Las grandes empresas ganan, los salarios retroceden

La construcción de sentido es la forma en que los discursos verbales y no verbales, cruzan trasversalmente las prácticas y la convivencia de las sociedades.

En ese proceso, las imágenes, las metáforas, las premisas, los relatos, las definiciones, o la repetición de consignas, resultan determinantes en la instalación de las ideas que con el tiempo se convierten en hegemónicas. Verdades reveladas que incluso, suelen ni siquiera necesitar de ningún tipo de validación empírica. Simplemente se dan por ciertas.

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Una de esas construcciones, se ha instalado desde hace tiempo en el statu quo argentino. Políticos, dirigentes, especialistas, profesionales, y por supuesto empresarios, la repiten como un mantra. “El Estado es demasiado grande y eso ahoga al sector privado y le impide crecer”.

Ese enorme paraguas conceptual abriga debajo suyo una larga lista de postulados que a priori lo validan, pero que suelen guardar una relación mucho más estrecha con las posturas ideológicas acerca del Estado, que con los datos empíricos.

Uno de esos postulados indica por ejemplo que “en nuestros país es imposible ganar dinero” a raíz de “la desconfianza que generan la economía”.

Otro reza que “en Argentina las empresas no logran invertir lo suficiente debido al elevadísimo costo impositivo”. Un ex Presidente que coquetea con volver en 2023, se animó incluso a decir que “el estado le roba a los ciudadanos con los impuestos”. Hablaba del Estado que en ese momento él mismo administraba.

Un tercer postulado indica en nuestro país “el costo laboral es excesivo y ello va en desmedro de la evolución de la tasa de ganancia de las empresas, atentando contra la acumulación de capital a largo plazo”. El razonamiento se completa con la sentencia acerca de las leyes laborales argentinas y de las “excesivas regulaciones que rigen el mercado de trabajo” y naturalmente, el recurrente clamor por una “reforma laboral” que “flexibilice” las relaciones entre empleadores y trabajadores.

La construcción de sentido lleva años y es elocuente: Hay que achicar el Estado. O sea, reducir impuestos. O sea desregular.

Acaba de finalizar esta semana el mayor foro empresario anual, en el que los dirigentes de las principales empresas argentinas y extrajeras con presencia en el país, se dan cita para analizar coyuntura y perspectivas.
La edición 58° del Coloquio de IDEA, se pretendió con un mensaje positivo desde el lema “Ceder para Crecer”.

Si bien la mayoría de los oradores intentó imprimir ese espíritu a sus coucheadas intervenciones, haciendo foco en las enormes oportunidades que tiene Argentina en materia energética y tecnológica, el ambiente entre los empresarios no escapó de la lógica impuesta por la construcción de sentido. La percepción en los pasillos entre los empresarios presentes es que “reina el temor y la incertidumbre”.

“La Argentina es un país en constante estado de ‘potencia latente’, pero que sigue siendo maltratado por una espiral de crisis recurrentes”, señaló Daniel Herrero, Presidente del 58° Coloquio de IDEA.
Más tarde en uno de los paneles referidos a la inserción argentina en el mundo, Claudio Rodríguez, director de IDEA, expresó: “Reglas claras y estables, necesitamos no exportar impuestos. Necesitamos apoyo”. A él se sumó entre otros el ex Ministro de Producción de la Nación, Dante Sica, quien indicó que: “Hay que desmalezar la estructura burocrática. Tenemos que tener, desde el gobierno, pero también de las cámaras, una mirada muy fuerte porque hay que romper esta economía cerrada”.

La perspectiva de quienes manejan los negocios importantes en Argentina es clara: el país tiene enormes oportunidades y todo el potencial necesario para crecer, pero está preso de la burocracia, las regulaciones, y la política.

Dicho esto, es bueno indagar acerca de los fundamentos reales para el pesimismo. Revisar si en verdad el empresariado argentino tiene motivos verosímiles para reclamar cambios profundos.

El ejercicio exime de responsabilidad a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), las cuales son quizá las más perjudicadas por todo lo que se suele describir como el “costo argentino” que enfrentan quienes desean emprender o iniciar desde cero con un proyecto.

El foco se coloca en cambio sobre las empresas grandes y consolidadas, que en general son las abanderadas del reclamo por reformas profundas, por un menor costo laboral, por desregulaciones, y recortes en el gasto público.

En este sentido, en ocasión de la presentación del proyecto de Presupuesto 2023 que el Ministro de Economía Sergio Massa hiciera en la Cámara de Diputados a fines de septiembre, fue el Secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, el que arrojó algunas señales de la mirada oficial acerca de la situación actual en la que se encuentran las principales empresas argentinas, muchas de las cuales tienen incidencia directa en la formación de los precios minoristas.

