Una senadora neuquina propone eliminar el IVA a las tarifas de gas, luz y agua

La senadora de Movimiento Neuquino, Lucila Crexell presentó un proyecto de ley para quitar el IVA de las tarifas de agua, luz y gas. Será para los consumidores residenciales de las categorías más bajas.




Con las audiencias públicas para definir las tarifas de gas y electricidad recién terminadas, la senadora Lucila Crexell presentó un proyecto de ley para quitar el IVA de ambos servicios, sumando al agua. La propuesta dispone la eliminación del impuesto con el que se grava a las tarifas para los consumidores residenciales de las categorías más bajas.

Con los aumentos propuestos por la secretaría de Energía para las tarifas, la senadora presentó el proyecto que modificaría la ley 23.349 de Impuesto al Valor Agregado (IVA). Expresó que su propuesta va en línea con el objetivo «de garantizar el derecho humano de acceso de los usuarios a los servicios públicos esenciales”.

Para ello, se refirió a la causa del 2016 «Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo”, en la que señaló que “el Estado debe tener prudencia y rigor en la determinación de las tarifas a fin de asegurar su certeza» evitando así imponer restricciones arbitrarias o desproporcionadas a los derechos de los usuarios”.

Por otra parte, Crexell cuestionó la política establecida en 2019 de congelamiento del costo base de la energía, porque “si bien tiene un objetivo claro para la población más vulnerable, finalmente es una distribución regresiva del ingreso, dado que se subsidia en mayor medida a los que más consumen”.

Sobre el proyecto presentado, explicó que “el monto final de las facturas de estos servicios está conformado por la tarifa y los impuestos. Los impuestos se concentran principalmente en el Impuesto al Valor Agregado (21%), Ingresos Brutos (entre 2% y 4% dependiendo la provincia), y a ello se le suman las tasas municipales y otros impuestos de menor magnitud».

Así, apuntó a que «en definitiva, entre el 25% y 30% del valor final de la factura que recibe el consumidor corresponde a impuestos, y ese porcentaje varía dependiendo la provincia y el municipio”.

Por esta razón, detalló que “se puede llevar adelante una política para compensar ese incremento con una reducción impositiva. De ese modo el peso final de un incremento tarifario sobre el ingreso disponible de las personas se verá aminorado”.


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