El gran apagón
Si bien no se le ha ocurrido a ningún político norteamericano importante atribuir el apagón más grande de la historia a una maniobra urdida por empresarios rapaces, la primera reacción de muchos dirigentes estadounidenses y canadienses, frente al colapso que privó a cincuenta millones de los habitantes más prósperos del planeta de electricidad y paralizó tanto al nordeste de Estados Unidos como a la provincia principal del Canadá, consistió en culpar al vecino. Según el alcalde de Nueva York el desastre se debió a los canadienses, mientras que éstos dijeron que había empezado en Estados Unidos, lo que parece ser correcto. Sin embargo, aunque el origen del apagón ha sido localizado en el estado de Ohio, la incapacidad del sistema para aislarlo sirvió para recordarles a los norteamericanos que, como afirmó el ex secretario de Energía, Bill Richardson, Estados Unidos es “una superpotencia con una red eléctrica del Tercer Mundo”, juicio que comparte el presidente George W. Bush, quien a su vez señaló que en su opinión “nuestro sistema de distribución es viejo y anticuado”. Tienen razón, claro está, pero en vista de las dimensiones de las inversiones que serían necesarias para modernizar la red eléctrica norteamericana es probable que el problema resulte permanente. En todas partes los servicios públicos están en dificultades a raíz del aumento constante de la demanda y de la voluntad natural de una proporción creciente de los usuarios de exigirles cada vez más. No se trata de una deficiencia propia de los países privatistas como Estados Unidos, porque la situación es similar en otros de esquemas más estatistas como el Canadá y Francia, sino de una consecuencia lógica del progreso económico en un contexto democrático en el que es habitual que el corto plazo se anteponga al largo. Asimismo, el que estén interconectadas las redes locales, regionales e incluso nacionales significa que un colapso en un lugar determinado pueda afectar enseguida a muchos otros: hace algunos meses, muchos italianos sufrieron un apagón a raíz de un problema en Francia. Aunque el consumo de electricidad per cápita en la Argentina es una pequeña fracción -poco más del diez por ciento- del norteamericano, no es inconcebible que un día se produzca un colapso comparable que podría concretarse si la economía comenzara a disfrutar de un período de expansión sin que se hayan tomado las medidas precisas para actualizar la red. Mal que les pese a los reacios a ver aumentadas las tarifas, cualquier sistema, sea público o privado, firmemente regulado o totalmente autónomo, se deteriorará con rapidez a menos que en él se invierta lo bastante como para mantenerlo al día. Si por motivos políticos o humanitarios un gobierno no quiere que los usuarios aporten dinero pagando más por la electricidad que consumen, tendrá que pensar en una alternativa que, huelga decirlo, no podrá consistir en intentar obligar a las empresas a funcionar a pérdidas so pretexto de que hayan acumulado ganancias en otros tiempos. Puede que desde el punto de vista del gobierno tal actitud parezca moralmente justificada, pero si como consecuencia el país deja de invertir en energía, tarde o temprano resultará imposible mejorar el nivel de vida de sus habitantes. Como deberían haber comprendido aquellos estadounidenses y canadienses que en cuanto se cortó la luz se pusieron a acusarse mutuamente de haberlo provocado o a dar a entender que la culpa fue de sus antecesores, lograr identificar a los presuntamente responsables de un problema no equivale a solucionarlo, sobre todo cuando es cuestión de uno debido a una multitud de decisiones elegidas por una variedad de motivos que, en su conjunto, impidieron que la infraestructura de una región estuviera en condiciones de satisfacer las demandas de quienes dependían de ella. Por tratarse de un asunto que requiere la colaboración de una serie de gobiernos de ideologías distintas que han de cooperar con los de otros países, el suministro de energía eléctrica no debería ser considerado un tema político más sino uno que afecta a la comunidad en su conjunto no sólo en la actualidad sino también en las décadas próximas, realidad ésta que acaso resulte antipática a dirigentes preocupados por las encuestas de opinión de turno pero que aun así les es forzoso tomar en cuenta.
