Renta inesperada: el Gobierno estimó que unas 350 grandes empresas pagarían el nuevo impuesto
La iniciativa será enviada al Congreso en las próximas horas. Está dirigido a empresas que registren ganancias superiores a superior a $1.000 millones. La oposición criticó el proyecto porque "solo tiene la intención de recaudar", aseguraron.
El proyecto de renta inesperada, va en concordancia con un pedido del kirchnerismo de "usar la lapicera". Foto: NA
El proyecto de ley para gravar la renta inesperada de las empresas que registren ganancias extraordinarias derivadas del impacto global por la guerra en Ucrania presentado por el presidente Alberto Fernández será enviado en las próximas horas al Congreso y el oficialismo confía en que comenzará a ser debatido la próxima semana en comisión.
Ayer el ministerio de Economía aseguró que la iniciativa será presentada en las próximas horas en el Congreso. Prevé la creación de una sobre-alícuota del 15% del Impuesto a las Ganancias de Sociedades de Capital aplicable al ejercicio fiscal 2022 para empresas que registren una Ganancia Neta Imponible o Ganancia Contable superior a $1.000 millones.
La alícuota contemplará la Ganancia Neta Imponible que haya crecido en términos reales y que cumplan con un margen de ganancia (ganancia contable sobre sus ingresos) en 2022 superior al 10%, o un aumento del margen de ganancia en relación al 2021 de al menos 20%.
El objetivo del proyecto es alcanzar a las grandes empresas que incrementaron sus márgenes de ganancias por los efectos colaterales ocasionados por la guerra en materia económica, «algo transversal, a diferencia de otros países», aseguraron.
Desde Economía estimaron que con los precios internacionales actuales es posible que alrededor de 350 empresas se encuentren dentro de los parámetros contemplados en la iniciativa y, haciendo un calculo «conservador», consideraron que la recaudación por este concepto rondaría los US$ 1.000 millones.
Desde el Palacio de Hacienda remarcaron la motivación «redistributiva» de la iniciativa, con el objetivo de búsqueda de equidad entre los distintos sectores de la sociedad frente al shock externo que genera ganancias extraordinarias.
Ayer a la mañana, al participar de un encuentro organizado por la Asociación Empresaria de la Argentina (AEA), el ministro de Economía, Martín Guzmán, defendió el proyecto de ley y sostuvo que «no hay progreso si el crecimiento no es compartido» y que «este Gobierno es socio de quienes apuesten por el trabajo y la producción».
«La renta inesperada no es un nuevo impuesto; es una sobre-alícuota en un año de guerra que ha generado un gran problema distributivo en todo el mundo; el Estado tiene una responsabilidad en la construcción de reglas de juego para una sociedad que progrese; y no hay progreso si el crecimiento no es compartido», agregó.
Guzmán señaló que a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania «ha habido un shock que ha generado para ciertos sectores una renta que no tiene nada que ver con una mayor inversión sino que es producto del shock internacional, que al mismo tiempo le genera problemas a millones de personas».
Por su parte, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, sostuvo que el proyecto de ley «es para unas pocas empresas» y consideró «muy difícil ponerse en contra de que la renta que se genere se distribuya de manera más equitativa».
En declaraciones radiales, Heller aseguró que «la pandemia más la guerra han generado en el mundo, no sólo en Argentina, un agravamiento de la ya grave preexistente situación de acumulación en la distribución de la riqueza».
«Este impuesto es sobre una parte de este incremento; parece muy difícil ponerse en contra porque apunta a un reducidísimo número de empresas«, afirmó Heller, al abogar porque la renta que se genere «se distribuya de manera más equitativa».
Desde la oposición, el senador porteño Martín Lousteau criticó el proyecto del oficialismo al asegurar que «no tiene rigurosidad» y «solo tiene la intención de recaudar».
En declaraciones a radio Mitre, Lousteu anticipó de esta forma que no acompañará la iniciativa impulsada por el Gobierno. “El proyecto no tiene rigurosidad, no tiene ninguna comparación sincera con lo que está haciendo el mundo. Sólo tiene la intención de recaudar. La pregunta es recaudar para qué”, sostuvo el legislador.
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