Audios y libertad de prensa

El gobierno de Javier Milei se enfrenta a un nuevo test electoral en la provincia de Buenos Aires, en uno de sus peores momentos políticos: denuncias de corrupción que no han tenido explicaciones convincentes, una serie de derrotas en el Congreso que muestran un debilitamiento de sus alianzas políticas y una turbulencia financiera que pone a prueba al plan económico. El clima de tensión parece haber activado los peores reflejos de la administración, que en los últimos días presentó iniciativas que representan serias amenazas para la libertad de prensa y de expresión en el país.

La excusa para este avance sobre el derecho a la información de los ciudadanos ha sido la difusión de audios, registrados aparentemente de forma ilegal, en donde en primer lugar el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad hace referencia a un presunto sistema de sobornos en las licitaciones de medicamentos para el área e implica a funcionarios de alto nivel en la trama, entre ellos la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei. Otros audios filtrados con posterioridad contienen charlas informales de la propia Karina sobre temas políticos, aparentemente en la Casa Rosada o en un despacho de la Cámara de Diputados.

La sola versión (nunca verificada) de que existirían unas 50 horas de nuevas grabaciones hizo que el Gobierno pidiera, y obtuviera en tiempo récord, una orden del juez federal Alejandro Maraniello para prohibir la difusión de los eventuales archivos aduciendo endebles razones de “seguridad nacional” y pidiendo incluso allanar a los periodistas que difundieron los audios. El vocero presidencial Manuel Adorni adujo que estas grabaciones “fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo” en un “ataque ilegal, planificado y dirigido”, sin aportar pruebas de sus dichos. La titular de Seguridad, Patricia Bullrich, fue aún más lejos e involucró a servicios secretos rusos y venezolanos en la maniobra, también sin brindar evidencia alguna de su denuncia.

La posibilidad de que se pueda censurar informaciones que aún no han sido publicadas activó de inmediato las alarmas de organizaciones de prensa, de defensa de derechos humanos y civiles y fuerzas políticas de todo el espectro político, incluyendo aliados del oficialismo.

Acertadamente, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), resaltó que la medida cautelar de Maraniello constituye censura previa y “es un nuevo ejemplo de órdenes estatales que limitan de modo ilegítimo la libertad de expresión y prensa” protegida por el artículo 14 de la Constitución Nacional, que expresamente rechaza que se prohíba de forma preventiva informaciones de posible interés público. Hacerlo “afecta el derecho de la ciudadanía a informarse y conocer hechos de relevancia que pueden -o no- influir en la formación de la opinión pública” y en la toma de decisiones ciudadanas como el voto.

Adepa recordó que la publicación de informaciones “sólo puede dar lugar a responsabilidades ulteriores y el Gobierno puede promover la sanción de los delitos que puedan haber dado lugar a la grabación de los audios” y también sancionar al o los funcionarios que hayan violado sus deberes de secreto de los asuntos de Estado.

Particularmente preocupante fue el pedido del juez (afortunadamente descartado por el fiscal) de allanar oficinas de medios o domicilios de periodistas. La legislación y la doctrina de la Corte Suprema protege especialmente la reserva de los papeles personales, herramientas de trabajo y las fuentes de información de los periodistas, ya que de otro modo sería imposible la investigación de actos oscuros del poder.

Ninguna persona confiaría en relatar hechos ilegales o de corrupción a un periodista si luego su nombre pudiera ser divulgado por orden de un juez o de una entidad administrativa. Casos como La Banelco, Los Panamá Papers, los Cuadernos de Centeno o la Ruta del Dinero K, por mencionar algunos en distintas gestiones, jamás hubieran salido a la luz.

Es probable que, como señala el oficialismo, los audios san antiguos y tengan intención de perjudicar electoralmente al Gobierno. Pero esa sospecha no puede impedir que la prensa investigue y divulgue información sobre posibles hechos de corrupción gravísimos, ni que la Justicia encuentre y castigue lo antes posible a los responsables de esos delitos.