El 24 de marzo

La Iglesia Católica, una entidad de derecho público en la Argentina, entregó en estos días a la prensa una declaración de los obispos en la que dice que el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 «fue consentido por parte de la dirigencia de aquellos momentos» y que este 30 aniversario es «una ocasión propicia para que los argentinos nos arrepintamos una vez más de nuestros errores».

Se refiere así el texto, en una parte, a aquellos que apoyaron el golpe, pero omite mencionar a los jerarcas eclesiásticos de entonces, quienes, con honrosas excepciones, ocuparon un lugar inocultable junto a los golpistas. En la otra parte propicia un arrepentimiento general, con lo cual quiere meterse en la misma bolsa con ciudadanos incautos y/o de buena intención que vieron en aquella nueva irrupción militar en la Casa Rosada un remedio para la degradación moral y material en la que había caído el país con el gobierno «constitucional» de entonces.

Para decirlo con más claridad: la Iglesia, con consentimiento vaticano, estuvo en la bolsa «vip» del establishment de entonces, codo a codo con políticos tradicionales, grandes empresarios, sindicalistas y otros personajes que continuaron consintiendo o tolerando la matanza con un silencio cómplice cuando ya no se la podía ignorar.

El golpe no tuvo oposición. No faltaron siquiera partidos de izquierda que quisieron ver en Jorge Rafael Videla al líder de un ala democrática de los uniformados, ni organizaciones guerrilleras que celebraron la caída del régimen civil, porque así desaparecía un molesto obstáculo para enfrentar militarmente, con sus «ejércitos», a las Fuerzas Armadas.

También debe tener un lugarcito en esa bolsa el gobernador neuquino. Jorge Sobisch, en marzo del 76, pudo ser uno de los incautos que creyeron en las virtudes del Proceso de Reorganización Nacional. Pero en setiembre de 1979, ya con 35 años, cuando formó parte del sonriente elenco que dialogó con Videla en Neuquén para hablar de banalidades en medio del genocidio, no se podía ser un ingenuo, convencido de que los desaparecidos habían migrado a otros países donde se daban la gran vida. Sobisch dijo, para exculparse, que el régimen militar le había ofrecido el cargo de intendente de la capital provincial y que lo rechazó, pero no se preguntó por qué lo habían considerado apto para ejercerlo.

No era esa, además, la primera vez que el Movimiento Popular Neuquino aceptaba la subordinación de la Constitución a los objetivos trazados por militares sediciosos. Venía con ese vicio desde su fundación, motivada por la decisión de eludir la proscripción del peronismo, y acentuado cuando formó parte de la dictadura de Juan Carlos Onganía.

Si bien después de la democratización dos gobiernos, ambos radicales, no duraron todo el tiempo que la Constitución prescribía, la Argentina no ha tenido, desde entonces, golpes de estado al estilo clásico, protagonizados por los militares. Después de los producidos el 6 de setiembre de 1930 (que inauguró la serie), el 4 de junio de 1943 (tenido como un «olímpico episodio de la historia» según una marcha militar de entonces), el 16 de setiembre de 1955 (autodenominado «Revolución Libertadora»), el 28 de junio de 1966 (que instaló por siete años a otra pretendida revolución que prefirió llamarse «Argentina»), y el último, llevamos tres décadas sin ruido de sables. Pero los golpistas, sin embargo, no han dejado de existir y, por lo tanto, nadie que esté en su sano juicio puede creer que, a raíz de las cruentas experiencias sufridas a lo largo de medio siglo, nuestro país se ha impregnado de un espíritu anglosajón que impedirá cualquier otro intento de derrocar a un gobierno constitucional.

El 10 de diciembre pasado la renacida democracia argentina cumplió 22 años. Nunca, desde que se comenzó a aplicar la ley Sáenz Peña del voto universal, secreto y obligatorio, duró tanto. El fenómeno es alentador, como lo es también que los máximos responsables del genocidio hayan sido llevados a juicio y condenados. En eso, la Argentina sobresale entre los países del Cono Sur latinoamericano, uno de los cuales, Chile, a más de 30 años del golpe que acabó con el gobierno de Salvador Allende todavía no ha podido condenar a Augusto Pinochet, ni por criminal ni por ladrón.

Nuestra democracia sigue siendo, sin embargo, frágil. Los militares, aun aquellos que recuerdan con nostalgia sus «glorias» pasadas, no piensan ni por asomo en nuevas aventuras después de la tragedia que desataron. Pero el comportamiento de los políticos, estén en el gobierno o en la oposición, trasmite de modo constante la sensación de que estamos, siempre, en las vísperas de una catástrofe. El motivo puede ser el Consejo de la Magistratura, el alza de los precios o el feriado del 24 de marzo. El debate es la sustancia de una democracia republicana, pero deja de serlo cuando sus protagonistas parecen trogloditas dispuestos a devorarse unos a otros. No se trata de que el país se convierta en el reino del amor, sino de que sea, definitivamente, el reino de la Constitución.