Si bien no se le ha ocurrido a ningún político norteamericano importante atribuir el apagón más grande de la historia a una maniobra urdida por empresarios rapaces, la primera reacción de muchos dirigentes estadounidenses y canadienses, frente al colapso que privó a cincuenta millones de los habitantes más prósperos del planeta de electricidad y paralizó tanto al nordeste de Estados Unidos como a la provincia principal del Canadá, consistió en culpar al vecino. Según el alcalde de Nueva York el desastre se debió a los canadienses, mientras que éstos dijeron que había empezado en Estados Unidos, lo que parece ser correcto. Sin embargo, aunque el origen del apagón ha sido localizado en el estado de Ohio, la incapacidad del sistema para aislarlo sirvió para recordarles a los norteamericanos que, como afirmó el ex secretario de Energía, Bill Richardson, Estados Unidos es “una superpotencia con una red eléctrica del Tercer Mundo”, juicio que comparte el presidente George W. Bush, quien a su vez señaló que en su opinión “nuestro sistema de distribución es viejo y anticuado”. Tienen razón, claro está, pero en vista de las dimensiones de las inversiones que serían necesarias para modernizar la red eléctrica norteamericana es probable que el problema resulte permanente. En todas partes los servicios públicos están en dificultades a raíz del aumento constante de la demanda y de la voluntad natural de una proporción creciente de los usuarios de exigirles cada vez más. No se trata de una deficiencia propia de los países privatistas como Estados Unidos, porque la situación es similar en otros de esquemas más estatistas como el Canadá y Francia, sino de una consecuencia lógica del progreso económico en un contexto democrático en el que es habitual que el corto plazo se anteponga al largo. Asimismo, el que estén interconectadas las redes locales, regionales e incluso nacionales significa que un colapso en un lugar determinado pueda afectar enseguida a muchos otros: hace algunos meses, muchos italianos sufrieron un apagón a raíz de un problema en Francia. Aunque el consumo de electricidad per cápita en la Argentina es una pequeña fracción -poco más del diez por ciento- del norteamericano, no es inconcebible que un día se produzca un colapso comparable que podría concretarse si la economía comenzara a disfrutar de un período de expansión sin que se hayan tomado las medidas precisas para actualizar la red. Mal que les pese a los reacios a ver aumentadas las tarifas, cualquier sistema, sea público o privado, firmemente regulado o totalmente autónomo, se deteriorará con rapidez a menos que en él se invierta lo bastante como para mantenerlo al día. Si por motivos políticos o humanitarios un gobierno no quiere que los usuarios aporten dinero pagando más por la electricidad que consumen, tendrá que pensar en una alternativa que, huelga decirlo, no podrá consistir en intentar obligar a las empresas a funcionar a pérdidas so pretexto de que hayan acumulado ganancias en otros tiempos. Puede que desde el punto de vista del gobierno tal actitud parezca moralmente justificada, pero si como consecuencia el país deja de invertir en energía, tarde o temprano resultará imposible mejorar el nivel de vida de sus habitantes. Como deberían haber comprendido aquellos estadounidenses y canadienses que en cuanto se cortó la luz se pusieron a acusarse mutuamente de haberlo provocado o a dar a entender que la culpa fue de sus antecesores, lograr identificar a los presuntamente responsables de un problema no equivale a solucionarlo, sobre todo cuando es cuestión de uno debido a una multitud de decisiones elegidas por una variedad de motivos que, en su conjunto, impidieron que la infraestructura de una región estuviera en condiciones de satisfacer las demandas de quienes dependían de ella. Por tratarse de un asunto que requiere la colaboración de una serie de gobiernos de ideologías distintas que han de cooperar con los de otros países, el suministro de energía eléctrica no debería ser considerado un tema político más sino uno que afecta a la comunidad en su conjunto no sólo en la actualidad sino también en las décadas próximas, realidad ésta que acaso resulte antipática a dirigentes preocupados por las encuestas de opinión de turno pero que aun así les es forzoso tomar en cuenta.
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