El Estado deberá indemnizar a un guardia

CÓRDOBA (Télam).- El Estado cordobés fue condenado a indemnizar con cerca de medio millón de pesos a un guardiacárcel por los tormentos físicos y psicológicos que padeció al ser vejado durante el motín registrado en el año 2005 en la penitenciaría de la ciudad de Córdoba, en el que murieron ocho personas.

El resarcimiento económico fue dispuesto por la Cámara Cuarta del Trabajo de Córdoba, que condenó al Estado provincial a indemnizar al efectivo penitenciario.

El motín se inició en el penal situado en el barrio San Martín el 10 de febrero del 2005 y culminó con ocho personas muertas: el policía Roberto Cogote, los guardiacárceles Andrés Abregú y Pablo Ferreyra, y los presos Walter Romero, Juan Gabriel Rivarola, Miguel Ángel Acuña, Víctor Alejandro Bazán y Roberto David Álvarez.

Los reclusos ganaron gran parte del penal, coparon el casino de oficiales y la sala de armas, tomaron fusiles, ametralladoras automáticas MK3 y pistolas 9 milímetros, además de varias armas de fabricación casera.

El entonces director de la cárcel, Daniel Corso, intentó interceder y terminó como rehén, al igual que el vicedirector, Francisco Toledo, quienes fueron liberados después de 23 horas de cautiverio.

El demandante al que se otorga la indemnización, citado por sus iniciales A.M.C., reclamó una reparación integral por daño moral y lucro cesante al haber sufrido «inimaginables torturas físicas y terribles tormentos psíquicos y morales, durante dos días». Recuerda el fallo que el demandante argumentó que en esas horas, recibió «patadas, golpes, especialmente en la cara y en los genitales», y que «lo hicieron agachar para procurar introducirle un palo en el ano, o tratar de violarlo».

Esas situaciones dejaron secuelas psíquicas y orgánicas en el trabajador del Servicio Penitenciario, que padece de sobresaltos, pesadillas, descomposturas, cefaleas y angustia, entre otros trastornos, según se deja asentado en el fallo judicial.

En el juicio realizado por el motín, testimoniaron agentes penitenciarios, médicos y especialistas que trataron a numerosos otros afectados por los incidentes, lo que para el tribunal demostró la validez del reclamo del guardiacárcel y la responsabilidad del Estado como autoridad superior del accionante.

El resarcimiento para el demandante fue fijado en 476.771,10 pesos, a lo que se suman alrededor de 85.000 pesos en honorarios.

Este es el primer caso de demanda que termina con sentencia, ya que otras acciones similares se arreglaron por acuerdos en la etapa de conciliación.