Embrollo tarifario
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Las tarifas de los servicios públicos se han convertido en un embrollo a dos puntas, para el gobierno que con sus aumentos desmedidos y sus idas y vueltas muestra una incapacidad alarmante y para la mayoría de los usuarios por sus serias dificultades para afrontarlos.
Sobre el tema la Suprema Corte sostuvo que los aumentos tarifarios debían ser “justos, razonables, ecuánimes y proporcionados”. Nada de eso ha sido tenido en cuenta por el gobierno en los diferentes ajustes al extremo –en el caso del gas ha propuesto que los aumentos se paguen en cuotas (eso sí, con intereses)–, lo cual es un reconocimiento del exceso.
En nuestra provincia, en las facturas de Edersa vemos que en el precio final hay una serie de componentes que no tienen relación con el producto que adquirimos y así vemos que de una factura de $ 1.333,68 solamente $ 684,35 corresponden al consumo, es decir el 54% del importe final. Los otros $ 654,54, el 46%, son aplicados a distintos impuestos y tasas, tales como ingresos brutos, débitos y créditos bancarios (ley 25413), uso del espacio aéreo, alumbrado público, aporte ciudadano voluntario; más un IVA del 27% que significa $ 207,85, ya que se aplica sobre el precio del producto más impuestos.
Una distorsión que perjudica a los usuarios y la economía provincial, sin otra explicación que la voracidad fiscal, que no ha merecido atención ni por el EPRE, ni por la Defensoría del Pueblo, ni por la Legislatura, ni por la Justicia. Mientras los aumentos sólo miren el interés de las empresas, no se encuadren en los parámetros fijados por la Corte, y no se entiendan las diferentes capacidades económicas de la población, donde una gran parte de la misma vive con serias dificultades, el embrollo tarifario se acrecentará con negativas consecuencias sociales.
Carlos Segovia, DNI 7.304.065
Carlos Segovia
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