El desafío narco

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La experiencia de México, donde la “guerra sucia” que están librando bandas criminales contra fuerzas presuntamente leales al Estado ha resultado ser mucho más cruel y sanguinaria que la que sufrió la Argentina hace cuarenta años al decidir los militares, con el apoyo de muchos políticos, eliminar el terrorismo por los medios que fueran, debería servirnos de advertencia sobre lo que podría suceder si los narcotraficantes adquieren demasiado poder. Aunque la mayoría parece convencida de que no se trata de un peligro inmediato, ya que se ha acostumbrado a la idea de que la Argentina sólo sea un “país de tránsito” de drogas, no de consumo y producción, algunos que, es de suponer, disponen de más información creen que el desafío planteado por el crimen organizado ya ha cobrado dimensiones alarmantes. Según el titular de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, “diversas estructuras del Estado” se han visto infectadas por las mafias que manejan el narcotráfico y la trata de personas, pero, lo mismo que tantos otros que se sienten preocupados por el poder creciente de las organizaciones delictivas, no nombró a los funcionarios que en su opinión “tienen dinero manchado con sangre”. Tanta cautela puede entenderse, puesto que para acusar a personas determinadas de complicidad con el narcotráfico y otros delitos el obispo tendría que contar con mucha evidencia concreta y, de todos modos, la Iglesia Católica no quiere agitar todavía más las ya tormentosas aguas políticas, pero la verdad es que limitarse a generalidades alarmantes no ayuda mucho. Por el contrario, podría hacer aún más difíciles los esfuerzos de los resueltos a librarnos del flagelo. Lo mismo que las denuncias explosivas que produce casi a diario la diputada Elisa Carrió, advertencias como las formuladas por Lozano contribuyen a brindar la impresión de que la Argentina ya es un “narco-Estado” y que virtualmente todos los dirigentes políticos, además de los jefes policiales, los jueces y muchos otros, están vinculados de un modo u otro con bandas de delincuentes. Si bien lo que quieren quienes hablan así es movilizar a la sociedad para que cierre filas en defensa del bienestar de sus integrantes, de difundirse la sospecha de que los narcotraficantes ya han ganado, muchos se sentirían tentados a pactar con ellos por suponer que intentar combatirlos sería suicida. Es lo que ha sucedido en México, donde, según se informa, muchos políticos, jefes policiales y magistrados se han vendido a las mafias que trafican drogas, acaso por creer que, dadas las circunstancias, no tenían más alternativa que la de adaptarse al statu quo. Cuando pocos confían en la honestidad de los gobernantes, los funcionarios, la policía y, desde luego, los jueces, es natural, si bien lamentable, que muchos opten por procurar congraciarse con los que a su entender son los dueños auténticos del poder. Después de todo, como sabemos muy bien, en países como el nuestro abundan las personas que, a la hora de votar, privilegian sus propios intereses inmediatos por encima de la presunta catadura moral de los candidatos, razón por la que las acusaciones más escandalosas apenas inciden en los resultados electorales. Antes bien, sirven para convencer a los ya escépticos de que en el fondo todos los políticos son iguales y que sería inútil discriminar a favor de los que se afirman honestos. Por ser la Argentina un país muy corrupto, no le será nada fácil impedir que los narcotraficantes y otros delincuentes sigan colonizando “diversas estructuras del Estado”, de tal modo desarmándolo para que pierda la capacidad de reaccionar con el vigor necesario. Por lo demás, el clima político se ha hecho tan tóxico últimamente que es escasa la posibilidad de que, en los meses próximos, oficialistas y opositores colaboren en una eventual lucha frontal contra la amenaza. A menos que lo hagan, empero, quienes sucedan a los kirchneristas encontrarán en “la herencia” no sólo una crisis económica gravísima sino también los problemas planteados por la presencia en el Estado de mafias asesinas. Por lo tanto, tendrían que hacer frente a un “poder concentrado” mucho más peligroso que los habitualmente denunciados por los kirchneristas, uno que, para defender sus intereses, no vacilaría en cometer atrocidades parecidas a las que día tras día horrorizan a los mexicanos.

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