El huevo de la serpiente

Una mirada más atenta al comunicado de Pfizer permite deducir inferencias sutiles. Alberto Fernández y Ginés González García posiblemente piensen dos veces antes de iniciar acciones legales contra Patricia Bullrich.

Por Julio Rajneri

Patricia Bullrich, presidenta del PRO y Ginés González García, ex ministro de Salud.

Las afirmaciones de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, respecto de las razones por las cuales el laboratorio Pfizer no concretó en Argentina la venta de millones de vacunas, cuya ausencia hoy constituye el principal problema que afronta el país en su lucha contra la pandemia, ha motivado respuestas: la del presidente de la República y del ex ministro de Salud, que anticiparon su propósito de iniciar acciones legales contra Bullrich, al parecer indignados por la suposición de que detrás de una negociación turbia se esconde un intento de coima en beneficio de funcionarios y eventualmente del mismo presidente, y una declaración aparentemente ambigua del  laboratorio que niega haber recibido ninguna insinuación de pago indebido y reafirma su política de no celebrar convenios con laboratorios locales.

Según algunas interpretaciones, no todas de origen gubernamental, Pfizer ha desmentido a la presidenta del Pro y la colocaría en la difícil situación de probar una afirmación por cierto arriesgada.

El laboratorio norteamericano, propietario de la vacuna más exitosa del mundo, hasta ahora había guardado silencio excepto para afirmar que las condiciones ofrecidas a la Argentina eran similares a las de cualquier otro país con los que celebró acuerdos. El comunicado de Pfizer podría interpretarse de manera favorable al gobierno, pero una mirada más atenta permite deducir inferencias sutiles, propias de quienes ponen en alto valor el uso de cada palabra.

Si la respuesta de Pfizer hubiese sido: “Pfizer no ha recibido ninguna propuesta de pago indebido. Tampoco ha recibido condicionamientos para incorporar un laboratorio local”, las dos hipótesis debieran descartarse definitivamente.

Al matizar la respuesta, Pfizer excluye la forma directa de la coima, pero deja abierta la posibilidad de que efectivamente la operación no se haya concretado porque el gobierno argentino la condicionó a la incorporación de un laboratorio local, fundado supuestamente en la defensa del interés nacional. Como en otras oportunidades, el patriotismo suele encubrir una operación de beneficios colosales, habida cuenta de la posibilidad de elegir entre amigos, poniendo la llave en manos de un partido, el peronismo kichnerista, célebre por sus monumentales actos de corrupción.

Pese a sus anuncios, Alberto Fernández y Ginés González García posiblemente lo piensen dos veces antes de iniciar acciones legales, aun contando con que la tradicional lentitud de los tribunales argentinos diluya en el tiempo la posibilidad de un traspié político inmediato. De hecho, con un juicio abrirían la puerta al testimonio de la empresa, la que en sede judicial no podría eludir el relatar la verdad de los acontecimientos y obligaría al propio gobierno a explicar en forma clara cuáles fueron las supuestas diferencias que impidieron un acuerdo de tanta trascendencia en la evolución de la pandemia.

No es necesario recurrir a afirmaciones melodramáticas para calificar la enorme carga de responsabilidad que significa haber hecho fracasar una negociación que hubiese aportado millones de vacunas al doloroso escenario de carencias que nos agobia en las circunstancias actuales.

Se trata, nada menos, que de decisiones que pudieron costar la vida de miles de personas y la de otras que lamentablemente seguirán muriendo, a las que se les privó de una posibilidad de supervivencia. Incluye también la prolongación de una crisis económica que ha arruinado a miles de empresas y colocado a multitud de personas en la indigencia. Involucra el destino de millones de niños que han perdido horas esenciales en su preparación para enfrentar el futuro. Se eliminaron opciones que obligaron a los argentinos a vacunarse con un producto, que ni las organizaciones internacionales de salud ni la mayoría de los países occidentales acepta como garantía de eficacia. 

Una parte considerable de esas consecuencias fueron inevitables y padecidas en forma similar en el resto de los países del mundo. Pero mientras en muchos de ellos se está reduciendo en forma drástica la cantidad de infectados y, por ende, de los muertos y la actividad económica se va normalizando lentamente, nosotros nos enfrentamos a la peor etapa de la pandemia y la cantidad de afectados por el virus y la de fallecidos no cesa de crecer.

Aunque pueda haber factores concurrentes, la diferencia principal proviene de aquella etapa donde se incubaron las disparidades en la disponibilidad de vacunas, y que ahora explican las diferencias abismales que nos separan.


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