El regreso de Jorge Brillo





jorge gadano jagadano@yahoo.com.ar

Como si fuera la esperanza prometida por Jorge Omar Sobisch, su doble tocayo, el veterano emepenista Jorge Omar Brillo –hasta el 10 de diciembre del 2007 su asesor general de Gobierno–, ha decidido volver a la escena política al cabo de un prudente y comprensible silencio de más de tres años, postulándose para intendente de Centenario. Es esa misma ciudad desde la que, al cabo de una prolífica y resonante carrera política, llegó a ser una estrella del oficialismo neuquino. Pudo esa carrera llegar a ser también una carrera judicial cuando, en 1984 y siendo, como de costumbre, Felipe Sapag gobernador, se produjeron algunas vacantes en el Tribunal Superior de Justicia y, según una versión de cierta consistencia, Brillo era un candidato a ocupar una de ellas. Se lo pregunté a don Felipe y él me contestó con un contundente no, a lo que agregó motivos que prefiero mantener en reserva. Podría haber sido ese nombramiento un lauro imperecedero en la currícula del dirigente que, ya entonces, formaba parte de la Junta de Gobierno del MPN. No se dio entonces, pero sí unos años después, en agosto del 2002, la jueza civil Elizabeth García Fleiss lo condenó a entregar su casa de Centenario a Inés Christensen en pago de una deuda. Brillo apeló y tres años después la sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil confirmó la sentencia con los votos de Enrique Videla Sánchez y Luis Silva Zambrano. Federico Gigena Basombrío votó en disidencia. El condenado volvió a recurrir y el expediente está desde entonces, pasados casi seis años, en el Tribunal Superior de Justicia. En una nota que firmé el 9 de agosto del 2005, este diario informó que Christensen era la esposa de Héctor Gutiérrez quien, unos 20 años atrás, había recurrido a los servicios del abogado Brillo. Había que convocar a sus acreedores para arreglar el pago de crecidas deudas y evitar así que alguno le pidiera su quiebra. A ese fin le entregó una suma de dinero. El asunto, privado entonces, tomó estado público cuando, en julio de 1991, Brillo hizo una denuncia pública de que Gutiérrez lo había secuestrado y extorsionado. Dijo que, invitado a comer un asado en Cipolletti, de pronto había aparecido Gutiérrez acompañado de dos personas que portaban armas que lo sujetaron y lo encerraron en un baño. El día siguiente lo condujeron a una escribanía de la ciudad donde, amenazado, firmó compromisos de entregar su casa y dinero en pago de errores profesionales que habrían motivado la declaración en quiebra de Gutiérrez. Hizo lo que le exigían y recuperó su libertad. Pero, dijo Brillo, las amenazas continuaron, en pos de más dinero. Por eso hizo la denuncia en la Policía y convino en que citaría a Gutiérrez en un bar para que lo detuvieran cuando él le entregaba el dinero. Fue lo que ocurrió. La crónica, que no mereció comentario alguno de Brillo, informó que en junio de 1995 Gutiérrez fue absuelto en la causa penal que se le instruyó. “Se pudo saber entonces –dice el texto– que Brillo había recibido de su cliente una suma de dinero para obtener la adhesión de los acreedores a un concordato. Brillo contestó que ese dinero lo había devuelto a un hermano de Gutiérrez, Rubén Gutiérrez, y presentó un recibo, pero una pericia demostró que la firma del documento había sido falsificada”. Por el contrario, la sentencia que absolvió a Gutiérrez dijo que eran genuinas las firmas de Brillo en los documentos cuestionados por él. A la vez objetó los “desaciertos graves” cometidos por Brillo en el juicio de quiebra. “Brillo defrauda a su cliente y no le informa debidamente para alertarlo de las consecuencias que sobrevendrían en la quiebra a causa del rechazo del concurso preventivo”. En realidad, lo que había pasado –según la doctora García Fleiss, citada en la sentencia penal– era que Brillo se había apropiado “de la suma de dinero entregada por Gutiérrez para ser afectada al levantamiento de la quiebra”. En todo el tiempo que pasó –poco más o menos, casi un cuarto de siglo– desde que comenzó este pleito no hubo, que sepamos, causa penal alguna contra el jurisconsulto. Y no sólo eso: se supone que en reconocimiento a sus méritos políticos y jurídicos un bolillero lo honró colocándolo en el jurado que debía decidir sobre el enjuiciamiento del fiscal Pablo Vignaroli, acusado de ser un enclave sobischista en la Justicia. Dejo para la astucia del lector el imaginar cómo votó Brillo.

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