El PJ despierta
Renegociación petrolera y Código Contravencional, en debate en el FpV.
río negro
alicia miller
amiller@rionegro.com.ar
Finalmente, el Partido Justicialista de Río Negro fijó la fecha para las elecciones internas en las que renovará sus autoridades provinciales y de las unidades básicas.
El presidente del PJ rionegrino, el senador Miguel Pichetto, esperaba que el ministro nacional Florencio Randazzo estuviera el viernes en Viedma, para garantizarle una foto del restablecimiento del servicio de trenes provinciales junto al gobernador Alberto Weretilneck. Después, la reunión del Consejo permitiría mostrar un peronismo unido.
Randazzo no viajó. Las razones de que declinara la invitación no fueron publicadas. Pichetto desestimó las versiones que indicaban que un tren en problemas, un oficialismo dividido y una capital con intendente radical no resultaban un escenario deseable. Enseguida anunció que el ministro sí visitará Viedma a fin de mes, aunque con un perfil más partidario que institucional, en su carácter de “presidenciable”.
Las falencias del Tren Patagónico no son atribuibles a esta gestión. La falta de inversión suficiente en vías y material rodante suma décadas. Podría decirse que ese servicio rionegrino va a contramano de la tendencia nacional, que desde hace demasiado tiempo desconoce al tren como el medio potencialmente más económico, seguro y ecológico de transporte de cargas y de personas. Es valiosa la experiencia –aun testimonial y subsidiada– que brinda la Provincia para mantener el servicio, si bien merecería un tratamiento más profesional y constante.
La reunión del Consejo del PJ resultó útil a sus fines –la convocatoria a internas–, aunque devaluada a la hora de simular una inexistente unidad partidaria.
El vicepresidente del partido, Martín Soria, no fue. Tampoco concurrió, pese a que los intendentes estaban invitados, la jefa comunal de Bariloche, “Maru” Martini.
En una nota dirigida a Pichetto, Soria lamentó la ausencia de un debate sobre la gestión provincial y calificó de “pésimo gobierno de transición” el que conduce Alberto Weretilneck.
Claro que el roquense tiene motivos personales, además de políticos, para su enemistad con el mandatario: la causa penal que investiga el juez Favio Igoldi en Viedma sigue abierta, aunque orientada exclusivamente al cobro del seguro por el fallecimiento de Carlos Soria. En ese expediente, iniciado de oficio luego de que el gobernador señalara conductas presuntamente ilícitas del roquense, sólo han sido indagados hasta ahora funcionarios del Poder Ejecutivo, pero resulta difícil predecir en qué terminará el caso.
El juez Igoldi no ha definido aún la situación procesal de ninguno de los citados. Según parece, no esperará la suerte del desafuero del reticente fiscal de Estado, Pablo Bergonzi, pero sí la declaración que este viernes brindará el ministro de Hacienda, Alejandro Palmieri. Aguarda también el peritaje de la firma de Soria y no se descarta que llame a declarar a otros exfuncionarios de Horizonte, en una instrucción que se anticipa compleja y prolongada.
Esta demora contribuye a irritar al gobernador, a sus funcionarios y al propio intendente Soria. En lo único en que unos y otros parecen estar de acuerdo es en lamentar el momento en que su pelea política los puso en el brete en que hoy se encuentran. Saber más sobre el trámite es un tema pendiente para la sociedad.
A contramano de la proclamada “unidad” del justicialismo rionegrino, ésa no es la única causa que refleja la “judicialización” de los conflictos en el oficialismo: a la investigación penal por los gastos reservados, el legislador pichettista Roberto Vargas acaba de sumar una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Si bien pide averiguar la presunta responsabilidad del exvicegobernador radical Bautista Mendioroz, de la expresidenta de bloque Magdalena Odarda y de los funcionarios que autorizaron los pagos, una investigación completa involucraría necesariamente a varios frentistas, entre los cuales deberían estar el presidente del bloque oficialista, Pedro Pesatti; el fallecido vicegobernador Carlos Peralta, y el propio Weretilneck, quien durante un mes ocupó el cargo de vicegobernador.
¿Unidad? Estos cruces explican los rostros serios de los consejeros justicialistas con más fidelidad que el discurso de respaldo a la gestión y a la remanida “gobernabilidad”.
Como sea, el justicialismo acomoda su estructura partidaria: La interna será el 7 de setiembre. Un cruce de proyectos ya comenzó a calentar la previa.
El Consejo resolvió el viernes impulsar la implementación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias –PASO– para definir candidaturas en la provincia. La iniciativa fue presentada hace tiempo en la Legislatura por Martín Doñate, pero el albertismo la hizo dormir en un cajón.
Las PASO, es sabido, ordenan las distintas opiniones hacia adentro de una fuerza política. El justicialismo sabe que ese método obligará a Weretilneck a definir si competir por una candidatura a gobernador dentro del FpV o preferir, como algunos suponen, liderar una alianza con el radicalismo y otros sectores.
Fue una devolución de favores a la propuesta de Matías Rulli. El secretario general de la Gobernación había sugerido que quienes deseen ser candidatos no ocupen cargos de conducción partidaria. Conscientes de que un partido activo y “pacificado” es indispensable para hacer frente al importante desafío electoral del 2015, ninguno de los consejeros consideró esa posibilidad.
En lo netamente institucional, varios temas también ponen en duda la pretendida unidad del oficialismo:
• La renegociación del contrato de explotación hidrocarburífera suscripto con Petrobras divide aguas, aun sobre la base de un acuerdo general. El bloque Eva Perón ha sostenido la necesidad de hacer las audiencias públicas que fija la ley y mantener un control estricto a las inversiones, mientras que desde el Ejecutivo se elude hablar de esos temas. El proyecto de ley para la ratificación legislativa del acuerdo todavía no ingresó a la Legislatura, a pesar de que ya pasaron 20 días desde que se firmó, el 29 de abril. Si bien todavía se está dentro del plazo de 30 días que fija la ley, la demora resulta llamativa, siendo que sobre el tema no hay nada que escribir. Fuentes del oficialismo relacionaron la dilación en las observaciones interpuestas por órganos de control interno al texto suscripto con la firma brasileña.
• La propuesta del ministro de Seguridad Luis Albrieu de modificar el Código Contravencional de la provincia –que incluye el “asilo policial” temporario a menores hallados en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas– genera opiniones contrapuestas en el bloque oficialista y aun entre funcionarios del Ejecutivo. Es evidencia de que los peronistas que adhieren a Weretilneck son un grupo bastante heterogéneo. Si bien varios intendentes respaldan la propuesta de Albrieu, el secretario de Derechos Humanos y entidades de asistencia a niños y adolescentes han puesto el grito en el cielo. El gobernador ha evitado pronunciarse, pero no podrá mantener mucho más esa ambigüedad.
Así, el oficialismo despierta y se despereza. Sus actos, más que sus palabras, dirá qué rumbo toma.