El caso Atahualpa y el riesgo de quedar impune

VIEDMA

Cada vez son menos las esperanzas de llegar a la verdad en el homicidio de Atahualpa Martínez, a quién le disparó en la espalda y a los que trasladaron el cuerpo de ese robusto muchacho de 80 kilos, hasta la vera de la solitaria calle donde fue encontrado sin vida.

Pocas son las expectativas porque si lo reunido hasta el juicio fue anulado con la reciente sentencia cabe preguntarse ¿qué elementos nuevos podrá sumar el fiscal que deba reiniciar esta investigación después de seis años de ocurrido el hecho?

Entre otras pruebas descartadas, el fallo leído el jueves anuló el allanamiento realizado a los pocos días del asesinato en la casa de Felipe Carrasco, donde fueron secuestrados distintos elementos, entre ellos una campera en la que fue detectada una mancha de sangre con ADN de Atahualpa en un porcentaje mayoritario mezclado con otro perfil genético minoritario que no descartó que perteneciera a Morales Toledo. Para el Tribunal -Juan Bernardi, Eduardo Roumec y Rolando Gaitán- «ese informe científico no concluye que el aportante minoritario sea Morales Toledo. Sólo es indubitable que no lo excluye». Agregó que ese ADN menor en la mezcla con el de la víctima pudo ser del imputado absuelto pero también de otra persona.

Ese informe de laboratorio fue incorporado a la investigación a los cuatro años de iniciada, generando las detenciones y procesamientos de los tres imputados, teniendo en cuenta que la campera en cuestión pertenecía a Morales Toledo y fue secuestrada de la vivienda de Carrasco. Los domicilios de ambos habían sido allanados y en ese entonces con el primero vivía Belén Barrientos que corrió la misma suerte de ambos pero con detención domiciliaria por tener hijos pequeños.

Esa campera con la mancha de sangre de Atahualpa fue la prueba más importante en la que se basó el Fiscal de Cámara, Fabricio Brogna, para fundar su pedido de condena contra los imputados pero para el Tribunal no generó ni dudas. Lo llamativo es que esa prueba fue también la que generó que la fiscal Daniela Zágari que estuvo a cargo de la investigación pidiera las detenciones que el entonces juez penal Carlos Reussi ordenó para luego procesar y dictar las preventivas a los imputados, medidas que luego fueron confirmadas por los jueces de la Sala «B» de la Cámara del Crimen de Viedma. Es decir, hubo más de un control sobre lo realizado no sólo por la fiscal sino también por el juez de Instrucción y una expresa mención a los allanamientos realizados que en esa instancia superior no fueron objetados.

Con el fallo absolutorio para los tres imputados -que además significa que no podrán ser juzgados por el mismo hecho- se abre una nueva etapa con pocas esperanzas que el crimen de otro joven rionegrino no quede impune.