El verano tan temido
Si sólo fuera cuestión de la voluntad de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los asalariados ya tendrían asegurados los “bonos”, “aumentos de emergencia” y “gratificaciones extras” para las Fiestas de fin de año que están reclamando hasta los sindicalistas alineados con el gobierno, mientras que pocos se verían obligados a abonar el impuesto a las Ganancias que tanto preocupa a los opositores. Por tratarse de una líder populista, no le gusta para nada asumir una postura que, de ser otras las circunstancias, calificaría de típicamente “neoliberal”. Pero parecería que la presidenta presta atención al ministro de Economía, Axel Kicillof, que le dice que no le cabe más opción que la de tratar de privilegiar el equilibrio fiscal, ya que, en términos reales, el Estado está recaudando cada vez menos. En el contexto económico actual, los eufemismos que virtualmente todos los sindicalistas emplean para justificar aumentos salariales valen poco. Tampoco convence la teoría optimista según la cual la inflación no tiene nada que ver con la evolución de los ingresos nominales de los trabajadores. De imponerse la tesis de los sindicalistas más indignados por la merma constante del poder adquisitivo de los afiliados, el país correría el riesgo de recaer en la hiperinflación, con una tasa anual superior al 100%, antes de la fecha fijada para la elección del sucesor de Cristina. El gobierno quisiera que los empresarios, a los que acusa de impulsar la inflación, pagaran los “costos políticos” del desaguisado económico, pero no puede hacerlo porque entre los sindicalistas más combativos están los estatales, como los docentes bonaerenses, que ya han puesto en marcha su enésimo plan de lucha. Una desventaja del intervencionismo estatal en el manejo de la economía consiste en que el gobierno de turno, si bien se ve beneficiado cuando todo va viento en popa y el consumo aumenta, no puede ponerse al lado de los asalariados si el país se interna en una crisis. Hasta hace poco, los paros más activos –excepción hecha de los celebrados por los docentes– tenían que ver con empresas determinadas y por lo tanto no perjudicaban demasiado al gobierno nacional, pero es de prever que en adelante los kirchneristas sean los blancos principales de las protestas, de ahí el temor a que nos aguarde un período de conflictos que podrían desembocar en un “estallido social”. Desgraciadamente para la presidenta y sus colaboradores, no les es dado torcer las reglas económicas básicas. Si no hay recursos financieros, no podrá repartir beneficios. Sin embargo, una cosa es multiplicar los “planes sociales” cuando el dinero abunda y otra muy distinta es eliminarlos o reducirlos en épocas de escasez, en las que hasta un cambio menor puede significar la diferencia entre un ingreso magro pero así y todo adecuado para los habituados a la pobreza extrema por un lado y, por el otro, la indigencia. En los primeros años de la gestión kirchnerista el gobierno, con una caja repleta de dinero procedente de las ventas de soja y otros productos del campo, pudo institucionalizar una serie de programas sociales. De haber aprovechado los beneficiados la oportunidad para reinsertarse laboralmente, le hubiera sido posible ir desmantelándolos sin tener que preocuparse por una eventual reacción popular, pero, huelga decirlo, la mayoría toma los ingresos aportados por el Estado por un derecho adquirido. Aun cuando no se produzca el “estallido social” pronosticado no sólo por opositores de la izquierda dura sino también, a su modo, por la mismísima presidenta, parece inevitable que en las semanas próximas proliferen los paros en el transporte y otros servicios esenciales. No ayudarán en absoluto a mejorar los ingresos reales de los participantes –antes bien, podrían contribuir a reducirlos aún más–, pero la tradición sindical es tal que los afectados negativamente por la recesión inflacionaria que el país está sufriendo no encontrarán otra forma de procurar defenderse contra lo que está ocurriendo. A lo sumo, “la lucha” que está comenzando a calentarse servirá para que los perjudicados por el deterioro económico atribuible a la mala praxis kirchnerista puedan desahogarse, mientras permita a los dirigentes sindicales, tanto oficialistas como opositores, impedir que los reemplacen otros que hacen de la combatividad un estilo de vida.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.196.592 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Martes 18 de noviembre de 2014
