En medio de la incertidumbre, el presupuesto de Javier Milei genera más dudas que certezas

La que acaba de culminar, puede ser catalogada sin temor a equivocaciones como la semana más delicada y compleja que ha atravesado la gestión de Javier Milei. Cuando la economía llama, el mensaje de la política necesita ser claro, firme y certero.

El llamado de atención de los mercados viene siendo elocuente hace semanas, pero la reacción política del gobierno es dubitativa, confusa y contradictoria. Los números de una semana agitada y volátil en materia cambiaria y financiera, revelan que el mercado dejó de creer en el programa económico.

En otras palabras, lo que advierten quienes toman decisiones es la inconsistencia del planteo macro: los bonistas que tienen en sus manos un papel argentino escuchan azorados al ministro afirmar que va a “vender hasta el último dólar” para defender la banda superior de flotación cambiaria, y (con el mercado de deuda voluntaria cerrado para Argentina) de inmediato se preguntan con qué dólares les pagarán a ellos.

La secuencia posterior es matemática y casi de manual: los acreedores se apresuran a vender, se desploma el precio de los bonos soberanos argentinos, y se dispara el riesgo país.

El mercado esperaba cambios profundos de política económica para después de octubre, pero comienza a necesitarlos de inmediato. Como contracara, la respuesta del gobierno es afirmarse en su propia estrategia. En ese sentido, la presentación del Presupuesto 2026, fue todo un botón de muestra.

De la motosierra al bisturí

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La importancia sustancial que tiene una Ley de Presupuesto, es convertirse en el marco normativo para la gestión de gobierno. Establecer cuáles serán las fuentes de ingresos, así como cuánto se va a gastar, en qué se va a gastar, y cómo se va a gastar. Básicamente, los límites de la discrecionalidad en la ejecución del gasto.

Con ese objetivo, las proyecciones macroeconómicas incluídas en el proyecto de ley, son esenciales. No solo porque permiten “pre” suponer una hoja de ruta, sino porque señalan la intención de rumbo del programa económico.
El calendario obligó al presidente a presentar el plan en el peor momento posible, en medio de una profunda incertidumbre.

El discurso por cadena nacional fue intencionalmente distinto al de otras ocasiones. Sin ir muy lejos, la presentación del proyecto de presupuesto 2025 se realizó con pompas de acto de asunción ante la Asamblea Legislativa, y con un mensaje extenso en tono agresivo y triunfalista.
El pasado lunes en cambio, el mensaje buscó ser moderado, breve, componedor y realista. El foco estuvo puesto en la principal fortaleza que ha logrado el programa: el equilibrio fiscal.

Si bien el discurso del presidente hizo énfasis explícito en que “lo peor (del ajuste) ya pasó” y en transmitir que el gobierno comprende que muchas personas aún no perciben los beneficios “en su realidad material”, lo cierto es que la letra del proyecto de ley de presupuesto enviado al Congreso de la Nación, insiste en el recorte presupuestario en áreas sensibles, e incluso propone avanzar en la derogación de artículos clave en materia de educación, ciencia y tecnología, asignaciones sociales, e incluso en energía.

Un análisis detallado que realizó la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap), lo pone en blanco sobre negro: la motosierra dio pasó al bisturí.
Dicho de otra forma, el presupuesto del año que viene planea continuar con el ajuste, pero eligiendo minuciosamente los lugares por los que pasará el filo del recorte.

Sin pretender una lista exhaustiva, un breve repaso por el articulado deja el punto a la vista.
El artículo 30 del proyecto de presupuesto, propone la derogación del artículo 9º de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional. Es decir que se propone eliminar la exigencia de que el presupuesto educativo debe representar el 6% del Producto Bruto Interno (PBI). En otras palabras, recorte al presupuesto en educación.

El mismo artículo pide derogar los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley Nº 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Dichos artículos establecen el incremento anual progresivo del presupuesto destinado a ciencia y técnica hasta alcanzar, en el año 2032, como mínimo, una participación del 1% del PBI de cada año.

El artículo 72 del proyecto de presupuesto, solicita la derogación de los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley N° 27.637 de Régimen de Zona Fría. De prosperar la propuesta del Ejecutivo, implicaría que unos 3,2 millones de hogares perderían el subsidio en sus boletas de gas, y comenzarían a pagar la tarifa plena.

