“El FpV no mide todo con la misma vara”



Lamentablemente el Frente para la Victoria de Río Negro parece no haber entendido la responsabilidad del ejercicio del gobierno democrático en la provincia y aun antes de asumir ya está anunciando medidas que van contra la decisión que la sociedad rionegrina, esa misma que lo eligió el pasado 25 de septiembre, expresó con su voto. Lo más lamentable es que en vez de hacer honor al sentido democrático de nuestra sociedad, que los llevó a ser gobierno después de 28 años, hayan adoptado la decisión de iniciar una verdadera “caza de brujas” contra representantes del actual Poder Ejecutivo. Pero más lamentable aún es que en el uso de las herramientas y mayorías legislativas que poseerá desde el 10 de diciembre, el Frente para la Victoria pretende sólo involucrar o generar acciones directas sobre representantes de nuestro partido, “olvidándose” de la existencia de varios representantes del Frente para la Victoria que se encuentran en similar situación en lo que a la Justicia se refiere, con causas abiertas, algunos imputados, otros procesados o con juicios en marcha. Pero poco se oye de esos casos. Entonces, vale preguntarse: ¿se medirá con la misma vara a los representantes electos del radicalismo y a los del Frente para la Victoria? El caso más emblemático, si se quiere, es el del propio gobernador electo, Carlos Soria, quien se encuentra imputado en la causa por el encubrimiento a la investigación trucha del juez Galeano en la causa AMIA, cuando integró la comisión bicameral del seguimiento de los atentados contra las sedes judías en Argentina. En tanto, también se encuentra imputado el legislador electo Carlos Vazzana, por la investigación sobre una supuesta defraudación a la comuna de Villa Regina. Precisamente en esa misma causa el intendente de Villa Regina, Luis Albrieu, tiene pendiente un pedido de desafuero en el marco de la investigación que pesa sobre él y sus colaboradores por el delito de defraudación contra fondos de la comuna por adjudicar una obra a una empresa de su ciudad donde la diferencia entre el presupuesto y la oferta del único oferente era de casi 1,3 millones de más. Tanto Albrieu como Vazzana se ampararon en sus fueros para evitar comparecer ante la Justicia. Más grave aún es la situación del intendente electo de Bariloche, Omar Goye, quien se encuentra procesado en la causa Arbos, en la que la Justicia Federal investiga por una presunta estafa de dos millones de dólares. A esta lista se debe sumar también al reelecto intendente de Mainqué, Miguel Petricio, en juicio desde el 2009 por los delitos de “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas y peculado”. A pesar de ello, luego de 15 de meses de juicio el Superior Tribunal de Justicia debió pedir el desafuero del intendente, decisión de la cual depende que el proceso penal siga adelante o quede en la nada. No podemos permitir que se siga menoscabando la figura de nuestros representantes pero, sobre todas las cosas, queremos llevarles la verdad a todos los rionegrinos, esa verdad que muchas veces se da a conocer a medias. Héctor Hugo Funes Intendente de Chimpay Legislador provincial electo

Héctor Hugo Funes Intendente de Chimpay Legislador provincial electo


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