El ajuste por venir
En última instancia, el poder adquisitivo de los asalariados depende de la marcha del sector económico en que trabajan, no de la presunta buena voluntad del gobierno nacional o la presión sindical, pero sucede que tanto los políticos como los sindicalistas quieren hacer pensar que se debe a su propia generosidad o militancia, razón por la que todos los años se celebran paritarias en que supuestamente se deciden los ingresos de la mayoría de los incluidos en la economía formal. Y, como suele suceder, quienes esperan participar de las paritarias del 2012 ya han comenzado a hablar de porcentajes. Parecería que en esta ocasión el gobierno quisiera limitar los aumentos al 18%, una pretensión que, desde luego, indigna al jefe de la CGT, Hugo Moyano, que ha afirmado que si hay topes no valdría la pena negociar sin discutir antes temas como la inflación, el mínimo no imponible, las asignaciones familiares, el salario mínimo y muchos otros asuntos que el gobierno preferiría pasar por alto. Mientras tanto, los empresarios, a través de la Unión Industrial Argentina y otras organizaciones, insisten en que el 10% sería más que suficiente, respaldando así la postura atribuida al gobierno si bien con toda seguridad entienden que ningún sindicalista que se precie estará dispuesto a resignarse a un aumento tan magro. Los motivos por los que el equipo económico de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha asumido una actitud que, desde el punto de vista de los sindicatos, es bastante mezquina no constituyen un misterio. Sus integrantes saben que la “inflación de supermercado”, es decir, la real, es mucho más alta que la detectada por el Indec intervenido de Guillermo Moreno, que es inferior al 10% anual, y les alarma la posibilidad de que acelere, impulsada por una puja salarial descontrolada, en el transcurso de los años próximos. También saben que la Argentina se vería afectada si, como muchos prevén, la economía internacional recayera en recesión: la baja experimentada últimamente por el precio de la soja le ha servido de advertencia de lo que podría ocurrir. Asimismo, tendrá que preocuparlos la pérdida de “competitividad” de la moneda –el “atraso cambiario” al que aluden con frecuencia creciente los empresarios– como resultado del aumento constante de los costos internos. Puesto que ya no cabe duda de que Cristina seguirá en el poder después de diciembre y sus colaboradores confían en que el temor a que haya decidido intentar aplicar un “ajuste” no incidirá de forma negativa en el resultado de las elecciones del 23 de octubre, han optado por apostar a cierta austeridad, de ahí las señales que están emitiendo. A diferencia de otros países de la región que han crecido mucho merced a sus propios esfuerzos y al “viento de cola” aportado por las compras chinas, la Argentina ha permitido que la tasa de inflación alcance un nivel peligroso. Para el gobierno brasileño, y el chino, las consecuencias económicas y sociales de procurar convivir por mucho tiempo con una tasa anual de inflación superior al 6% anual serían tan malas que se han sentido obligados a tomar medidas para frenarla, pero hasta ahora el nuestro se ha negado a hacer lo mismo, acaso porque su indiferencia aparente no le ha supuesto costos políticos significantes. Con todo, parecería que, a partir de aquellas primarias triunfales de agosto, el gobierno ha llegado a la conclusión de que no le convendría en absoluto continuar tratando la inflación como si fuera un mero invento opositor y por lo tanto está preparado para arriesgarse desafiando a los sindicalistas que no pueden sino reclamar aumentos que, de tomarse en serio los números confeccionados por el Indec, serían absurdamente exagerados pero que en una economía en la que el costo de vida sube a un ritmo de aproximadamente el 25% anual no lo son en absoluto. Así, pues, a menos que se imponga el criterio de Moyano según el que no tendría sentido celebrar paritarias con topes, en las negociaciones salariales el gobierno procurará asegurar que el capital político de Cristina, procedente del voto popular, resulte ser suficiente como para permitirle hacer frente a la resistencia comprensible de los empleados sindicalizados a que se reduzca, aunque sólo fuera por algunos meses, el poder de compra de sus ingresos.
