El gobierno gasta energía en Edersa

Desde que Agua y Energía transfirió el servicio a la Provincia, la distribuidora se transformó en una mezcla de maniobras políticas e intereses económicos.

Cada una de las situaciones que vivió la empresa provincial de electricidad, Edersa, desde que el servicio fue transferido a la provincia por la ex Agua y Energía, son un reflejo de los tiempos políticos que vivió la provincia en el último cuarto de siglo. Cuando este contrato de concesión termine, en el 2091, ninguno de los protagonistas, del pasado y la actualidad, estarán vivos.

El primer protagonista es Emilio Carosio, al que el entonces gobernador Horacio Massaccesi le encomendó la misión de crear la estructura para la provincialización del servicio. Carosio es ahora empresario petrolero, aunque sin mucha suerte: su empresa Medanito acaba de perder un área, Chañares Herrados, en Mendoza, donde afronta además denuncias penales por la compra supuestamente fraudulenta de una empresa.

Cuando Massaccesi decidió privatizar la empresa (a pesar del resultado en contrario de un plebiscito convocado por él mismo), colocó al frente de la entonces ERSA a Horacio Jouliá. Juntos otorgaron beneficios ruinosos para los rionegrinos y el Estado a una sociedad, Turbine Power, para construir una central térmica en Roca. La tarifa preferencial que le dieron significó un sobreprecio de decenas de millones de dólares en cinco años.

Bajo el gobierno de Pablo Verani la Provincia autorizó que el grupo inversor que se había quedado con Edersa se fusionara con la distribuidora y, lo que es clave, le transfiriera la deuda bancaria que había contraído para quedarse con la concesión.

Bajo la administración de Miguel Saiz se retiró del negocio el consorcio estadounidense-chileno (que había constituido la sociedad controlante de Edersa en el paraíso fiscal de las Islas Caimán), quedó Camuzzi y entró un jugador fuerte: Chrystian Colombo, ex jefe de Gabinete de De la Rúa.

Bajo el gobierno de Alberto Weretilneck la empresa fue adquirida por la familia Neuss, mediante Harz Energía. El mayor compromiso era desendeudar Edersa, que arrastraba obligaciones por 60 millones de dólares, de aquella deuda de los inversores originales. A cambio de una mejora tarifaria, se desplegaría además un plan de inversiones.

Los que lograron asomarse a los balances de Edersa, que no son públicos, afirman que esa deuda fue cancelada por los Neuss.

¿Qué ocurrió desde ese momento, noviembre de 2014, hasta la semana pasada, cuando la Secretaría de Energía de la Provincia decidió pedir la intervención judicial de la empresa? Los protagonistas no lo cuentan. Weretilneck suele tener buena relación con las empresas que dependen de sus decisiones y nunca negó que financiara sus campañas (y las de sus socios) con aportes de algunas de estas sociedades.

La deuda que hoy tiene Edersa por el incumplimiento en el pago de la factura de la energía que compra al mercado mayorista, de casi 3.000 millones de pesos, es una cifra muy cercana a la que la distribuidora dejó de percibir por el atraso en su tarifa, según trascendió que concluye el estudio de la consultora Tecnolatina, contratado por la Secretaría de Energía de la Nación.

El gobierno no podría cuestionar el trabajo de Tecnolatina: el ente regulador la contrató hace tres meses para hacer un estudio de la tarifa de la CEB.

El gobierno había pedido a la Justicia la intervención de Edersa, pero el juez Federico Corsiglia decidió nombrar a un “interventor-veedor” que en dos meses deberá entregarle un informe sobre la situación de la compañía. ¿Llegará a la misma conclusión de Tecnolatina?

Además de Edersa, hay otras 22 distribuidoras que son “deudores morosos”: en conjunto dejaron de pagar 29.580 millones de pesos. Es el síntoma de que algo está pasado en el último eslabón de la cadena del negocio eléctrico, que tiene en el otro extremo a generadores con precios disparados. No porque sí en el primer trimestre del año Enel (central Costanera, El Chocón) tuvo 1.700 millones de ganancia y Central Puerto, la sociedad de los Miguens Bemberg y Nicky Caputo (son dueños, entre otras, de Piedra del Águila), 1.229 millones de pesos.