Educación: evaluar y recuperar

Mientras se confirmaba la buena noticia de un retorno de la mayoría de las escuelas rionegrinas y neuquinas a algún grado de presencialidad, un informe de la Unesco alertó sobre la enorme tarea que espera a los gobiernos para recuperar el sistema educativo: a consecuencia de la pandemia, un 70% de los alumnos de América Latina acumula un retraso de al menos un año en sus saberes y nuestro país no es la excepción.

Según el estudio, el principal factor del empeoramiento en el nivel educativo tiene que ver con la prolongada falta de presencialidad en 2020, donde los sistemas virtuales y a distancia mostraron enormes falencias, además de aumentar desigualdades que el sistema ya arrastraba. Por empezar, la brecha de conectividad y el acceso a internet, al que no han podido acceder casi el 40% de los hogares más pobres.

A eso se suman crecientes dificultades en los hogares para acompañar los procesos educativos de los chicos: la última encuesta nacional de Unicef sobre el impacto de la segunda ola en familias con niños/as y adolescentes reveló que un 38% atravesó inestabilidad laboral y un 56% sufrió reducción de ingresos. Un 6% tuvo que dejar la escuela (al menos 357.000 chicos) y casi un 20% no retornó este año. El propio ministerio Educación estira las cifras a casi un millón.

Entre las recomendaciones de Unesco para revertir la situación, figuran la realización de exámenes de diagnóstico (para definir los niveles de aprendizaje logrados en modalidades virtuales; áreas, materias y temas que necesitan refuerzo) y elaborar programas de re-vinculación escolar, clases extraescolares y residuales para intentar recuperar terreno.

A contramano de estos consejos, el gobierno nacional decidió suspender por segundo año las pruebas Aprender previstas este fin de año, ya postergadas de 2020 por la pandemia. Las razones esgrimidas son dificultades operativas para implementarlas por la realidad cambiante en las escuelas. Sin embargo, hay otros motivos de fondo: una disputa ideológica no saldada en la coalición de gobierno sobre la utilidad y necesidad de las pruebas estandarizadas. Buena parte de sus referentes educativos y en los gremios docentes las consideran instrumentos “tecnocráticos y estigmatizantes” neoliberales que sólo sirven como “instrumento de selección” con criterios empresariales y para desmantelar la escuela pública. Por eso, las evaluaciones del ministerio este año consistieron en consultas y entrevistas con directivos, expertos, docentes y familiares “referentes” del sistema. Pero se dejó afuera a los estudiantes, protagonistas del sistema.

Esta discusión ignora una realidad global: todos los países de la OCDE (los ricos y de ingresos medios) y la propia Unesco desarrollan desde hace más de 20 años evaluaciones estandarizadas para medir competencias educativas y realizar estudios comparativos entre regiones y distintos niveles. Las propias pruebas Aprender, aun con falencias, en 2019 ya habían revelado niveles de rendimiento educativo por debajo de lo esperado y fuertes disparidades geográficas intraprovinciales (urbanas y rurales), sociales, y entre sectores público y privado. Quizás lo que más preocupe al gobierno, tan poco afecto a las estadísticas independientes, es que se se divulguen cifras muy negativas sobre el estado del sistema educativo en un año electoral.

No se trata de hacer una defensa cerrada de las pruebas Aprender, que pueden tener objeciones metodológicas y ser perfectibles, como cualquier instrumento. Sin embargo, el Gobierno no puede renunciar a esta altura del año a disponer de algún instrumento certero que mida dónde estamos parados en materia educativa en los sectores nacional, provincial y municipal en sus distinos niveles. De otro modo, el país seguirá enfrentando las negativas consecuencias de la pandemia en la niñez y adolescencia con medidas improvisadas, a menudo contradictorias y carentes de planificación, como ha ocurrido en buena parte de los últimos años.


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