El sueño de un país serio
Tiene razón el senador Aníbal Fernández cuando dice que el allanamiento de “una empresa del presidente de la Nación” no se daría “en ningún país serio del mundo”, aunque sólo fuera porque aquellos mandatarios –es de suponer que los hay– que se mantienen al tanto de las vicisitudes de sus negocios personales mientras están en el poder se esfuerzan por asegurar que todo esté en orden por entender que cualquier anomalía se vería aprovechada por sus adversarios. Si la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no se preocupaba por tales detalles, fue porque suponía que nadie tomaría en serio una eventual denuncia, error éste que no soñaría con cometer la mayoría de sus homólogos de países que el exjefe de Gabinete calificaría de “serios”. Con la excepción de algunos tradicionalistas como el ex primer ministro portugués José Sócrates, el que hace poco fue detenido por su presunto involucramiento en casos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y otras nimiedades, saben que no valdría la pena exponerse al riesgo de ser blanco de un eventual operativo contra la corrupción. Una diferencia entre los países “serios” y aquellos que no lo son es la forma en que la opinión pública reacciona ante hechos de corrupción. Mientras que en los primeros ni siquiera los oficialistas más fervorosos se animarían a intentar minimizar su importancia, en éstos la mayoría los trata como anecdóticos. En ciertos países del norte de Europa que habitualmente encabezan las listas de los relativamente libres de corrupción, hasta una infracción leve, como el haber mentido años atrás para no sufrir la inconveniencia de perder por un rato la licencia de conducir, puede resultar más que suficiente como para que un ministro termine entre rejas: es lo que le sucedió al británico Chris Huhne, el extitular de Energía del gobierno conservador de David Cameron, por “obstrucción de la justicia”. En cambio, en países en los que la ciudadanía es más tolerante, por decirlo de algún modo, delitos incomparablemente peores quedarán impunes con tal que los culpables de perpetrarlos conserven una cuota adecuada de poder político. Por desgracia, la Argentina se encuentra entre los países en que infractores como Huhne no tendrían por qué inquietarse; aun cuando, al acercarse a su fin la gestión del gobierno en que habían desempeñado un papel, se produjera una ofensiva judicial en contra de sus integrantes, a pocos se les ocurriría pedir que fueran encarcelados por una transgresión tan insignificante. Sea como fuere, si bien parecería que son menores las irregularidades o “fallas formales” de Hotesur SA, de ahí la aplicación probable de la “multa más severa”, de 3.000 pesos, el que puedan atribuirse a la desidia de empleados determinados no ayudaría a eliminar las sospechas de quienes creen que el hotel Alto Calafate es parte de una cadena de establecimientos de tipo diverso que sirven para lavar dinero mal habido en escala industrial, ya que no cabe duda alguna de que la presidenta y su marido fallecido lograron combinar sus actividades como políticos y empresarios profesionales para aumentar la fortuna ya envidiable que habían adquirido como abogados exitosos. Por injusto que les parezca a Cristina y otros políticos con intereses empresariales, tanto en los países “serios” como en los que según sus dirigentes aspiran a serlo, los negocios suelen considerarse incompatibles con los deberes del funcionario público, razón por la que, al asumir un cargo, sería razonable exigirles desvincularse de ellos, dejándolos en manos de un fideicomiso ciego, como propuso antes de incorporarse al gobierno kirchnerista el entonces diputado de Nuevo Encuentro Popular y Solidario Martín Sabatella. Aunque el actual titular de la Afsca habrá perdido interés en una iniciativa que con toda seguridad no merecería la aprobación de su jefa, sería bueno que otros políticos procuraran impulsarla, por tratarse de la única forma eficaz de combatir la corrupción que tanto ha contribuido a depauperar el país, y también de purgar a la clase política nacional de la multitud de oportunistas venales que la han colonizado no porque les interese el bien común sino porque entienden que, siempre y cuando operen con astucia, la militancia política podría permitirles enriquecerse en un lapso muy breve.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.196.592 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Jueves 27 de noviembre de 2014
