El Consejo de la Magistratura con temas pendientes

Debe resolver la designación de un nuevo juez Civil, Comercial y de Minería para Viedma.



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Ricardo Apcarian estará al frente del Consejo.(Foto: Marcelo Ochoa )

El Consejo de la Magistratura con temas pendientes

En el retorno a la actividad habitual, el Consejo de la Magistratura que este año estará presidido por el juez del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Apcarian, deberá resolver una serie de cuestiones pendientes. Entre ellas una situación inédita ocurrida en el marco del concurso para cubrir la designación de un nuevo juez Civil, Comercial y de Minería en esta primera circunscripción judicial y a la que sólo le falta la entrevista personal con los integrantes de ese organismo.

Varios son los postulantes para cubrir esa vacante. La mayoría actuales funcionarios judiciales. Sólo uno de los aspirantes - Leandro Oyola, abogado y profesor de letras- ejerce la profesión en el ámbito privado aunque conoce el funcionamiento de un juzgado civil por haber trabajado durante 10 años en uno de ellos, aquí en Viedma.

En pleno proceso del concurso, aún no definido, Oyola presentó una denuncia penal para que se investigara la publicación de un aviso en un diario local con su foto y un texto que señaló “felicitaciones al nuevo juez civil Leandro Oyola, no pensamos que tan rápido ibas a llegar tan lejos, mérito a tu ética”. Ante esta publicación y el concurso en marcha en el que se encontraba generaron la presentación de la denuncia penal el 18 de noviembre pasado por el daño a su imagen e integridad como persona, el honor y sus derechos personalísimos que consideró Oyola le provocó el contenido del aviso en cuestión.

La investigación determinó que la publicación fue contratada por un hombre de apellido Balogh que resultó ser el esposo de la defensora de Pobres y Ausentes adjunta, María Eugenia Mazzei, quien también se postula para el cargo de juez civil. Además se determinó que el marido contratante del aviso pidió una factura a nombre del Colegio de Abogados de Viedma. Finalizada la investigación, el fiscal Pedro Puntel consideró que el hecho denunciado no configura un delito penal.

No obstante, el funcionario informó sobre el tema a la Defensora General de Río Negro, Rita Custet Llambí, por depender de ella la defensora adjunta Mazzei, quien compite por el cargo de juez civil con el denunciante.


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