En su cuenta personal de Twitter, Rubinstein arrojó las siguientes definiciones.
“Ayer, junto a Sergio Massa y equipo presentamos Presupuesto en Congreso. Expliqué luego, las razones por las que el 60% de inflación para 2023 serían realistas”, inició el hilo.

“El Impulso Monetario de Origen Fiscal, sería compatible con una inflación del 40% anual (3% mensual). Desde el gobierno, actuaremos para mejorar el sistema cambiario, cuyo desorden facilitó suba de márgenes brutos empresariales exageradamente, y sobre los factores de inercia”, continuó Rubinstein en un segundo mensaje.

“Atacando inercia inflacionaria y procurando una razonable caída de márgenes empresariales, podremos lograr que la inflación real se acerque a la “teórica” (impulso monetario de origen fiscal)”, cerró Rubinstein su explicación en las redes.

El contrapunto es evidente. Mientras los empresarios sienten que están ganando poco, que las condiciones macroeconómicas les impiden crecer e invertir, en el gobierno observan que las empresas están ganando demasiado.

No solo ello. Si bien en el equipo económico reconocen la incidencia monetaria en la inflación (Rubinestein le asigna a esa causa un 40% de inflación), aducen que el crecimiento extraordinario de los márgenes de ganancia a raíz del desorden cambiario, explica en buena parte el resto de la velocidad a la que se mueven los precios internos de la economía.

Un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) titulado “Desempeño de las principales empresas argentinas (2015-2022)”, pone la mira sobre tres datos clave respecto a la performance de las empresas más grandes del país en la industria y los servicios: ventas (cuantificadas en dólares), resultado operativo, y rentabilidad. El informe utiliza los estados contables de las propias empresas, referidos al primer semestre de 2022. En los tres ítem, los números de las corporaciones argentinas son llamativamente buenos durante el presente año.

En relación a las ventas, resalta la performance de las alimenticias. En la primera mitad del año Ledesma incrementó sus ventas un 28,2% en dólares. Arcor lo hizo un 14,4%. La Anónima, la principal cadena de supermercados del país, lo hizo un 6,6%, mientras que Molinos Río de la Plata, un 1,9% (ver cuadro adjunto). La medición está despojada de la incidencia inflacionaria, al estar expresada en moneda extranjera.

La tendencia alcanza también a las empresas industriales y energéticas. Ternium incrementó sus ventas en dólares un 53,9% este año, y Aluar lo hizo un 29,6%. En tanto PAE aumentó sus ingresos un 87,6% en el primer semestre, y Tecpetrol lo hizo un 44,5%.

La tendencia se repite al observar el resultado operativo. El informe de CEPA señala que el resultado operativo de las diez primeras empresas argentinas, fue durante el primer semestre de 2022, superior al promedio anual registrado por las mismas empresas entre 2014 y 2021.

En relación a la rentabilidad, medida como “resultado operativo sobre ventas”, el citado informe revela que, tal como intuye Rubinstein, las cuatro principales empresas industriales (Arcor, Ledesma, Aluar y Molinos Río de la Plata), elevaron su rentabilidad promedio de 9,1% a 12,5% en la primera mitad de 2022.

Sin embargo el estudio del CEPA avanza un poco más allá e indaga acerca de la correlación entre las ventas de las empresas y el costo laboral. A tal fin, considera la cuenta Sueldos y Jornales de los estados contables, la cual incluye los gastos en personal y las correspondientes contribuciones y cargas de la Seguridad Social.

Los resultados referidos a las cuatro empresas industriales más grandes, pueden apreciarse en el gráfico que acompaña la nota. En todos los casos se observa que en el periodo 2015-2022, en el cual se sucedieron dos cambios de signo político, una pandemia y una guerra que amenaza convertirse en global, la relación costo laboral sobre ventas, se reduce ostensiblemente.

En pocas palabras, pese a la crisis, la cuarentena por el Covid, la burocracia, la presión impositiva, las excesivas regulaciones, y las trabas que el Estado impone al comercio internacional, las grandes empresas argentinas destinan una porción cada vez menor de sus ventas a solventar el costo laboral.

Equivale a decir que pese a la cansina consigna de que “las empresas no contratan empleados formales a raíz del alto costo del trabajo”, las corporaciones en Argentina enfrentan un costo laboral que se reduce año a año en relación al crecimiento de sus multimillonarias facturaciones.

La traducción es bien sencilla: mientras las cámaras y las luces siguen enfocando al “poste” de la discusión gastada sobre la grieta, las grandes empresas aprovechan el escenario de inflación desbocada para hacer pasar por detrás al “elefante” de una fenomenal redistribución regresiva del ingreso.
Son los trabajadores los que desde hace seis años padecen la caída sistemática del salario real, sin la posibilidad que ostentan las empresas de trasladar a siguiente eslabón, el costo del impuesto inflacionario.