El gobernador, el ministro, la vocal propuesta y la independencia judicial

Richard Trincheri (*)

Una de las garantías más importantes de la ciudadanía es la independencia del Poder Judicial. ¿Para qué sirve? Lo más importante que posibilita su existencia es que los magistrados sean imparciales al resolver los casos y para ello es necesario que, además de la independencia interna, no existan intromisiones de poderes externos (políticos, económicos, mediáticos). Por estos días se publicaron tres noticias cuyo contenido permite, cada una con su alcance, advertir una clara mengua al respeto por la independencia del Poder Judicial. En principio, las declaraciones del señor gobernador aludiendo a que cuatrocientos de los dos mil millones de pesos de déficit de la Provincia se deben a la asistencia al Poder Judicial por fuera de lo que le corresponde a la Justicia por la ley de autarquía. No se dice que no había otra posibilidad de afrontar el pago del aumento (no contemplado en el presupuesto en ejercicio, que representa el 5% del presupuesto general provincial) porque la “autarquía” es letra muerta dado que sigue intacto el mismo porcentaje (18% del ingreso de la Provincia por regalías) desde 1992. Se incumple el artículo 240 de la Constitución provincial, que sostiene la atribución del Poder Judicial de proponer su presupuesto, “que será suficiente y adecuado a las necesidades de la administración de justicia y que no podrá ser vetado total ni parcialmente”. Seguidamente el señor ministro de Seguridad, opinando sobre la aplicación del nuevo Código Procesal, elogia la coordinación entre Policía y Fiscalía pero afirma que se requiere también que los jueces que interpretan la ley lo hagan “teniendo en cuenta la realidad social que estamos viviendo” y que se habría propuesto al Tribunal Superior de Justicia trabajar en políticas públicas donde los tres poderes puedan unificar criterios sobre cuál es la política criminal que se persigue. Aunque expresamente sostenga lo contrario, está atentando contra la independencia de los magistrados, porque una cuestión es coordinar acciones entre los poderes y otra muy distinta sugerir que “los delincuentes” permanezcan más tiempo detenidos, como surge claramente de otra parte de la entrevista, porque recuperan la libertad antes de que los policías lesionados salgan del hospital y, según el ministro, ello da un mensaje “equivocado” a la sociedad. Veo muy difícil que la Policía sea un instrumento útil para “pacificar” en situaciones de mucha violencia, pero igual las disposiciones legales a aplicar una vez cometidos delitos son resorte exclusivo del Poder Judicial. La tercera noticia todavía no tuvo su desenlace final. El gobernador propuso para cubrir un cargo vacante en el Tribunal Superior de Justicia a la abogada Soledad Gennari, lo cual debe ser tratado y resuelto por la Legislatura. Aunque desde medios oficiales se insista en el número de adhesiones conseguidas, no han quedado ni quedarán –sencillamente porque no existen– acreditadas la trayectoria ni la experiencia requeridas para ejercer una función tan determinante desde el punto de vista institucional y que permita avizorar en la postulada una futura vocal con la personalidad necesaria para defender férreamente el gobierno y la independencia del Poder Judicial. El gobernador actual ha seguido en esto la ruta recorrida por el exgobernador Sobisch en cuanto a las características de los abogados propuestos para ocupar el más alto tribunal de Justicia: primero cosecharon elogios y en un segundo momento cedieron a la tentación de proponer jueces “obedientes”. El cenit del exmandatario fue su primera gobernación, con la proposición de extrapartidarios e independientes, y su ocaso fue conformar un organismo con aristas totalmente opuestas a fines del 2003, situación que muy sabido es cómo culminó. El actual gobernador –que heredó la crisis judicial en el 2007– ganó respeto inicial reconstituyendo el Tribunal Superior con vocales aceptados en general pero, y aquí la crítica en este aspecto, también varió luego su temperamento y da en la actualidad la sensación de no privilegiar la independencia del Poder Judicial, la cual por todo lo escrito hasta aquí se encuentra bastardeada y, aunque en tiempos electorales, tampoco parece ocupar la agenda de la oposición política. (*) Juez. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Profesor universitario