El municipio irá por el desafuero de Patricia Jure

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La municipalidad gestionará el desafuero de la ex concejala Patricia Jure (actual diputada provincial) para acusarla de perturbar el desarrollo de la sesión del Deliberante e impedir su desarrollo.

Con la ex concejala fue acusada una empleada municipal y un agente como autores de la perturbación y de impedir un acto funcional.

“No hay delito, ellos consideran que la expresión de Patricia fue agresiva y que decir pelado botón es un delito”, sostuvo la abogada Gisella Moreira. Recordó que la concejal “no suspendió la sesión” ni evitó que se sancionara la ordenanza una semana después. Dijo que se buscaba ir contra el derecho a peticionar y la libre expresión.

Moreira tildó de parcial a la fiscalía y de sucumbir a la presión que aseguró ejerce el intendente Horacio Quiroga en los tribunales.
El querellante Javier Pino adhirió al planteo de la fiscalía. Luego dijo que “no buscamos limitar la protesta social o restringir el derecho a peticionar, hay un límite que es que las instituciones puedan funcionar bien”, dijo.
La juezaSuste escuchó la argumentación de la fiscal y la de Moreira.Le concedió la razón a la acusación: “tengo por formulados los cargos”, dijo.

Evaluó que Jure “no fue pacífica” y que mantuvo al cuerpo legislativo bajo presión o que buscó mediante la molestia evitar el tratamiento, arengando el ingreso de gente al recinto.Describió que hubo personas que ingresaron a la fuerza y señaló que se podría haber hecho escuchar “en forma pacífica”.

Pino, en rueda de prensa, agregó que la comuna nopermitiría “que se imponga por la fuerza lo que no pueden lograr con los votos, y cuando llegan a espacios institucionales, intentan hacer con violencia lo que no lograron con la negociación política”.

Aseguró que en estos cuatro meses que la jueza Suste ordenó para la investigación “vamos a elevar una nota a la Legislatura en el marco de la inmunidad” que tienen los diputados “para seguir el mecanismo y el procedimiento que se necesite hasta obtener la condena”.

Según el apoderado de la comuna “el límite es la violencia: no saltando las gradas, intimidando a las personas, a los gritos y quemando contenedores”, recordó.

Moreira apelará la formulación de cargos e insistió en que el derecho a la libre expresión y la protesta “no puede ser restringido ni reglado por los buenos modales;se usa el código penal para disciplinar a la oposición a los trabajadores que luchan por sus derechos”.