El campo neuquino contra la expropiación de Vicentin
Tres entidades agrarias de la provincia y la cámara de comercio de Junín de los Andes emitieron un duro documento sobre lo que consideran una incertidumbre para desarrollar sus actividades.
El sábado hubo un banderazo contra la medida nacional. Foto SRN
Tres entidades agrarias y una comercial de la provincia de Neuquén expresaron su preocupación por la decisión del presidente Alberto Fernández en relación con la cerealera Vicentin.
La Sociedad Rural del Neuquén, la Sociedad Rural del Noroeste Neuquino, la Cámara de la Industria Cárnica de Neuquén y la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y afines de Junín de los Andes, emitieron un documento contra “los embates contra el sector privado de nuestro país por parte del Poder Ejecutivo Nacional”.
Las gestiones en curso del Presidente de la Nación, actuando bajo el amparo de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), “representan una amenaza hacia los derechos y garantías consagradas en la Constitución Nacional”, dijeron.
Agregaron que estas acciones, y en especial la intención de expropiación y toma de poder en empresas privadas, hoy del agro, pero sin límite de rubros: atentan contra la libertad de acción e injerencia del Poder Judicial en temas que le competen exclusivamente.
También advirtieron que “ponen en duda las garantías constitucionales de las empresas privadas y afectan los marcos regulatorios de los negocios”, y “alejan y frenan cualquier intención de inversión, interna o externa, tan necesaria en un contexto mundial y de país donde la reactivación económica y la generación de empleo es y ha sido siempre la única forma de crecimiento verdadero de una nación”.
También expresaron que “enfrentan al país a erogar fondos provenientes del esfuerzo tributario de los ciudadanos y empresas contribuyentes, para mantener empresas ineficientes, sobredimensionadas, retituladas “Empresas Estatales salvadas» que solamente generan déficit y competencia desleal con sus pares privadas, de las que ya hay varios ejemplos”.
Por estos motivos llamaron a la reflexión a los representantes de los tres poderes del Estado “a que desempeñen sus funciones con responsabilidad y logren interponerse ante la ejecución de este tipo de proyectos”
Razonaron que como actividad privada requieren de un país estable, de reglas claras, de garantías constitucionales y libertad de trabajo para poder continuar con su dinámica sin el peso de la incertidumbre de las decisiones de nuestros dirigentes.
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