El municipio neuquino quiere poner en caja al EPAS

NEUQUEN (AN).- «No tenemos herramienta legal para sancionar al EPAS cada vez que colapsa una red cloacal o exigirle un plan mínimo de inversiones para asegurar un servicio aceptable» para la comunidad, reveló el subsecretario de Gestión Ambiental Carlos Roca.

El funcionario municipal observó que tampoco existe a nivel provincial un ente con poder de policía sobre la empresa pública, que regule y controle la calidad de los servicios que presta.

El sábado colapsó una red cloacal y los líquidos crudos corrieron libremente por la vía pública en el barrio Progreso.

Los vecinos reclamaron y protestaron al municipio, que suele oficiar en estos casos como caja de resonancia por las deficiencias de servicios propios y ajenos.

El ambicioso plan de inversión en infraestructura básica comenzó a moverse este año con la incorporación de la cuarta colectora y de la ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales que funciona sobre la calle Tronador al fondo, «con un crédito destinado a los municipios» (PDM), apuntó Roca.

La incorporación de tomas y barrios nuevos a la trama urbana de la ciudad de Neuqué sin las previsiones de una mayor demanda en materia de agua potable y de desagote cloacales, en las últimas décadas, profundizó la crisis en los servicios esenciales. El crecimiento demográfico desbordó la capacidad de respuesta de la empresa, no pudo ejecutar o no hubo un plan de obras mantenido en el tiempo y actuó fundamentalmente en la emergencia.

El EPAS, por ser un ente autárquico, toma las denuncias de los usuarios y a nivel institucional el mecanismo es similar, «dependemos de la buena voluntad del presidente del EPAS para que se hagan las cosas y cómo se hagan», explicó Roca.

«No tenemos forma para hacerle cumplir una calidad mínima del servicio y esto pasa porque no hay un contrato de concesión ni marc regulatorio que establezca las pautas de prestación», puntualizó el funcionario.

Este objetivo fue uno de los que apuntó el intendente Horacio Quiroga durante su primera gestión, e incluso propuso al gobernador Jorge Sobisch municipalizar al EPAS, si bien con ciertas condiciones para el traspaso.

En esta decisión Quiroga tuvo en cuenta que los usuarios de la capital subvencionan el servicio no sólo de esta ciudad sino de prácticamente la provincia. Por ese entonces, hace seis años, remarcaba el jefe comunal la contradicción entre esta situación y la falta de inversiones en infraestructura básica en la capital neuquina.

Este propósito fue acompañado en el Deliberante con un proyecto de ordenanza de control y regulación del servicio de agua y saneamiento, impulsado por el ex concejal Carlos Vidal (UCR), pero nunca fue tratado y perdió estado parlamentario.

La saturación de las redes llevó oportunamente a vecinos aledaños al canal Saavedra, que recorre la calle 12 de septiembre hasta el hipermercado Jumbo, en el barrio La Sirena, a pedir la intervención de la justicia a través de amparos. Las obras que se hicieron en el sector aliviaron la crisis pero no solucionaron el problema de fondo.

Roca admitió que la legislación permite al municipio sancionar al contribuyente que conecta sus cloacas a desagües pluviales o a canales, pero en idéntica situación no tiene herramientas efectivas para exigir la reparación ambiental al EPAS.