luego de que el subcomisario disparara cuatro o cinco veces en su contra. Tanto el fiscal como Altuna advirtieron que el imputado introdujo a último momento la tesis de la legítima defensa. Pero recordaron que el Código Penal exige, para que se acredite esa figura, tres condiciones: una agresión ilegítima por parte de la víctima, la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelarla y la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Ambos señalaron que en el comportamiento del imputado no se acredita ninguna de esas condiciones. La defensa planteó una visión diferente y alegó que el caso encuadra en legítima defensa. El fiscal de Cámara consideró que el accionar de Alonso fue legal. “¿Por qué en vez de gritarle a Alonso ‘Pará, pará’ no tiraba el fusil al piso y se entregaba?”, preguntó. “Acá estamos fuera de toda lógica”, indicó. Recordó que Maripi Paillalef en su declaración ante el Tribunal dijo que el subcomisario lo había amenazado con “empapelarle” el arma. “El riesgo era una infracción”, señaló el fiscal. Y remató: “El imputado quería la impunidad de los delitos”. “Con una actitud razonable esto no hubiera ocurrido”, aseguró. Los acusadores coincidieron en que los disparos de Alonso fueron después de que el imputado disparara. Advirtieron que no se encontró ningún disparo en la casa de la familia del imputado ni en el auto que manejaba. Para la querella no hubo un intercambio de disparos. Sostuvo que Alonso disparó luego de haber sido herido por la carabina que portaba el imputado y desautorizó el informe del físico forense Rodolfo Pregliasco, quien fue convocado por la defensa del acusado. Altuna recordó que el físico reconoció en el juicio que “de armas y de balística no sabe mucho”. “Firma como ciertas cosas que no tiene la más remota idea”, afirmó el querellante. Para la querella, las pericias y la inspección ocular demostraron que el imputado mintió y que la tesis de la legítima defensa quedó descartada. Altuna apuntó además la destreza de Maripi Paillalef, quien caza desde niño. Señaló que Alonso “murió por el disparo del cazador que dispara debajo de la paleta” y descartó el dolo eventual, advirtiendo finalmente la imposibilidad de declarar la inconstitucionalidad de la prisión perpetua reclamada por la defensa en base a tratados internacionales y a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.