El seguro de la vieja política

ADRIáN PECOLLO adrianpecollo@rionegro.com.ar

Hay que desconfiar de los sueldos bajos en la cresta de las decisiones del Estado. Algo funciona mal cuando un ministro percibe menos que un camionero. La tentación y la trampa están a la vuelta de la esquina. La suspicacia se vuelve sospecha cuando un servidor público concentra dinero cuyo origen no puede explicar. Hoy se masca indignación frente a la evidencia de sobresueldos astronómicos reducidos en pocas manos, percibidos desde hace años a espaldas de la gente y, probablemente, de otros pares funcionarios. La necesidad de asignar un plus nació del experimento de cambio que intentó el gobernador Miguel Saiz en el inicio de su gestión. Ese conato se desvaneció rápidamente y sólo sirvió para vigorizar el viejo método de la política. Saiz pensó –según narró en el 2003– otro mecanismo para la política. No pudo. Peor aún, profundizó el arcaico modelo de precarización, elegido para preservar su entorno e inhibir el acceso de nuevos protagonistas. Perdió la oportunidad, en definitiva, de un recambio cualitativo. Era diciembre del 2003. Saiz asumía en un Estado de potente crítica a la clase política tras el derrumbe del gobierno de Fernando de la Rúa y los coletazos de los sobornos en el Senado. Ese gobernador prometía cambios y otra dirigencia. Su objetivo –decía– era mejorar el equipo de funcionarios y, por eso, había que aumentar sus ingresos. No podía –repetía– convocar con haberes bajos al gobierno a profesionales exitosos en el sector privado, y lo ejemplificaba con el hoy fallecido economista Alberto Croceri. Aportaba otra realidad: las gestiones anteriores suplían esos magros haberes con aportes en negro, cuya procedencia era incierta y su reparto discrecional. Saiz entendía que ese mecanismo debía modificarse. Le asistía razón. Alguien que debe dejar su profesión para entregarse por completo a una compleja tarea de decisiones públicas, y hacerlo bien, necesita tener un apropiado reconocimiento de su salario. ¿Qué hizo en aquel entonces Saiz? Pergeñó un “suplemento” llamado “Dedicación exclusiva funcional” que se transformó en el huevo de la serpiente con años de generosas actualizaciones que lo incrementaron (y hasta duplicaron en el 2008) a contramano de la reducción del gasto público que él mismo diseñó para el Estado y su planta de empleados. Renunció Saiz a un procedimiento que hubiera edificado transparencia: afrontar un debate legislativo de cara a la población y blanquear de una vez haberes magros de quienes toman decisiones en el Estado. “Hoy no es posible ese costo político”, dijo entonces, resignado. Resultado: el método –aun bajo un paraguas pretendidamente reglamentario– se degeneró rápidamente y estalla ahora. Aquel frustrado intento –rezaba Saiz– tenía otro propósito: concluir con las cajas de las empresas. Esa voluntad explica hoy la asignación de sobresueldos también destinados a las sociedades públicas, que igualmente siguen con una desmadrada dispersión de fondos. El mandatario creó hasta un organismo –Secretaría de Empresas– con la misión de supervisar ese derrame. Nada se alteró. Hace algunos días, el ahora desplazado presidente de Altec, Luis Hernández, confesó un pedido de 20.000 pesos para la interna radical. Saiz perdió rápidamente el rumbo de la innovación pregonada y el uso del “suplemento” se hizo decididamente oscuro y discrecional. Se incluía o se negaba entre directores generales, directores, subdirectores o agentes. Figuró iniciarse con los 65 cargos principales (ministros, secretarios y subsecretarios). “Hoy son 400 funcionarios”, asegura el secretario general, Francisco González. Deberán probarlo. Los documentos sólo muestran que los casi 500.000 pesos por mes se asignaban a los ministros y los cheques los cobraban ellos. Por ahora la ruta de las evidencias se corta allí. El esfuerzo de la reconstrucción recae en la Justicia. En los expedientes retirados –ya se sabe– no hay más recibos que los firmados por los miembros del gabinete. Hoy Saiz aparece ausente con su silencio. La solicitada del viernes oscurece las cosas: expone un sueldo de ministro que es la suma del haber oficial con un módico sobresueldo que horas antes se reconocía como “no remunerativo”, que no aportaba al fisco y cuyo monto se asignaba “de palabra” dentro del gabinete. Hace un año y medio el gobernador abundó en la precarización cuando impuso la insólita figura del funcionario “part time”, con reducción de carga horaria y de sus remuneraciones. Todo para evitar un achique del equipo político. Una decena de cargos fue incluida, pero la medida se diluyó en su inviabilidad. Hay hipocresía. Absurda e ingenuamente, parece haberse aceptado que un gobernador gane menos que un gerente de pyme y que el piso de un profesional petrolero duplique el de la funcionaria provincial a cargo del área energética. Así, la demagogia prefiere a los políticos que conducen el Estado como servidores públicos baratos. Hoy se ven funcionarios “de dedicación exclusiva” que no disimulan su prosperidad pese a sus salarios indignos. Se mezclan con los honestos y resignados y los inexpertos o ineficaces. Unos y otros son funcionarios siempre enlazados con la política. Por caso, Saiz se mostró indolente en la reciente razia contra el diputado Hugo Castañón cuando pidió la dimisión del segundo de Ciencia y Técnica de la provincia, Luis Miguel Marcos, también presidente de la Juventud Radical de Bariloche. “No hay problema, nunca fue a trabajar”, se liberó ante los suyos. El escándalo de los sobresueldos tiene la oportunidad de plantear un antes y un después. Pone al desnudo una práctica que está más cerca de lo que se presume. La indignación por este caso se manifiesta en los foros de internet –no sólo de la región sino de varias ciudades del país– y describe la sospecha de que no pocas gobernaciones tienen en marcha mecanismos solapados de sobresueldos. Hay otra lección: no hay más camino que la jerarquización de los funcionarios. Para ello quienes ocupan los cargos clave de la administración del Estado deben cobrar buenos sueldos, a la altura de sus habilidades y sus responsabilidades. Pero deben hacerlo en blanco y a la luz de todas las normas legales. Un transparente estímulo económico alentaría a acceder a la política a ciudadanos capacitados y con vocación pública y los gobernantes dispondrían de un amplio abanico de candidatos para cubrir cargos estatales. Resulta todo un riesgo incursionar en la política y abandonar el medio personal de vida con el costo de una impredecible reinserción. Sin reformas, la política seguirá abasteciéndose –mayoritariamente– de quienes no tienen nada para perder y no dudan en penetrar en ese mundo de fondos públicos en beneficio propio y con propósito de perpetuidad.