Fracaso ante el narco
La crítica situación en Rosario, donde la violencia de grupos narcos está fuera de control, evidencia la incapacidad y la debilidad del Estado argentino ante el crimen organizado. Mientras se suceden asesinatos y balaceras, políticos en campaña comentan la realidad y se transfieren culpas, mientras las decisiones para una acción coordinada y eficaz contra el delito permanecen cajoneadas por disputas partidistas que paralizan las instituciones.
El debate se reactivó por la nueva escalada de violencia que sufre la tercera ciudad más poblada del país, donde el gobernador Omar Perotti echó a su ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, tercer funcionario del área que fracasa en revertir la crisis. Su salida se precipitó tras una ola de nueve ataques a tiros y con bombas molotov a edificios públicos, comercios y ocho asesinatos en apenas una semana. La provincia batió en 2022 el récord de homicidios, con 288 asesinatos.
Ante este angustiante panorama, el gobernador santafesino y el ministro de Seguridad Aníbal Fernández se enzarzaron en una áspera y estéril polémica sobre quién le tiene mayor responsabilidad por la inseguridad. La pelea, con claro tinte de interna peronista, se vio terciada por el reclamo del intendente radical de Rosario, Pablo Javkin, quien exigió la inmediata llegada de agentes y patrulleros para controlar los tiroteos, secuestros y extorsiones que, a plena luz del día y con total impunidad, mantienen aterrados a los vecinos. Javkin evalúa pelear por la Gobernación.
La precandidata del PRO, Patricia Bullrich, actualizó su idea de cambiar la Ley de Seguridad Interior y sacar al Ejército a las calles para que “acompañen” la lucha contra el narcocrimen. Idea remanida y cuestionada por los problemas que plantea de coordinación entre fuerzas, falta de formación de los agentes, de logística adecuada y potenciales violaciones a los derechos humanos. En México, la experiencia de militarizar territorios saturados por las redes narcos no bajó el tráfico y generó más problemas que los que pretendía resolver.
Un año sin respuestas a las 24 muertes por cocaína adulterada
En este contexto, el juicio político a la Corte Suprema que promueve el FdT y la disputa con JxC por el control del Consejo de la Magistratura, mantienen congelados los nombramientos de casi un tercio de los jueces y fiscales federales en Santa Fe, claves para investigar el narcotráfico. También frena la aplicación del nuevo Código Procesal Federal Penal en esa provincia, que con el sistema acusatorio pone a los fiscales al frente de las investigaciones y agiliza los procesos. Depende de una comisión bicameral del Congreso que no se ha reunido en todo el año.
El drama de Rosario no se soluciona solo enviando más gendarmes: es una de las ciudades que más cantidad de efectivos de seguridad por habitante tiene en el país, con más de 3.000 agentes federales. Hay evidencia de sociedades entre políticos, jueces y jefes de la policía provincial (ha tenido diez en sólo tres años) con las bandas, que al tráfico de droga han sumado el lavado, el juego ilegal, la extorsión, el contrabando y el sicariato. Una fiscal admitió que debido a la corrupción del Servicio Penitenciario “se cometen más delitos poniendo a los criminales presos”, porque manejan tranquilamente sus negocios desde los penales. Se suma lo social: el narco a menudo es la única salida laboral disponible y reemplaza al Estado en servicios y asistencia a los más pobres.
Rosario es el síntoma más violento de un problema regional. La Hidrovía, que atraviesa varias provincias, es una ruta de transporte clave. La droga llega tanto desde el conurbano bonaerense como desde Santiago del Estero, donde hay infinidad de pistas ilegales. Las poderosas armas de las bandas se trafican desde Paraguay, vía Triple Frontera.
La dramática realidad de Rosario debiera llevar a los dirigentes provinciales y de Nación a dejar mezquindades y cálculos electorales para comprometerse de una vez por todas en una estrategia federal, interpoderes y sostenida para combatir el narcotráfico en todas sus facetas: producción, tránsito, venta minorista, consumo y blanqueo de activos. De otra forma, la anomia y la violencia seguirán extendiéndose por el país.
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