Atención a la discapacidad

El Gobierno atravesó una de sus semanas más convulsionadas desde lo político, en parte por la ofensiva opositora que buscó asestarle derrotas en uno de los pilares de la política económica: el equilibrio fiscal, ancla de su plan antiinflacionario. Sin embargo, en su defensa de la estabilidad económica, el oficialismo también comete errores no forzados al insistir en recortar gastos sin matices, en especial en un área tan sensible para la sociedad como el de la discapacidad.

Esta diferenciación fue notoria en la votación de la Cámara de Diputados: mientras el oficialismo logró sostener el veto al aumento jubilatorio (un reclamo justo pero de alto impacto fiscal), perdió por amplio margen en el caso de la “Emergencia por discapacidad”, donde aliados de la UCR, el PRO y hasta del propio sector libertario consideraron demasiado insistir en no financiar prestaciones mínimas para un sector muy vulnerable de la población y cuyo impacto en las cuentas públicas es menor al 1% del gasto esperado para este año.

Está acertado Javier Milei cuando considera a la férrea defensa de la disciplina presupuestaria como uno de sus principales activos políticos, especialmente porque todavía está fresco en el recuerdo de los votantes el impacto económico y social de la demagogia presupuestaria de la administración de Alberto Fernández, que llevó al país al borde de una hiperinflación. Pero pareciera que, a 600 días de iniciada su gestión, buena parte de la ciudadanía le está reclamando al presidente una sintonía más fina en lo microeconómico, o como señaló un consultor político, “reemplazar la motosierra por el bisturí”, sobre todo a sectores que merecen una atención especial por su fragilidad social.

También es correcto que el sector de discapacidad no es ajeno a irregularidades. Lo señaló el vocero presidencial Manuel Adorni, cuando reveló empadronamientos fraudulentos y el otorgamiento irregular de pensiones por clientelismo o favores políticos en algunas provincias, donde los índices de discapacidad superan al de países afectados por conflictos bélicos. Sin embargo, testimonios públicos de personas con discapacidad y sus familiares, algunos con situaciones dramáticas, han demostrado que el recorte de beneficios como pensiones, prestaciones médicas y medicamentos llegó a menudo indiscriminadamente y afectó a personas que probadamente los necesitaban, y con urgencia.

El Gobierno reaccionó tardíamente con propuestas de mejoras en el presupuesto del área, que no especificó. Quizás una actitud más flexible y una negociación a tiempo en el terreno parlamentario le hubiera evitado una derrota innecesaria.

Esta falta de cuidado se evidenció en varias encuestas de imagen, no sólo en lo mediático sino en terrenos donde La Libertad Avanza tiene su mayor fortaleza, como las redes sociales. Un trabajo reciente, de la firma espcializada AdHoc, reveló que en julio y agosto la Ley de Emergencia en Discapacidad fue el tema del que más se habló en la conversación digital sobre los vetos presidenciales, superando tanto a las de jubilaciones como a las de financiamiento universitario. La negatividad hacia el presidente por este tema llegó al 60%, e influyó para que la conversación digital negativa general sobre el presidente superar el 50% y sumara seis meses de deterioro.

A esta negatividad general se agregó sobre el fin de semana la denuncia sobre presuntas coimas a funcionarios por parte de droguerías que proveen de medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que generaron el despido del titular del área y una denuncia penal donde ya hubo 15 allanamientos.

Presuntos audios filtrados llevan la trama del caso hasta los más alto del poder, como la hermana y Secretaria General del presidente, Karina Milei. Y golpean otro de los activos más valiosos del Gobierno, como la promesa de transparencia y austeridad en el manejo de los fondos públicos y el castigo a la “casta política” y los “curros en el Estado” que los libertarios supuestamente venían a cortar de cuajo.

Sin dudas el saneo de las cuentas públicas y el recorte de gastos innecesarios sigue teniendo el apoyo mayoritario de la población, no así aquellos que hacen pagar los costos a los sectores más vulnerables que requieren la atención inmediata, efectiva y sobre todo transparente del Estado.