El retorno de una histórica puja distributiva

La Ley de Emergencia Económica puso nuevamente en el tapete la disputa entre el agro y la industria, los dos sectores emblemáticos de la economía nacional.



Establecer prioridades significa determinar ‘qué’ es lo que se considera más importante. Aquello que es primordial e irrenunciable. El objetivo que no se negocia, al que se supedita todo el resto de las variables.
Es lo que acaba de hacer Alberto Fernández . El combo de medidas establecidas por decreto junto a las incluidas en el proyecto de “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Económica” enviado al Congreso de la Nación esta semana, deja en claro las prioridades. Recomponer ingresos de los sectores más vulnerables, generar un shock de consumo y demanda, reactivar la economía real, y contener el empleo.
El resto de los objetivos de política económica quedará desde ahora sujeto al cumplimiento de tales metas de máxima. Ni siquiera la reestructuración de la deuda externa escapa a esta lógica. Desde el vamos, el Presidente dejó en claro que la negociación con los acreedores tendrá como premisa que existe voluntad de pago, pero que antes de pagar, Argentina necesita volver a crecer.
El programa revelado por el Ministro Martín Guzmán es consistente con aquello que eligió el electorado que puso a Alberto Fernández en el poder. Lo que se impuso en octubre fue una visión radicalmente opuesta a la implementada entre 2015 y 2019, y el planteo económico al inicio de la nueva gestión, es coherente con el cambio que le reclamaron las urnas. La ausencia de una política específica en relación a la inflación, es un síntoma inequívoco al respecto. El nuevo gobierno no desconoce ni niega la inflación, pero a diferencia de su antecesor, no hace de los precios el centro del programa económico, ni supedita la evolución del resto de las variables, a las metas de precios o agregados monetarios.

El gobierno que acaba de asumir, es a todas luces partidario de un programa que procure el crecimiento de la industria nacional y el mercado interno.


En este sentido, un segundo matiz que quedó a la vista durante los primeros días del peronismo en el poder, es que la política volverá a ocupar la delantera, y que la economía dejará de ser un fin en sí misma, para volver a ser un instrumento que permita alcanzar los objetivos que la política considere pertinentes.
Pero el contraste tal vez más significativo entre la impronta que Alberto Fernández busca imprimir al amanecer de su mandato y aquello que caracterizó a la administración Macri, es la puesta en marcha de un plan ‘macroeconómico’.
La designación de Guzmán como Ministro de Economía, supeditando a su gestión las áreas de Hacienda, Finanzas y Energía, y presentado un programa que pretende abarcar y contemplar la solución de los desequilibrios de toda la estructura económica en su conjunto, luce como un acierto.

Puja distributiva recargada
El ingeniero y economista argentino-italiano Mareclo Diamand, lo bautizó en los ‘70 como “Estructura Productiva Desequilibrada”. Llamó así al problema que hace al menos un siglo y medio atraviesa la economía nacional y genera cliclos de auge y recesión seguidos de recurrentes crisis de balanza de pagos. Se trata de la puja entre dos sectores claramente diferenciados, que conviven en las entrañas de la economía nacional, que pujan por imponer su ecuación en materia económica, y presionan sobre el poder de turno.
El primero es el campo de la Pampa Húmeda argentina. Se trata del sector más dinámico de la economía nacional, aquel que tiene un alto grado de productividad, que es competitivo a nivel global, y produce el grueso del ingreso de divisas. Como contracara, se trata de un sector con escaso poder para generar empleo masivo, y que si bien genera encadenamientos productivos, no “derrama” lo suficiente.
El segundo es la industria nacional. Un sector con serias dificultades para insertarse en los mercados internacionales, con escasa capacidad para reducir costos y mejorar la productividad, acostumbrada a cobijarse bajo el paraguas de la protección estatal. Es sin embargo el sector que genera el grueso del empleo nacional.