Si sólo fuera cuestión de la voluntad de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los asalariados ya tendrían asegurados los “bonos”, “aumentos de emergencia” y “gratificaciones extras” para las Fiestas de fin de año que están reclamando hasta los sindicalistas alineados con el gobierno, mientras que pocos se verían obligados a abonar el impuesto a las Ganancias que tanto preocupa a los opositores. Por tratarse de una líder populista, no le gusta para nada asumir una postura que, de ser otras las circunstancias, calificaría de típicamente “neoliberal”. Pero parecería que la presidenta presta atención al ministro de Economía, Axel Kicillof, que le dice que no le cabe más opción que la de tratar de privilegiar el equilibrio fiscal, ya que, en términos reales, el Estado está recaudando cada vez menos. En el contexto económico actual, los eufemismos que virtualmente todos los sindicalistas emplean para justificar aumentos salariales valen poco. Tampoco convence la teoría optimista según la cual la inflación no tiene nada que ver con la evolución de los ingresos nominales de los trabajadores. De imponerse la tesis de los sindicalistas más indignados por la merma constante del poder adquisitivo de los afiliados, el país correría el riesgo de recaer en la hiperinflación, con una tasa anual superior al 100%, antes de la fecha fijada para la elección del sucesor de Cristina. El gobierno quisiera que los empresarios, a los que acusa de impulsar la inflación, pagaran los “costos políticos” del desaguisado económico, pero no puede hacerlo porque entre los sindicalistas más combativos están los estatales, como los docentes bonaerenses, que ya han puesto en marcha su enésimo plan de lucha. Una desventaja del intervencionismo estatal en el manejo de la economía consiste en que el gobierno de turno, si bien se ve beneficiado cuando todo va viento en popa y el consumo aumenta, no puede ponerse al lado de los asalariados si el país se interna en una crisis. Hasta hace poco, los paros más activos –excepción hecha de los celebrados por los docentes– tenían que ver con empresas determinadas y por lo tanto no perjudicaban demasiado al gobierno nacional, pero es de prever que en adelante los kirchneristas sean los blancos principales de las protestas, de ahí el temor a que nos aguarde un período de conflictos que podrían desembocar en un “estallido social”. Desgraciadamente para la presidenta y sus colaboradores, no les es dado torcer las reglas económicas básicas. Si no hay recursos financieros, no podrá repartir beneficios. Sin embargo, una cosa es multiplicar los “planes sociales” cuando el dinero abunda y otra muy distinta es eliminarlos o reducirlos en épocas de escasez, en las que hasta un cambio menor puede significar la diferencia entre un ingreso magro pero así y todo adecuado para los habituados a la pobreza extrema por un lado y, por el otro, la indigencia. En los primeros años de la gestión kirchnerista el gobierno, con una caja repleta de dinero procedente de las ventas de soja y otros productos del campo, pudo institucionalizar una serie de programas sociales. De haber aprovechado los beneficiados la oportunidad para reinsertarse laboralmente, le hubiera sido posible ir desmantelándolos sin tener que preocuparse por una eventual reacción popular, pero, huelga decirlo, la mayoría toma los ingresos aportados por el Estado por un derecho adquirido. Aun cuando no se produzca el “estallido social” pronosticado no sólo por opositores de la izquierda dura sino también, a su modo, por la mismísima presidenta, parece inevitable que en las semanas próximas proliferen los paros en el transporte y otros servicios esenciales. No ayudarán en absoluto a mejorar los ingresos reales de los participantes –antes bien, podrían contribuir a reducirlos aún más–, pero la tradición sindical es tal que los afectados negativamente por la recesión inflacionaria que el país está sufriendo no encontrarán otra forma de procurar defenderse contra lo que está ocurriendo. A lo sumo, “la lucha” que está comenzando a calentarse servirá para que los perjudicados por el deterioro económico atribuible a la mala praxis kirchnerista puedan desahogarse, mientras permita a los dirigentes sindicales, tanto oficialistas como opositores, impedir que los reemplacen otros que hacen de la combatividad un estilo de vida.
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