Peligroso “relajo” estatal

La información de un derrame no controlado de líquidos industriales por parte de la planta Alpat muestra una vez más la laxitud de controles y la falta de presencia del Estado para proteger la salud de los habitantes en la zona costera de Río Negro.

La difusión de imágenes de un derrame de efluentes de la planta de la firma Alcalis de la Patagonia que se viralizaron por las redes sociales generó alerta en la comunidad de San Antonio, ya sensibilizada por los problemas para la salud de la población que ha generado desde hace años la demora en la remediación de terrenos contaminados con plomo y otros metales pesados y los problemas de la basura en su ejido municipal.

Pese a que desde la firma se dejó trascender escuetamente que “el agua volcada no tiene ningún residuo que pueda ser considerado nocivo para la salud de la población u otros seres vivos”, no hubo un pronunciamiento formal de la empresa; mientras que la respuesta estatal se reveló tarde. La Secretaría de Medio Ambiente admitió públicamente que había existido “un relajo” en la supervisión del impacto de las actividades en la planta y se escudaron en la falta de actualización del manual de auditoría ambiental, que estaría “en proceso de confección”.

También destacó que la última inspección de la planta se realizó hace más de un año, en forma “ocular” y sin toma de muestras. Una tardía inspección tras el revuelo mediático reveló fallas en las tareas de limpieza de los colectores de efluentes y se pidió anular el entubado que condujo el agua dulce que se derramó de las torres de enfriamiento.

Aunque no se dijo expresamente, varios conocedores de la realidad de la firma señalan que la verdadera razón de la laxitud del control provincial tiene que ver con la delicada situación financiera que vive la empresa desde hace años, agudizada por la crisis del Grupo Indalo, cuyos principales directivos están procesados por administración fraudulenta. Sin embargo, flaco favor estarían haciendo las autoridades si para supuestamente “proteger” la fuente de unos 450 empleos se pone en riesgo la salud de importante parte de la población y los recursos naturales del sector.

La bahía de San Antonio tiene características especiales desde el punto de vista ecológico, ya que es una zona de suma importancia para la reproducción, cría y alimentación de numerosas especies marinas, algunas de ellas claves para la industria pesquera. Además, según expertos, existe una baja tasa de renovación del agua de la bahía con el golfo San Matías, por lo que cualquier variación en las condiciones químicas de sus aguas causa riesgosas modificaciones a todo su ecosistema. Por este delicado equilibrio es que la provincia la declaró en 1993 Área Natural Protegida.

Por ello es preocupante la desidia mostrada por el gobierno provincial, ya que pone en duda la efectividad de la supervisión del impacto que tienen numerosos proyectos económicos que se realizan en esta zona de delicado equilibrio ecológico.

Esta misma semana se conoció la inquietud que hay entre vecinos de Las Grutas sobre un proyecto inmobiliario-turístico del gremio petrolero, que podrían afectar los acantilados de la zona costera. El sistema de edificios que podría albergar a unas 120 personas se ubica en un sector donde la circulación vehicular está restringida por el riesgo de ocasionar derrumbes.

La propia ciudad de Las Grutas enfrenta problemas de contaminación por el volcado de efluentes cloacales al mar, afectando a su costa más turística.

No se trata de generar falsas antinomias entre la industria, la conservación del medioambiente y las actividades turísticas y pesqueras, que dependen de su cuidado. Sin embargo, para que las actividades económicas coexistan con un entorno natural frágil es necesaria una presencia muy activa y eficaz del control del Estado, no un “relajo” amparado en supuestos beneficios económicos que terminan siendo ínfimos frente a los perjuicios ambientales que ocasionan.

Editorial