En Neuquén no se cumplen las normas que protegen a quienes alquilan

Hasta febrero de 2021 los alquileres no podrán aumentar, los contratos que vencieron o vencerán se deben prorrogar de manera automático, están suspendidos los desalojos por falta de pago y no se pueden aplicar intereses y recargos. Eso marca el Decreto de Necesidad y Urgencia 320, que fue prorrogado por el 766. El representante de Neuquén en la Federación Nacional de Inquilinos, Federico Prior, asegura que poco de esto se cumple en Neuquén

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«La situación es bastante delicada y bastante complejo el tema, porque hay un sistemático incumplimiento, sobre todo de las inmobiliarias«, resaltó Prior en diálogo con RÍO NEGRO.

Y siguió: «a pesar de que estén prohibidos los desalojos por falta de pago del alquiler, que se prorrogan los contratos, y se congela el precio del alquiler, eso no se cumple. Nosotros todos los días tenemos entre cinco y sies llamadas con alguna situación problemática de alguna tipo de incumplimiento, y después por las redes sociales nos contactan bastante con situaciones para resolver».

En el mismo sentido, la Defensoría del Pueblo -que es uno de los organismos a los que se puede recurrir para reclamar- informó que en Neuquén capital desde julio hasta la fecha se registraron 23 solicitudes de mediación y 41 solicitudes de asesoramiento legal por contratos, nuevas disposiciones, desalojos, etc.

Además, el referente en Neuquén de la organización nacional de inquilinos puntualizó que durante la pandemia, en plena vigencia de los decretos, en la provincia se han realizado desalojos. Es, por ejemplo, el caso de las dos familias que fueron desalojadas de sus viviendas de alquiler en Chos Malal y que esperan una respuesta refugiadas en un salón municipal.

Pero los desalojos ilegales por falta de pago no son los únicas irregularidades detectadas por la Federación Nacional de Inquilinos en Neuquén. «Respecto a la prorroga de contratos, a pesar que el decreto dice que se prorroga automáticamente el contrato, las inmobiliarias lo que hacen es tratar de firmar nuevos contratos y lo hace presionando de manera económica«, aseguró Prior.

Y ejemplificó: «Le dicen al inquilino o la inquilina que firmando ahora tendrán un aumento del 30 o 40% y que cuando vaya a firmar en febrero el aumento va a ser del 80 o el 90%».

Y los incumplimientos para con los inquilinos también se detectaron con respecto a la flamante ley de alquileres promulgada en junio. «También tenemos situaciones de incumplimiento porque se quieren firmar contratos de dos años, cuando la nueva ley plantea que el mínimo son tres años y quieren seguir firmando con aumentos semestrales y no con el ajuste anual en base al indice que va a difundir el Banco Central», confió el referente de la Federación en Neuquén.

«Le dicen al inquilino que le hacen un aumento semestral del un 17% o 18% y que así el inquilino va a saber cuanto tiene que pagar, algo que le dicen que con el ajuste anual no lo van a saber. Se agarran de la cuestión de este índice para presionar de manera económica también«, subrayó Prior como ejemplo de las situaciones con las que se encuentran.

Y sobre la nueva ley, desde la Federación de Inquilinos instieron en la necesidad de que se reglamente para que así puedan existir los organismmos y formas de control. «Lo que estamos esperando es que se reglamente la nueva ley de alquileres y que haya control. Lo que nos está pasando es que nadie controla, ni el Estado nacional, ni los Estados provinciales. Pasaron más de cuatro meses de la sanción de la ley pero todavía no se ha reglamentado y todavía no hay órganos de control que hagan las multas correspondientes cuando hay abusos«, aseguró Prior.

La falta de reglamentación de la ley también deriva en que «no hay un espacio específico para inquilinos donde todos los reclamos se puedan hacer ahí», indicó el referente de Neuquén en la agrupación nacional de inquilinos.

Al mismo tiempo, señaló que desde la Federación se les brindan herramientas a quienes se acercan para que puedan denunciar las irregularidades u obtener ayuda sobre las problemáticas que atraviesan.

Aunque reconocen que muchos inquilinos optan por pagar lo que se pide para no tener que invertir en, por ejemplo, una carta documento; también destacaron que muchas veces las discusiones por hacer valer los derechos de los inquilinos quedan en una conversación con las inmobiliarias que terminan por ceder y negociar con los inquilinos. «Muchas veces se discute en la inmobiliaria con esas herramientas y se soluciona, porque la inmobiliaria es como que si pasa, pasa», confió Prior.

Pero claro que en otras intervienen las Defensorías del Pueblo, el Centro de Acceso a la Justicia o bien el Ministerio Público Fiscal cuando se realiza una denuncia judicial.

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