Fondo de indemnizaciones: cuál es el requisito clave que impuso Luis Caputo a los bonos provinciales
El Ministerio de Economía reglamentó el funcionamiento de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL). Sin embargo, una exigencia específica sobre la calificación de riesgo limitó el acceso de los recursos a los gobernadores, a diferencia de lo que ocurre con los bonos de Nación y CABA.
El Ministerio de Economía publicó la resolución que determina el destino de las inversiones de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL). La normativa habilita cuatro instrumentos para canalizar el dinero del sistema de indemnizaciones: títulos del Estado Nacional, títulos emitidos por las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), depósitos en entidades bancarias y obligaciones negociables de compañías del sector privado.
En este sentido, Luis Caputo dispuso de un requisito técnico que dejó a las provincias sin posibilidad práctica de acceder a estos recursos. La reglamentación exige que los bonos subsoberanos cuenten con una calificación de riesgo «AAA» en escala nacional para poder recibir el dinero del sistema de indemnizaciones, una nota crediticia que actualmente ninguna jurisdicción del país posee, a excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El requisito para las jurisdicciones y la participación de Nación
La reglamentación detalla las opciones para la colocación de los recursos provenientes de los aportes sobre la masa salarial, fijados en el 1% para las empresas de mayor tamaño y en el 2,5% para las pymes. En este marco, la resolución incluyó una disposición sobre la participación de los bonos provinciales: su nota debe ser otorgada por un mínimo de dos agentes de calificación de riesgo con registro en la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Según remarcó Infobae, la inclusión de los títulos emitidos por las provincias en las carteras de los FAL carece de aplicación en la práctica. Distritos como Córdoba o Mendoza, con esquemas de endeudamiento al día, tampoco alcanzan la nota exigida por el Ministerio de Economía. La excepción a la norma recae en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el mes de junio, la agencia Moody’s asignó la calificación AAA a CABA en su rol de emisor, tanto para operaciones en pesos como en dólares.
La normativa también fijó topes de participación. Los bonos provinciales no pueden representar más del 15% del total del FAL, con un límite de inversión del 5% por jurisdicción. Estos techos carecen de impacto de aplicación en la inmediatez ante la falta de activos elegibles por parte de los distritos.
En contrapartida, los títulos de la Nación no enfrentan topes de concentración ni exigencias de calificación de riesgo en la norma. Un funcionario de un gobierno provincial indicó al respecto en diálogo con el portal mencionado: “Caputo nos dejó afuera de los FAL. La resolución tiene un sesgo para orientar las inversiones a los títulos de Nación. De hecho, un FAL podrá colocar el 100% de su dinero en bonos nacionales”.
El diseño de los FAL implica la transferencia de recursos de cargas laborales hacia el mercado de capitales. La estructura de límites y calificaciones elaborada por la cartera de Luis Caputo permite que el Estado Nacional absorba parte de la recaudación para el financiamiento de sus cuentas mediante estos fondos.
Cómo aplican los FAL en el sector privado
La reglamentación aplicó el requisito de las dos calificaciones AAA para las obligaciones negociables corporativas. La nómina de compañías que alcanzan la exigencia incluye firmas como YPF, Vista, Pan American Energy, Arcor, Central Puerto y Mercado Libre. En el sector financiero, integran el listado entidades como Banco Macro, Santander, Galicia, ICBC y Garantizar SGR.
Para las empresas del sector privado, la resolución estableció límites porcentuales. Los FAL no tienen permitido colocar más del 20% del total de su cartera en bonos corporativos. A su vez, el monto de inversión no puede superar el 10% en los activos de un emisor en soledad.
El cronograma de los FAL establece el 1° de noviembre como fecha de inicio de operaciones. El sistema funcionará con un período de seis meses en el cual no se abonarán prestaciones. El objetivo de este esquema es generar el plazo para que cada empleador reúna el capital de dinero que permita el pago de las indemnizaciones en las etapas posteriores.
Para acceder a la recepción de las inversiones de los FAL, las administraciones de las provincias tienen por delante la tarea de lograr incrementos en las notas de las agencias calificadoras que operan en el país, como Moody’s Argentina, S&P y Fix SCR.
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