Tiene razón el senador Aníbal Fernández cuando dice que el allanamiento de “una empresa del presidente de la Nación” no se daría “en ningún país serio del mundo”, aunque sólo fuera porque aquellos mandatarios –es de suponer que los hay– que se mantienen al tanto de las vicisitudes de sus negocios personales mientras están en el poder se esfuerzan por asegurar que todo esté en orden por entender que cualquier anomalía se vería aprovechada por sus adversarios. Si la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no se preocupaba por tales detalles, fue porque suponía que nadie tomaría en serio una eventual denuncia, error éste que no soñaría con cometer la mayoría de sus homólogos de países que el exjefe de Gabinete calificaría de “serios”. Con la excepción de algunos tradicionalistas como el ex primer ministro portugués José Sócrates, el que hace poco fue detenido por su presunto involucramiento en casos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y otras nimiedades, saben que no valdría la pena exponerse al riesgo de ser blanco de un eventual operativo contra la corrupción. Una diferencia entre los países “serios” y aquellos que no lo son es la forma en que la opinión pública reacciona ante hechos de corrupción. Mientras que en los primeros ni siquiera los oficialistas más fervorosos se animarían a intentar minimizar su importancia, en éstos la mayoría los trata como anecdóticos. En ciertos países del norte de Europa que habitualmente encabezan las listas de los relativamente libres de corrupción, hasta una infracción leve, como el haber mentido años atrás para no sufrir la inconveniencia de perder por un rato la licencia de conducir, puede resultar más que suficiente como para que un ministro termine entre rejas: es lo que le sucedió al británico Chris Huhne, el extitular de Energía del gobierno conservador de David Cameron, por “obstrucción de la justicia”. En cambio, en países en los que la ciudadanía es más tolerante, por decirlo de algún modo, delitos incomparablemente peores quedarán impunes con tal que los culpables de perpetrarlos conserven una cuota adecuada de poder político. Por desgracia, la Argentina se encuentra entre los países en que infractores como Huhne no tendrían por qué inquietarse; aun cuando, al acercarse a su fin la gestión del gobierno en que habían desempeñado un papel, se produjera una ofensiva judicial en contra de sus integrantes, a pocos se les ocurriría pedir que fueran encarcelados por una transgresión tan insignificante. Sea como fuere, si bien parecería que son menores las irregularidades o “fallas formales” de Hotesur SA, de ahí la aplicación probable de la “multa más severa”, de 3.000 pesos, el que puedan atribuirse a la desidia de empleados determinados no ayudaría a eliminar las sospechas de quienes creen que el hotel Alto Calafate es parte de una cadena de establecimientos de tipo diverso que sirven para lavar dinero mal habido en escala industrial, ya que no cabe duda alguna de que la presidenta y su marido fallecido lograron combinar sus actividades como políticos y empresarios profesionales para aumentar la fortuna ya envidiable que habían adquirido como abogados exitosos. Por injusto que les parezca a Cristina y otros políticos con intereses empresariales, tanto en los países “serios” como en los que según sus dirigentes aspiran a serlo, los negocios suelen considerarse incompatibles con los deberes del funcionario público, razón por la que, al asumir un cargo, sería razonable exigirles desvincularse de ellos, dejándolos en manos de un fideicomiso ciego, como propuso antes de incorporarse al gobierno kirchnerista el entonces diputado de Nuevo Encuentro Popular y Solidario Martín Sabatella. Aunque el actual titular de la Afsca habrá perdido interés en una iniciativa que con toda seguridad no merecería la aprobación de su jefa, sería bueno que otros políticos procuraran impulsarla, por tratarse de la única forma eficaz de combatir la corrupción que tanto ha contribuido a depauperar el país, y también de purgar a la clase política nacional de la multitud de oportunistas venales que la han colonizado no porque les interese el bien común sino porque entienden que, siempre y cuando operen con astucia, la militancia política podría permitirles enriquecerse en un lapso muy breve.
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