Carrefour se va de Argentina: el obstáculo que podría dejar fuera de competencia a los dos empresarios que pican en punta

La cadena de supermercados francesa, Carrefour, se prepara para dejar Argentina. Día a día la lista de los empresarios interesados en comprar las más de 700 sucursales cambia, pero hay dos que podrían quedar afuera. Se trata del grupo que pertenece a Francisco de Narváez y la empresa de Alfredo Coto. Te contamos el obstáculo que podría sacarlos de competencia.

En medio de idas y venidas, Carrefour busca vender sus supermercados en Argentina a raíz de un proceso de reorganización empresarial. Pese a que Grupo de Narváez y Coto son los más cercanos a concretar la negociación, la cadena francesa mantiene abierta otras posibilidades.

La familia Braun, dueña de la cadena La Anónima, perdió terreno en la consideración de los galos pero aspectos ligados con Defensa de la Competencia comenzaron a ganar presencia en las conversaciones, según explicó Iprofesional. Y esto podría incidir de forma negativa en las negociaciones con GDN y Coto.

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Venta de Carrefour en Argentina: qué pasa con De Narváez y la posible compra de la cadena francesa de supermercados

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En torno a la negociación vigente aseguran que De Narváez, actual dueño de Changomás, le lleva una leve diferencia a Coto a partir de la propuesta económica que acercó a los representantes de Carrefour.

El empresario propuso un pago cercano a los u$s2.000 millones, pero ese monto luego se redujo a la mitad. El motivo de esto fue que los negociadores de De Narváez advirtieron que el consumo en supermercados está cayendo de forma considerable y se espera que la situación se complique aún más a mediano plazo.

Por otro lado, Coto sigue operando con un equipo encabezado por su hijo Germán. Además, «continúa trabajando con la consultora S+R Gestión, de Fernando Cinalli, y recibe asesoramiento de Isela Costantini, exdirectiva de General Motors y Aerolíneas Argentinas», indicó el mismo sitio.

Un posible acuerdo entre De Narváez y Coto está sujeto a la Ley de Defensa de la Competencia. La decisión final recae en el Gobierno, que podría vetar la operación si determina que alguno de los dos actores obtiene una posición dominante, lo cual anularía el traspaso.