Embrollo jurídico
La decisión del juez federal Rodolfo Canicoba Corral de ordenar la detención de casi cincuenta ex militares a pedido del español Baltasar Garzón, medida que por ahora cuando menos el gobierno no parece dispuesto a obstaculizar, ha servido para complicar todavía más una situación que ya estaba sumamente embrollada. Aunque el presidente Néstor Kirchner y sus colaboradores principales quisieran que los militares citados por Garzón fueran juzgados en el país, saben que la Justicia local no puede hacerlo a causa de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que fueron decretadas cuando aún había buenos motivos para temer una reacción violenta por parte de grupos uniformados. Por fortuna, en la actualidad, las circunstancias son distintas porque las fuerzas armadas han perdido interés en desempeñar un papel político, pero en vista de que la Corte Suprema no declaró inconstitucionales las leyes destinadas a posibilitar una ruptura jurídica con el pasado, magistrados de otros países han podido argüir que, puesto que no hay justicia en la Argentina, ellos tienen derecho a juzgar a los acusados y, es de suponer, a ordenar castigar a los considerados culpables de crímenes de lesa humanidad.
En principio, la «globalización» de la Justicia que, en el caso poco probable de que un día se consolidara, significaría que todos los países del mundo sin excepción se verían obligados a respetar ciertas pautas mínimas, es un fenómeno muy positivo, pero tendrán que transcurrir muchos años más para que el ideal así supuesto se acerque a la realidad. Por lo pronto, los únicos países que aceptaron entregar presuntos delincuentes «políticos» a tribunales extranjeros, por lo común en Europa, han sido los más débiles como Ruanda, lo que queda de Yugoslavia y, huelga decirlo, la Argentina. Incluso el gobierno democrático de Chile se creyó constreñido a librar una batalla diplomática larga en favor de la libertad del ex dictador Augusto Pinochet por entender que la «extraterritorialidad» sería una arma en manos de los ya fuertes. En cambio, por razones de política interna comparables con las que hicieron necesarias en su momento las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, los países ex comunistas no han hecho el menor esfuerzo por «revisar» su propio pasado, juzgando a los culpables de crímenes similares a los perpetrados aquí durante el Proceso pero en una escala que fue incomparablemente mayor. Asimismo, es llamativo que la Unión Europea no haya exigido a sus próximos miembros que formaban parte del bloque soviético antes de su desintegración poner entre rejas a todos los torturadores y asesinos de los regímenes ya desaparecidos, omisión que puede atribuirse al poder de los partidos comunistas de países como Francia e Italia. Tampoco ha procurado hacer retroactiva la justicia España, país cuya experiencia en esta materia incidió en la actitud del gobierno del presidente Raúl Alfonsín. Huelga decir que las anomalías así supuestas han irritado sobremanera a quienes se suponen víctimas de una campaña politizada.
Para el gobierno del presidente Kirchner, la voluntad de Garzón de encargarse de la revisión de nuestro pasado constituye un desafío desagradable. Puede aceptar con ecuanimidad que la Justicia argentina está agujereada y que por lo tanto no está en condiciones de funcionar como es debido o, con la ayuda de los poderes Ejecutivo y Judicial, puede intentar repararla a fin de impedir que en ámbitos fundamentales sea reemplazada por la española o la internacional. Acaso le parecería más cómoda la primera alternativa, pero al país le convendría mucho más la segunda para que lo que en buena lógica debería ser un asunto interno, por tratarse básicamente de crímenes cometidos contra argentinos por argentinos en suelo argentino, deje de ser un problema diplomático que afecta nuestra relación con el resto del mundo. Después de todo, por escasa que sea la simpatía que sienta por los militares acusados mismos, Kirchner debería reconocer que es indigno que un país soberano de tradiciones jurídicas que son por lo menos tan respetables como las españolas se resigne a permitir que otros asuman la responsabilidad de cumplir una tarea que corresponde a la Justicia argentina.
