El Tribunal ordenó descuentos por malas liquidaciones

Salarios Provinciales

El Tribunal de Cuentas dispuso descuentos en salarios de estatales rionegrinos por adicionales o antigüedad mal abonados. Esta decisión -que se ordenó a funcionarios bajo apercibimiento de aplicarles multas- resultó de las primeras auditorías del órgano de control en las liquidaciones de haberes efectuados en 2014 y 2015.

Entre las conclusiones, este organismo determinó retener montos mal liquidados en asignaciones familiares, antigüedad y complementos de los legajos revisados. Puntualizó incluso que se certifique cierta asistencia y pide el descuento por días no trabajados si no se logra documentar.

En esta primera etapa, el Tribunal revisó siete estructuras, conociéndose los informes finales de dos áreas evaluadas: el ministerio de Obras Pública y la Agencia Provincial para el Desarrollo Económico Rionegrino (CREAR).

El desvío de recursos públicos por errores o fallas en las liquidaciones es una preocupación de la administración de Alberto Weretilneck, que la secretaría de la Función Pública no logró corregir mayormente. Esta área fue advertida por el Tribunal porque, entre otras falencias, abonó en julio del año pasado asignaciones con un tope distinto al vigente.

Río Negro tiene unos 52.000 empleados, con un desembolso anual cercano a los 1.200 millones, incluyendo aportes y contribuciones.

Las conclusiones del análisis de las liquidaciones de Obras Públicas -según la resolución N°3/16- advierten que “hay liquidaciones de incrementos de manera previa a la emisión formal de la norma, falta de cumplimiento de horas para el pago de ciertos adicionales, no existe homogeneidad para el cómputo de la antigüedad y que los legajos están sin foliar o están incompletos.

También se requiere la adopción de medidas para corroborar la exactitud de la información cargada, con su documentación, ya que se repiten “errores de liquidación, que repercuten negativamente en el patrimonio estatal”.

Por su parte, la resolución N° 4 se concentró en un relevamiento de las liquidaciones en el CREAR, que se repite en las observaciones por “liquidaciones de bonificaciones sin la emisión de la norma”, y “la falta de documentación que acredite el cumplimiento de la extensión horaria para cobrar un adicional”.

Entre las recomendaciones, el Tribunal pide “medidas para que todas las novedades inherentes a la liquidación se reflejen en la base de datos de la Función Pública”; reafirma que “la inclusión de incrementos, descuentos y o cualquier otra modificación” debe realizarse “una vez emitida la norma”.

Además, exige “verificar y documentar el cumplimiento de la hora adicional para la percepción de adicionales”, otorgados según el decreto N° 1108/05 que implementó “suplementos de carácter no remunerativo y no bonificables por funciones, horario, riesgo y ubicación”. También propone que se “unifique el criterio” del “cómputo de la antigüedad”, fijado por la ley 5011. Esta norma sube la aplicación de la antigüedad del 1% al 2% por año de servicio, que se instrumentó el año pasado.

En ambas conclusiones, el Tribunal reclama que los “legajos de los agentes y funcionarios” estén “completos y debidamente actualizados”.

Se requiere “revisar los años de antigüedad y la cantidad de hijos cargados”, planteando que se deben “efectuar correcciones”. Piden “controles internos” para “prevenir o detectar la ocurrencia de errores” en las liquidaciones.

DeViedma