Qué proyectos económicos buscaría tratar el Gobierno en un eventual llamado a extraordinarias

Moratoria previsional, ley de blanqueo y la creación de dos nuevos impuestos, serían algunos de los temas en agenda. En qué fecha tiene previsto Alberto Fernández convocar a una posible sesión.

La gloria mundialista de la selección de fútbol que se consagró en Qatar no es capaz de tapar las responsabilidades del Congreso. Sobre todo en un contexto de altas demandas y necesidades, tanto del Gobierno como de parte de la sociedad.

Desde el Frente de Todos y Juntos por el Cambio dan por descartada la posibilidad de una sesión extraordinaria durante enero. Es que muchos diputados están en «modo vacaciones», luego de un diciembre revuelto y colmado de peleas en el Congreso, que derivaron en un forzado receso.

De todos modos, si el Gobierno apura el envío de una convocatoria de sesiones extraordinarias a partir de 1 de febrero, dejará sin excusas a los legisladores: no podrán alegar necesidad de descanso, y la habitual coartada de que no existen condiciones políticas para juntarse a debatir se considerará floja de papeles.

La agenda de extraordinarias ya las dejó filtrar a la prensa especializada el Ministerio de Economía. Algunas de las iniciativas caían de maduro, como la mal llamada «moratoria«, que en realidad es un programa para la regularización de deudas previsionales.

La última moratoria venció ayer, lo cual clausura -hasta que por decreto se disponga lo contrario- la posibilidad de que más de 800.000 personas que no llegan con los 30 aportes previsionales puedan jubilarse al alcanzar la edad estipulada.

El proyecto trae una novedad: las personas que tienen hasta diez años menos de la edad jubilatoria (esto es: mujeres de 50 a 59 años y hombres de 55 a 64 años) y que por distintas circunstancias ya saben que no alcanzarán los 30 años de aportes, tendrán la posibilidad de anticipar el pago de los períodos faltantes con un plan de cuotas.

Esta nueva modalidad vendría a reforzar la capacidad recaudatoria de ANSES en un contexto de déficit estructural del sistema previsional. Se calcula que en promedio, los trabajadores argentinos cuentan con entre 14 y 17 años de aportes. Y además, 9 de cada 10 mujeres en edad jubilatoria no tienen la cantidad de aportes necesarias, proporción que en hombres es algo menos pero tremendamente preocupante (7 de cada 10).

Ley de blanqueo


La prioridad de Sergio Massa a nivel parlamentario es que el Congreso le de luz verde a su plan de exteriorización de capitales. Iniciativa anunciada durante el acuerdo de intercambio de información financiera que suscribió recientemente con Estados Unidos, que le entregará datos sensibles y relevantes sobre bienes ocultos de argentinos.

Es por eso que desde el Estado nacional se les ofrece a los tenedores de esos bienes,un régimen especial de «declaración voluntaria» de ahorros no declarados con alícuotas diferenciadas.

El esquema propone una alícuota de 1,5% si se declara antes del 31 de marzo, del 5% hasta el 30 de junio y del 7,5% hasta el 30 de septiembre. Las alícuotas se duplican cuando no haya repatriación de los bienes en el exterior. En paralelo, se establece una alícuota especial del 1,5% para ahorristas del régimen simplificado de hasta 50.000 dólares en bienes, siempre y cuando el monto exteriorizado no supere el 35% de los ingresos anuales.

Sobre la masa total recaudada en el marco de este programa de blanqueo, el 20% se destinará a un fondo específico para la cancelación de obligaciones con el Fondo Monetario Internacional, un 20% para subsidios a las Mipyes, otro 20% a financiar becas del plan Progresar y el restante 40% para programas y proyectos que aprobados por la Secretaría de Energía “para la exploración, desarrollo, construcción y mantenimiento de infraestructura, transporte y producción de gas natural».

Coparticipación: cómo acatar el fallo de la Corte


En otro orden, el Gobierno está pensando en el diseño de una herramienta para corregir el Presupuesto y conseguir el diferencial de recursos que requiere para el acatamiento al fallo de la Corte Suprema que le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires en el pleito por la coparticipación federal.

En ese sentido, se está pensando en dos impuestos: un incremento del tributo que paga el juego online y la extensión a todo el país del impuesto que cobran los bancos por los intereses por tenencia de Leliq del Banco Central. Con estos dos instrumentos, se estima que el Tesoro podría hacerse de 200.000 millones adicionales para la Ciudad. 

Fin del lavado de activos


Un proyecto que está en gateras, listo para «salir a la cancha» y votarse en el recinto es el de prevención y persecución del lavado de activos y la financiación del terrorismo, que incluye la conversión de la UIF en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, bajo la órbita del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera. Este es un requisito de la GAFI para que Argentina pueda seguir siendo parte de ese grupo.

Diputados del Frente de Todos y del interbloque Federal le piden también al presidente Alberto Fernández que incluya en el llamado a sesiones extraordinarias la postergada Ley de Humedales, que ya tienen dictámenes de comisión pero cuyo tratamiento se vio truncado varias veces por intereses de lobby de gobernadores y corporaciones económicas.

Fuente Noticias Argentinas


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