El artículo 73 del proyecto de presupuesto, propone derogar los artículos 1, 3 y 4 de la Ley N° 27.160 de Regímenes de Asignaciones Familiares. Se trata de los artículos que establecen la movilidad de las asignaciones. De aprobarse la propuesta tal y como fue enviada al Congreso, implicaría la suspensión de la movilidad de la Asignación Universal por Hijo, y los aumentos quedarían librados a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

Son entre otros, algunos de los ítem en que el gobierno espera profundizar en 2026, un ajuste que está muy lejos de haber concluido.

Post supuesto

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En un contexto de extrema incertidumbre, la proyección que el gobierno plasmó en la letra escrita sobre la dinámica de las principales variables para los años 2026 , 2027 y 2028, no solo no despejó las dudas que ya existían, sino que multiplicó los interrogantes. Un breve repaso.

El proyecto de presupuesto plantea un crecimiento económico del 5,5% para 2025, y del 5% anual entre 2026 y 2028. Sin embargo estipula un escenario de déficit comercial para los próximos tres años, con importaciones creciendo a una velocidad mayor a las exportaciones durante todo el periodo.

Esta última proyección luce contradictoria con los números que suele exhibir el CEO de YPF, Horacio Marin, que proyecta un incremento exponencial de las exportaciones de energía, colocando el peso relativo exportador de Vaca Muerta por encima del de la Pampa Húmeda.

El panorama luce aún más contradictorio si se agrega la proyección del dólar. El presupuesto espera un tipo de cambio de de $1.325 para este año, $1.423 a fines de 2026, de $1.470 a fines de 2027, y de $1.488 para fines de 2028.

Por último, la inflación proyectada es del 10,1% en 2026, del 5,9% en 2027 y del 3,7% para 2028.
Para encontrar la distancia entre la previsión oficial y los datos fácticos del presente, alcanza con observar el Sistema de índices de precios mayoristas (SIPM) publicado por Indec el pasado miércoles.

La inflación mayorista de agosto arrojó un 3,1%. Se trata de la inflación sobre la cadena de valor, antes de las góndolas. Sobre esa base, y más allá del escaso pass trought desde julio, es natural creer que en el último cuatrimestre del año el dato mensual de inflación minorista se acelere y perfore el 2%.

El proyecto de presupuesto sin embargo, anticipa una inflación del 1% mensual para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de este año, algo que a la luz de los datos presentes luce casi imposible.

Pero las preguntas profundas surgen al hilar fino sobre estos datos en conjunto. En efecto, no solo que todas las cotizaciones actuales del dólar ya superan la que el gobierno anticipa para 2028, sino que la tasa de crecimiento proyectada en la cotización es menor a la tasa de inflación proyectada, en todos los años incluidos (2026/28).

En ese marco el primer interrogante es (aún si lograra salir airoso de la inestabilidad cambiaria en la coyuntura) ¿piensa el gobierno volver a utilizar el atraso cambiario como ancla nominal de precios? La estrategia funcionó durante el primer año de gobierno, pero se agotó y generó el final abrupto del crawling peg en abril pasado.

La segunda pregunta es, si el crecimiento será del 5% acumulativo anual y el dólar se atrasará a un ritmo del 2,6% promedio anual ¿cómo piensa el gobierno conseguir los dólares necesarios para atender el crecimiento resultante de la demanda agregada? Si el producto crece y el dólar “está barato”, inexorablemente habrá más argentinos viajando y gastando en el exterior, más demanda de importaciones (Temu, Shein, Amazon), o simplemente, más argentinos comprando divisas para atesorar.

La tercer pregunta es tal vez la más acuciante: ¿cómo piensa el gobierno lograr la acumulación de reservas a la que se comprometió con el Fondo Monetario Internacional? Si el supuesto es que la principal fuente de ingreso genuino de divisas (el comercio exterior), arrojará déficit en los próximos tres años, y si además el plan es poner otra vez a “correr” el dólar por detrás de los precios minoristas en pesos ¿cómo se piensa afrontar los compromisos ya asumidos con los organismos multilaterales y/o con los bonistas del exterior?

El descalce entre previsión y realidad es absoluto. El “post” supuesto habla mucho más fuerte que el “pre”. Dadas las inconsistencias, las contradicciones, y la falta de claridad en la comunicación, el diagnóstico que arrojan las pantallas en el presente no solo resulta lógico, sino incluso matemáticamente atinado.