En última instancia, el poder adquisitivo de los asalariados depende de la marcha del sector económico en que trabajan, no de la presunta buena voluntad del gobierno nacional o la presión sindical, pero sucede que tanto los políticos como los sindicalistas quieren hacer pensar que se debe a su propia generosidad o militancia, razón por la que todos los años se celebran paritarias en que supuestamente se deciden los ingresos de la mayoría de los incluidos en la economía formal. Y, como suele suceder, quienes esperan participar de las paritarias del 2012 ya han comenzado a hablar de porcentajes. Parecería que en esta ocasión el gobierno quisiera limitar los aumentos al 18%, una pretensión que, desde luego, indigna al jefe de la CGT, Hugo Moyano, que ha afirmado que si hay topes no valdría la pena negociar sin discutir antes temas como la inflación, el mínimo no imponible, las asignaciones familiares, el salario mínimo y muchos otros asuntos que el gobierno preferiría pasar por alto. Mientras tanto, los empresarios, a través de la Unión Industrial Argentina y otras organizaciones, insisten en que el 10% sería más que suficiente, respaldando así la postura atribuida al gobierno si bien con toda seguridad entienden que ningún sindicalista que se precie estará dispuesto a resignarse a un aumento tan magro. Los motivos por los que el equipo económico de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha asumido una actitud que, desde el punto de vista de los sindicatos, es bastante mezquina no constituyen un misterio. Sus integrantes saben que la “inflación de supermercado”, es decir, la real, es mucho más alta que la detectada por el Indec intervenido de Guillermo Moreno, que es inferior al 10% anual, y les alarma la posibilidad de que acelere, impulsada por una puja salarial descontrolada, en el transcurso de los años próximos. También saben que la Argentina se vería afectada si, como muchos prevén, la economía internacional recayera en recesión: la baja experimentada últimamente por el precio de la soja le ha servido de advertencia de lo que podría ocurrir. Asimismo, tendrá que preocuparlos la pérdida de “competitividad” de la moneda –el “atraso cambiario” al que aluden con frecuencia creciente los empresarios– como resultado del aumento constante de los costos internos. Puesto que ya no cabe duda de que Cristina seguirá en el poder después de diciembre y sus colaboradores confían en que el temor a que haya decidido intentar aplicar un “ajuste” no incidirá de forma negativa en el resultado de las elecciones del 23 de octubre, han optado por apostar a cierta austeridad, de ahí las señales que están emitiendo. A diferencia de otros países de la región que han crecido mucho merced a sus propios esfuerzos y al “viento de cola” aportado por las compras chinas, la Argentina ha permitido que la tasa de inflación alcance un nivel peligroso. Para el gobierno brasileño, y el chino, las consecuencias económicas y sociales de procurar convivir por mucho tiempo con una tasa anual de inflación superior al 6% anual serían tan malas que se han sentido obligados a tomar medidas para frenarla, pero hasta ahora el nuestro se ha negado a hacer lo mismo, acaso porque su indiferencia aparente no le ha supuesto costos políticos significantes. Con todo, parecería que, a partir de aquellas primarias triunfales de agosto, el gobierno ha llegado a la conclusión de que no le convendría en absoluto continuar tratando la inflación como si fuera un mero invento opositor y por lo tanto está preparado para arriesgarse desafiando a los sindicalistas que no pueden sino reclamar aumentos que, de tomarse en serio los números confeccionados por el Indec, serían absurdamente exagerados pero que en una economía en la que el costo de vida sube a un ritmo de aproximadamente el 25% anual no lo son en absoluto. Así, pues, a menos que se imponga el criterio de Moyano según el que no tendría sentido celebrar paritarias con topes, en las negociaciones salariales el gobierno procurará asegurar que el capital político de Cristina, procedente del voto popular, resulte ser suficiente como para permitirle hacer frente a la resistencia comprensible de los empleados sindicalizados a que se reduzca, aunque sólo fuera por algunos meses, el poder de compra de sus ingresos.
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