Economía electoral
Los anuncios realizados recientemente por el ministro-candidato, Sergio Massa alteraron radicalmente la dinámica de su plan económico en busca de mejorar sus apoyos electorales. Las medidas sin dudas lo posicionaron en el centro del escenario político y tuvieron una relativa buena recepción en una población agobiada por la crisis, aunque sus efectos políticos podrían quedar neutralizados si no logra, como asegura, financiar con otras partidas esa quita de impuestos.
Abandonando el tono austero de la última negociación con el FMI, desde el resultado adverso de las primarias Massa lanzó más de 20 medidas. Las de mayor impacto fueron la exención casi por completo del impuesto a las Ganancias y la devolución del IVA a sectores de menores ingresos. A esta virtual reforma impositiva le sumó acuerdos de precios, bonos jubilatorios, suma fijas salariales, créditos subsidiados, eliminación de retenciones para economías regionales, la reactivación del PreViaje y el congelamiento de las tasas de interés. Hubo una suba del 22% de las transferencias discrecionales a las provincias, con Buenos Aires, su bastión electoral, como la gran beneficiada. Todas ellas tendrán importantes costos fiscales que aún no se sabe cómo se financiarán: si con ajustes del gasto en otras áreas o con mayor emisión monetaria, que alimentará la inflación futura.
Este hiperactivismo económico le valió a Massa recuperar protagonismo político, en un clima dominado durante semanas por el impacto del buen resultado del libertario Javier Milei en las PASO. Va en sintonía con la estrategia electoral del oficialismo: con Milei copando el escenario opositor ante un Juntos por el Cambio confundido y al que le cuesta encontrar el tono y el perfil de su campaña, el candidato de Unión por la Patria apuesta a consolidarse y crecer sobre la base de la polarización con el libertario, para la cual luce mejor preparado discursivamente y a captar votos de fuerzas minoritarias.
Por ahora, la mayoría de los analistas estiman que el efecto de las medidas ha sido más bien neutro y apuntan sobre todo a consolidar el voto propio, al mostrarlo como un Presidente en ejercicio de hecho, con iniciativa y capacidad de reacción. Previsiblemente, un 85% de sus partidarios las aprueba y un porcentaje similar de los opositores las rechaza. Entre los indecisos, no parece haber movido la aguja, ya que la cifra de inflación de agosto, récord en 30 años, neutralizó buena parte del efecto. Muchos entienden que son paliativos y no medidas de fondo y así las evalúa.
De esta forma, como señaló este diario, a 40 días del segundo acuerdo con el Fondo, el fogonazo inflacionario que generó la devaluación poselectoral ya licuó los beneficios que se esperaban de la medida (mejorar ingresos por exportaciones, bajar importaciones, disminuir la brecha cambiaria), mientras que el alza de alimentos y la canasta básica impactarán en los niveles de pobreza, que ya se calculan en un 43% para este semestre. Las acciones del Gobierno para compensar los efectos hacen casi imposible alcanzar las metas de déficit fiscal y le ponen más presión a la emisión monetaria, con lo cual el país quedó al borde del incumplimiento del programa, aumentando la fragilidad económica y estrechando el margen de acción en la futura negociación con el organismo.
Con el tipo de cambio oficial congelado hasta octubre y una inflación que no da señales de aminorar, pese al optimismo forzado del Gobierno, la mayoría de los consultores económicos y agencias de riesgo ya anticipan para noviembre una presión devaluatoria cercana al 55%, que de concretarse dispararía otro ciclo de suba acelerada de precios en el corto plazo.
A estas alturas parece claro que las medidas electoralistas no le alcanzarán al candidato de UP para ganar el terreno necesario. Sin un plan integral de estabilización, con reformas impositivas, monetarias, fiscales y laborales que tengan un piso mínimo de consenso político y logren generar expectativas positivas entre la población, será imposible frenar la negativa dinámica actual. También hay tarea para la conducta de la oposición que pide cambios, como fue con Ganancias, y luego recalculada también electoralmente.
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