“La adecuación de retenciones busca dialogar con el sector agropecuario a fin de pensar el perfil productivo para toda la década”

Matías Kulfas - Ministro de Producción de la Nación


La historia nacional desde el modelo agroexportador a fines del Siglo XIX y en adelante, puede inscribirse y analizarse en torno a dicha convivencia, siempre conflictiva. El retorno de la puja distributiva entre ambos sectores, es el telón de fondo del programa económico que comienza a implementarse.
El gobierno que acaba de asumir, es a todas luces partidario de un programa que procure el crecimiento de la industria nacional y el mercado interno. No llama la atención entonces, que la primera apuesta sea tomar los recursos necesarios para un programa productivista, incrementando la carga impositiva sobre el agro.
La lógica de ‘ganadores y perdedores’ que intenta aplicar Alberto Fernández, indica que la posición relativa del sector exportador agrícola, mejoró notablemente durante el macrismo. Una devaluación del 210% desde abril de 2018, y del 535% entre diciembre de 2015 y octubre de 2019, supone de por sí una mejora frente a los sectores que facturan y consumen en pesos, sin capacidad de escapar al deterioro real de sus ingresos. A ello se suma a un esquema de retenciones que combinó una alícuota porcentual con una suma fija de $4 por dólar. Tal componente en pesos se diluyó progresivamente en términos relativos con cada salto del tipo de cambio.
Como contrapartida, quienes desarrollan su actividad a nivel interno vieron deteriorada su posición relativa en los últimos cuatro años. El derrumbe de los ingresos en pesos, configuró un escenario de recesión que acumula 18 meses corridos de caída en el consumo y el nivel de actividad económica, y generó un parate del 40% en la industria.
Tomar recursos de un sector y redistribuirlos en base a prioridades de política económica, está en el centro de la matriz de pensamiento de cualquier gobierno ‘peronista’.
El conflicto resultante es tan lógico como previsible. Un 40% del electorado, esperaba vanamente que Alberto Fernández hiciera gala de la ‘moderación’ que pretendió construir previo a las elecciones primarias de agosto, entendiendo por tal, la voluntad de no torcer radicalmente la tónica aperturista y pro mercado que caracterizo al macrismo, y evitando el excesivo intervencionismo del estado en la economía.
No sucederá. El plan económico tiene como premisa central una visión pseudo keynesiana. En pocas palabras, un esquema donde el centro será la demanda agregada, y en el que la reacción de la oferta debería ir supeditada a la reacción del consumo y la inversión, motorizados a su vez por el incremento del gasto.
Precisamente el incremento del gasto, es el Talón de Aquiles. No agravar la ecuación fiscal es imperativo. Los mercados de deuda están cerrados hasta la reestructuración, y el Ministro recalcó que ‘apostar a la emisión monetaria seria desestabilizante’. Gastar más requiere entonces recaudar más. De allí se desprende el conjunto de medidas que refieren a la estructura tributaria, y donde más allá de las retenciones, se destacan otros dos ítem que hacen a la puja distributiva entre la ‘Argentina rica’ y la ‘Argentina pobre’.
El primero es la revisión del Impuesto a los Ingresos Brutos y la derogación del Impuesto Cedular sobre los activos financieros en pesos. La alícuota de Ingresos Brutos se retrotrae al nivel del año 2015 (1,25%), pero se duplica para quienes tienen sus activos declarados en el exterior. Se busca motorizar el retorno de los fondos que los argentinos mantienen fuera del país. Si a ello se agrega la desgravación de bonos, acciones y plazos fijos en pesos, resulta en un incentivo a colocar los fondos dentro del país y en moneda nacional.
El segundo es un esquema de tipo de cambio múltiple. El ‘Impuesto País’ a la compra de divisas, genera a priori tres cotizaciones, en relación a su utilidad estratégica. Un ‘dólar financiero/turista’ para quienes deseen atesorar, comprar o viajar al exterior, un ‘dólar oficial’ que regiría para importaciones de capital, insumos, medicamentos, libros o ciencia, y el ‘dólar exportador’, que sería el equivalente a restar las retenciones a la exportación del tipo de cambio oficial.
Contra todos los pronósticos, los mercados financieros, dieron el visto bueno. Tras los anuncios y el tortuoso debate de la Ley, el riesgo país bajó hasta los 1.950 puntos básicos. Es el nivel más bajo desde la semana posterior a las PASO. ¿Podría pensarse entonces que los mercados acompañan el programa populista? Es más inteligente comprender que los inversores son parte de la puja distributiva. El programa se estructura con el objetivo de pagar la deuda, y el único interés de los inversores, es cobrar. No es extraño entonces que vean con buenos ojos las medidas ideadas por el equipo de Fernández.

En números

$82
Lo que pasará a valer el Dólar para atesoramiento tras la aplicación del “Impuesto País” del 30%.
1,25%
Volvería a ser la alícuota del Impuesto a los Bienes Personales. Es el valor que regía hasta 2015. Para las tenencias en el exterior, 2,5%.

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