Anacrónica resistencia a la evaluación




El Operativo Aprender en 4.000 escuelas de todo el país volvió a generar polémica en la región, donde los gremios docentes de Río Negro y Neuquén boicotearon su realización. Pese a todo, casi el 60% de los estudiantes primarios completaron la evaluación, lo que indica que al menos una parte del sistema educativo está comprendiendo la importancia de estos mecanismos para planificar políticas públicas que logren revertir su actual decadencia.

Los argumentos de los gremialistas para entorpecer el operativo fueron vagos e ideologizados. La principal objeción (sin plantear alternativas concretas) es que se evalúa a todos los chicos de la misma manera, sin tomar en cuenta particularidades regionales ni la complejidad del proceso. Otra fue una supuesta “intencionalidad política” de organismos internacionales que buscarían imponerle al país formas “neoliberales” de administrar la educación.

A esta altura las críticas resultan anacrónicas, porque casi todos los sistemas educativos del mundo, desde los más desarrollados a los más pobres y de todo signo político, hacen periódicamente pruebas estandarizadas en educación, con diversos objetivos. Las PISA, que se toman cada 3 años y desarrolla la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) comparan países diversos entre sí (de Asia, Europa y América Latina, Argentina entre ellos), se diseñan pensando en las habilidades que debiera tener un “estudiante global” tipo. Las ERCE, que organiza la Unesco, buscan contextualizar la evaluación y tienen en cuenta los currículos nacionales de los participantes y consensúan con los países las herramientas de evaluación para adaptarlas a cada uno. Después, cada país desarrolla evaluaciones propias, como las Aprender. Incluso hay distritos, como Córdoba, que aplican instrumentos provinciales específicos.

Es obvio que las pruebas estandarizadas no abarcan toda la complejidad del proceso educativo, especialmente en un país federal con disparidades geográficas y sociales como el nuestro. Pero lo mismo podría decirse de casi todos los sistemas muestrales que toma el Estado. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) tampoco contempla todas las variables de la inflación, ni la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y el criterio de ingresos da cuenta de la totalidad del fenómeno de la pobreza, que es multidimensional. Pero son una buena radiografía de la situación y los datos que aportan son claves para que el Estado pueda dimensionar los problemas a los que se enfrenta, que de otro modo serían resueltos “a ciegas”.

Este año el Operativo Aprender no fue censal, como en 2021, sino muestral (no abarcó a todas las escuelas) y se realizó apenas un año después porque buscaban tomar rápidamente el pulso a la enseñanza primaria para saber cómo repercutió el primer año de presencialidad plena (en 2021 el sistema fue híbrido) en saberes básicos como la fluidez en leer y escribir, comprender textos y resolver problemas matemáticos elementales de manera ágil. Las evaluaciones últimas, tras la pandemia, habían arrojado muy pobres resultados en lecto-escritura y estables, pero por debajo del nivel, en matemáticas, por lo cual el Gobierno desea saber cómo influyó el regreso a la presencialidad y la aplicación de programas que priorizaron esas áreas. Además, medir el impacto de planes como “Libros para aprender”, el aumento de becas de terminalidad educativa y la recuperación del plan Conectar Igualdad.

Los resultados se incorporan al Sistema Integrado de Consulta de Datos e Indicadores Educativos (Sicdie) accesible no sólo a gobiernos sino también a investigadores, que cruzan estos datos con variables como la región, la edad, el nivel socioeconómico y otros estudios cualitativos.

Es imperdonable que por vetustos prejuicios ideológicos y una aversión corporativa a evaluar desempeños se prive al Estado de un insumo clave para el diseño de políticas públicas, fundamentar la toma de decisiones y generar evidencias para enriquecer el debate en la sociedad sobre el sistema.


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