El Gobierno ve una mano política detrás de las últimas tomas de Bariloche

El intendente Gustavo Gennuso dijo que son "organizaciones minoritarias a nivel nacional asociadas al Frente de Todos".

Dos ocupaciones de tierras se produjeron esta semana en Bariloche. Una en tierras privadas que un sindicato había obtenido para sus viviendas y otra en el predio fiscal donde se va a emplazar la futura terminal de ómnibus, y para Gustavo Gennuso en ambas hay un empuje político detrás. 

El señalamiento público de Gennuso y funcionarios de su gabinete a dirigentes y organizaciones vinculadas al Frente de Todos se traducirá en una denuncia penal, según anticipó el intendente que no quiso precisar nombres de agrupaciones. 

Hay un aliento de sectores que quieren poner en jaque a los distintos gobiernos. Hay una organización que mueve estos hilos. Vamos a hacer una presentación en la justicia, me voy a reservar los nombres. Son organizaciones minoritarias a nivel nacional, pero están asociadas al Frente de Todos”, dijo ayer Gennuso en radio El Cordillerano.  

El intendente se preguntó porque surgen ahora las ocupaciones de tierras. En realidad, en el verano hubo una ola de tomas que llegó a unos siete nuevos asentamientos y en el último mes volvió a recrudecer el conflicto.  

Gennuso dijo que ahora hay un “impulso exterior” y una “luz verde” para ocupar dada desde algún lugar. Este diario intentó sin éxito contactarse con el intendente, que no respondió las llamadas. 

Por la ocupación de las tierras municipales destinadas a la futura terminal, en la calle Esandi y Circunvalación, la comuna radicó una denuncia y la fiscalía ya interviene en el caso. La Policía de Río Negro desde el miércoles rodea el predio para evitar que se sume más gente y que ingresen materiales para el emplazamiento de viviendas. 

En la misma línea que el intendente, días atrás, el titular de Desarrollo Humano Integral del municipio, Juan Pablo Ferrani, había señalado públicamente a la agrupación Miles, que gestó Luis D’Elía, y a su referente local, José Rodríguez, al indicar que fue la persona que habló por teléfono con los ocupantes del predio privado de Altos del Este el domingo e instruyó que no se retiren de la toma. 

Ferrari se presentó en esa toma convocado por referentes vecinales que denunciaron la ocupación. Estuvo con un fiscal y acordaron el retiro pacífico de los ocupantes el domingo, pero horas más tarde la gente regresó al predio. Finalmente, el lunes se desactivó la toma con una orden de desalojo judicial que no llegó a ejecutarse por la fuerza. 

Las organizaciones que integran la Mesa de Tierras expresaron de inmediato su repudio a lo que entendieron como una “campaña de prensa llevada adelante por funcionarios municipales”.  

“Dada la grave situación habitacional que golpea a la población de la ciudad y que afecta más a las familias compuestas por jóvenes y con menores a cargo, es un despropósito criminalizar y buscar culpables entre los referentes sociales. Esta actitud, es la forma que encuentran estos funcionarios para no asumir las responsabilidades que le caben a dos gestiones de gobierno”, señalaron en un comunicado y reclamaron que se declare la emergencia habitacional, un proyecto que está bajo análisis en el Concejo Deliberante desde hace meses. 


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