El negocio de las vacunas: por qué no llega la de Pfizer

Según el Bureau of Investigative Journalism, las exigencias violaban principios soberanos de los países de América latina.

Según una investigación del Bureau of Investigative Journalism, una alianza de periodistas y medios con sede en Londres, la farmacéutica Pfizer “ha pedido a algunos países que pongan sus activos soberanos -que incluyen edificios de embajadas y bases militares- como garantía contra el costo de futuros casos legales” por eventuales efectos adversos de su vacuna contra el coronavirus. Argentina participó de los ensayos de la droga y hasta adaptó la legislación a ciertas exigencias del laboratorio pero no logró un acuerdo porque la pretensión era “incluir cláusulas que reducían la responsabilidad de la empresa ante posibles efectos adversos”.

Pfizer “ha comprometido lotes de su vacuna en países desarrollados que no han participado en los ensayos destinados a probar la utilidad de éstas y, a pesar de haberse dictado una ley que los ampara de eventuales demandas civiles y renunciado el país inclusive a la jurisdicción local, en una situación de virtual extorsión, retacean la disponibilidad del producto en nuestro país”, criticaron en Argentina los médicos Víctor Penchaszadeh y Silvia Brussino, referentes del Capítulo Argentino de Redbioética.

“Funcionarios de Argentina y otro país latinoamericano, que no podemos nombrar pues los funcionarios firmaron un acuerdo de confidencialidad con Pfizer, dijeron que los negociadores de la compañía exigieron una indemnidad adicional contra cualquier reclamo civil que los ciudadanos pudieran presentar si experimentaban efectos adversos, después de ser vacunados. En Argentina y Brasil, Pfizer pidió que los activos soberanos se pusieran como garantía para cubrir posibles costos legales futuros”, informó el Bureau, según la versión de la investigación que editó el sitio peruano Ojo Público.

“Lo prioritario es la dignidad y la salud de todas y cada una de las personas. La especulación económica o de baja política está totalmente alejada de la ética”, advirtieron Penchaszadeh y Brussino.

Los médicos argentinos recordaron que “en nuestro país no está permitido el pago ni cualquier incentivo indebido por participar en un estudio de investigación. La participación de voluntarios en un estudio de vacunas supone autonomía y altruismo por parte de éstos. El altruismo es una virtud moral que implica un alto grado de empatía hacia los semejantes pues pone a la persona en una situación de riesgo en beneficio de los demás. Una actitud y conducta subsecuente de este tipo no puede ser aprovechada por unos pocos con fines primariamente lucrativos. La motivación altruista del voluntario obliga a que cualquier motivación lucrativa, de prestigio u otra de tipo egoísta por parte de los investigadores/patrocinadores deba subordinarse, en condiciones de reciprocidad, al altruismo del sujeto de investigación. La o las vacunas que puedan demostrar eficacia relevante en este tipo de estudio deben estar disponibles y ser accesibles y asequibles, en forma universal, para todos los potenciales afectados, pues toda la humanidad está comprometida y en especial, la comunidad a la que pertenece el voluntario”.

Se referían a que en Argentina la vacuna se ensayó en voluntarios en el Hospital Militar de la ciudad de Buenos Aires, cuya legislación sobre Protección de Derechos de Sujetos en Investigaciones en Salud establece que “sólo se podrá iniciar una investigación clínica con medicamentos o productos médicos u otras intervenciones cuando su intención sea utilizarlos en el país, en caso de ser aprobados”. Y por eso advirtieron que “traicionar dicha intención podría implicar un fraude a los voluntarios de la investigación”.

Y la ley 3301 establece las Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres Humanos establecidas por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (Cioms). “En la Pauta 21 de dicho documento se menciona que el patrocinante externo ‘debe poner razonablemente a disposición de la población o comunidad participante del proyecto el producto beneficioso desarrollado como resultado de la investigación”, explicaron los médicos argentinos.


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