El diésel sin carbono busca su lugar en la política
El sector de las pequeñas y medianas empresas (pymes) elaboradoras de biodiésel en Argentina enfrenta un futuro incierto. La propuesta de Ley impulsada por la Liga de Provincias Bioenergéticas permite la entrada de grandes aceiteras al mercado interno, reduciendo drásticamente la participación de las pymes y concentrando la producción en Santa Fe.
El sector de las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) del biodiésel en Argentina, representado por la Cámara de Empresas pymes Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB), enfrentó una amenaza inminente con la propuesta de ley impulsada por la Liga de Provincias Bioenergéticas.
Este proyecto, al que se opone el sector pyme, buscó rediscutir un marco normativo que debía regir hasta 2030 y que dio cierta previsibilidad a las pequeñas empresas.
El marco normativo original para el biodiésel en Argentina se estableció con la Ley 26.093 de Biocombustibles, aprobada en 2006, que fijó un corte obligatorio del 10%. Este régimen dividió el mercado en dos segmentos: el de exportación, reservado para las compañías integradas (grandes aceiteras), y el mercado interno, destinado a las pymes.
El régimen de promoción e incentivos permitió que las pymes se distribuyeran en La Pampa, San Luis, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe.
Impacto actual y beneficios del sector pyme de biodiésel
En 2021, la Ley 27.640 redujo el corte obligatorio al 5%, aunque luego, con la crisis del gasoil de 2022, el corte subió al 7,5%.
Con el corte actual de 7,5%, la producción destinada al mercado interno fue de 850.000 toneladas, todas asignadas a pequeñas empresas.
En Argentina, 26 plantas elaboran biodiésel para el mercado interno. Santa Fe concentra 11 de ellas, Buenos Aires 10, Entre Ríos 2, La Pampa 2, y San Luis 1. El sector generó alrededor de 1800 puestos de trabajo directos y 8000 indirectos, con una facturación conjunta de aproximadamente USD 1.000 millones al año.
Además, la producción de biodiésel tuvo un impacto positivo para el país al generar ahorro de divisas (cada tonelada producida significó una tonelada menos de diésel importado), impacto fiscal positivo (al mantener precios altos en la cadena de valor de la oleaginosa), y beneficios ambientales (reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 78% respecto al diésel de petróleo).
Giro radical: La propuesta de la Liga Bioenergética y la pérdida de cupo
La Ley de la Liga Bioenergética propuso un giro radical. Su artículo 13 permite el ingreso de las compañías integradas (grandes aceiteras como Cargill, Cofco, Dreyfus, AGD, Vicentin, entre otras) en el mercado interno, lo que produjo una inmediata reducción del cupo disponible para las generadoras de empleo chicas.
El mecanismo de asignación estableció que el volumen para las integradas se determinaría por lo que ellas exportaron en los dos años previos, de modo que si exportaban menos, crecía su participación en el mercado interno. Esto les aseguró a las grandes aceiteras cientos de miles de toneladas para producir y comercializar en el mercado interno.
El proyecto de Ley de la Liga incrementó el corte obligatorio al 10%, equivalente a 1.239.000 toneladas de biodiésel. Aplicando la fórmula, y tomando el promedio exportado en 2023 y 2024 (442.300 toneladas), el cupo para las pymes no integradas bajó de 850.000 a 550.000 toneladas, una pérdida de 300.000 toneladas.
Las grandes aceiteras obtuvieron un cupo de 680.000 toneladas para el mercado interno.
Riesgo de quiebra y concentración geográfica en Santa Fe
La entidad que agrupa al sector no tiene empacho en indicar que el nuevo reparto condena a la quiebra a las pymes del resto del país. La producción de biodiésel se concentraría en la provincia de Santa Fe, donde tienen sede las grandes aceiteras y también las pequeñas productoras que no pagan el costo elevado del flete.
Con un corte del 10%, Santa Fe pasó de tener el 40% al 81% del biodiésel producido con destino al mercado interno.
De las 1.239.000 toneladas de corte, 1.005.000 toneladas se producirían en Santa Fe, mientras que solo 215.000 toneladas se producirían en Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis en conjunto.
Este proyecto de ley beneficiaría, entonces, solo a la provincia de Santa Fe, que propone sacar a las grandes del cupo de exportación y las habilitó a cubrir el mercado interno. Además, al concentrar la oferta cerca de Rosario, que es el sitio de concentración, las pymes cercanas al puerto se vieron beneficiadas al no pagar el sobrecosto del flete, que es aproximadamente 120 mil dólares por cada 40 toneladas de aceite.
Perspectivas y críticas al nuevo marco normativo
El director ejecutivo de CEPREB, Federico Martelli, sostuvo que el proyecto de la Liga benefició solo a la provincia de Santa Fe. Las grandes aceiteras, cuyas producciones estaban destinadas a la exportación, cubrirían el mercado interno que hasta ahora estaba abastecido por pymes.
Martelli destacó que producir combustible diésel con aceite de soja es más caro que el tradicional, pero tiene la ventaja de no tener huella de carbono y de servir para equilibrar el precio del aceite destinado al mercado interno, además de generar subproductos como la glicerina, que también se exporta.
Sin embargo, el gobierno de Javier Milei no estuvo pagando por la adquisición de ese cupo para mezclar con el diésel tradicional durante el último año.
Martelli mencionó que países como Brasil sancionaron leyes de combustibles del futuro que habilitaron la producción de biodiésel y les permitieron a las productoras tener previsibilidad en el tiempo.
En detalle, la implementación de la Ley de la Liga Bioenergética, con un corte del 10% de biodiésel, que equivale a un total de 1.239.000 toneladas (TN) de producción, impactó directamente la asignación entre empresas integradas y no integradas.
El reparto varió de acuerdo al volumen exportado por las Integradas en los dos años previos. Tomando el promedio de 442.300 TN exportadas en 2023 y 2024, el cupo asignado a las pymes cayó de las 850.000 TN que tenían con el corte del 7,5% de la ley actual a 557.574 TN en el nuevo esquema.
Por otro lado, la asignación para las compañías Integradas se elevó a 681.426 TN.
Este cambio implicó una pérdida de 300 mil toneladas para las pymes que pasaron a la asignación de las grandes aceiteras que integran CARBIO.
Adicionalmente, el proyecto de Ley estableció que, del volumen de las pymes, 3% se distribuiría en partes iguales y el resto se sometería a competencia en licitaciones.
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