Terminaron las audiencias públicas para definir el inicio de la segmentación y la quita de subsidios

Con la audiencia para debatir el inicio de la segmentación de los usuarios, el gobierno puso fin a una semana de encuentros que funcionan como paso previo a la suba de las tarifas de luz y gas y a la quita de subsidios que abarcaría al 10% de los usuarios residenciales del país que enfrentarán un tarifazo de hasta el 250%.

El cronograma oficial, marca que con las audiencias realizadas, ahora se deberá publicar un informe final de cada una en un plazo de 10 días. Los nuevos cuadros tarifarios serán informados a través del Boletín Oficial. Por último, los entes reguladores (ENRE y Enargas) son los encargados de transmitir los nuevos cuadros a las empresas distribuidoras en electricidad (para el AMBA) y en gas (para todo el país).

Hoy, pasados pocos minutos de las diez, inició la tercera audiencia pública convocada por la propuesta del gobierno para la quita de subsidios desde la segmentación de los usuarios. Es la última de una seguidilla en las que ya se trataron los nuevos aumentos de las tarifas de luz y gas.

La convocatoria se realizó de forma virtual. En este caso, quien presidió el encuentro fue el subsecretario de Planeamiento Energético de la Secretaría de Energía, Santiago López Osornio. 

En este caso, Osornio planteó el nuevo mecanismo de segmentación para establecer los subsidios para los usuarios de servicio de energía. Señaló que el actual es “pro-rico” ya que “el 50% más pobre recibe un 40% de los subisidios. En el caso del 50% más rico, recibe el 60%”. 

“El esquema de subsidios actual es uniforme a todos los usuarios: un millonario recibe el mismo subsidio por kilovatio que el trabajador”. Por eso, plantean establecer segmentos donde el subsidio esté relacionado a la capacidad del pago del usuario.

En este caso, el criterio planteado para la segmentación es el relacionado a ingresos y patrimonios. De esta forma, dividen a la población en tres: quienes cuentan con alta capacidad de pagos, los que requieren tarifas sociales y sectores medios.

La segmentación planteada por Energía consiste en dividir a los usuarios de estos servicios en tres grupos: el primero es el reconocido en las tarifas sociales; el segundo corresponde al de mayores ingresos y el tercer grupo se forma por descarte, entre los otros dos y representa cerca del 70% del total de los usuarios.

Esta iniciativa no tiene el consenso de todo el arco del gobierno, por lo cual desde la misma cartera energética hay dudas sobre si podrá aplicarse.

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Audiencia por la tarifa eléctrica

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Con una demora de media hora por problemas técnicos, comenzó pasadas las 10 de la mañana la segunda de las tres audiencias públicas convocadas por la secretaría de Energía para definir tanto los nuevos aumentos de las tarifas de luz y gas, como así también el inicio de la segmentación de los usuarios. Mañana a las 10 comenzará el último encuentro en el que se analizará la propuesta del gobierno de quitar subsidios a través de la segmentación de los usuarios

El encuentro de hoy fue virtual y estuvo presidido por el subsecretario de Coordinación Institucional de Energía, Guillermo Usandivaras.

En la jornada se analizó la propuesta del gobierno de aplicar un aumento en el precio estacional de la energía eléctrica (PEST), que tendrá repercusiones inicialmente en las tarifas bonaerenses de Edesur y Edenor. Pero que después se trasladará al resto de las distribuidoras del país.

Para las dos firmas mencionadas, el Ejecutivo ya anticipó que busca aplicar una suba del 6% para los usuarios de la tarifa social, y del 17% en promedio para la gran mayoría de los usuarios residenciales del AMBA. Estos aumentos impactarían en los consumos de junio que se abonan a partir del mes siguiente.

En total, la audiencia que culminó a las 14.17 contó con 49 oradores inscriptos entre ellos representantes de las empresas distribuidoras, de cámaras de la energía, diputados provinciales y nacionales, organismos de defensa del consumidor y vecinos.

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Audiencia por la tarifa del gas

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El martes se realizó el primero encuentro para debatir la suba del precio del gas en boca de pozo (PIST) que afecta a la tarifa de gas natural. El encuentro fue presidido por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla Oporto, con la llamativa ausencia del interventor del Enargas, Federico Bernal, quien deberá luego convalidar, o no, las subas propuestas.

Si bien no son vinculantes, marcarán la cancha al gobierno nacional en especial en torno a cuánto y de qué forma se podrá avanzar no solo con los segundos aumentos de tarifas de luz y gas del años, sino también con la segmentación de los usuarios que podría derivar en tarifazos de hasta el 250%.

El debate de hoy se centra en el precio del gas en boca de pozo (PIST). La definición hecha por Energía es que se aplique un aumento del 21,5% en promedio en las boletas de la mayoría de los usuarios residenciales, que llegará al 25,5% en la Patagonia y se sumará a las subas aplicadas en marzo llevando el total de aumentos para el segmento al 42,7%.

En total hubo 39 expositores inscriptos, en la audiencia que comenzó con la exposición de Videla Oporto sobre los costos previstos para este año, y cómo de no modificar el precio en boca de pozo se dispararán los subsidios.

La funcionaria cerró su exposición indicando que «para los usuarios de la tarifa social tendrían un 0% de aumento en esta oportunidad, y para el resto de los usuarios tendríamos un aumento del orden del 20%».

Tras la presentación oficial se abrió la lista de expositores del público, siendo la primera en tomar la palabra la diputada nacional de la UCR de Mendoza, Jimena Latorre, quien enfatizó que «si bien las tarifas aumentan menos que el índice de variación salarial, el problema es que la inflación sube mucho más que los salarios».

Y acusó de «falta de planificación y visión estratégica» al actual gobierno y de «timbearse el esfuerzo de los usuarios que se hizo en la recomposición», en referencia al gobierno de Mauricio Macri. Y tras señalar la brecha que hay entre los mismos sectores del gobierno que no dejan en claro cómo se aplicarán los aumentos de tarifas, advirtió que tampoco es claro si se podrán aplicar en el plazo previsto, es decir a partir de los consumos del mes que viene.

La referente de la Liga de Ama de Casas, Consumidores y Usuarios de Mar del Plata, Marisa Sánchez, también se pronunció en contra del aumento buscado por el gobierno al cual tildó de «borrar con el codo lo que escribe con la mano» ya que recordó que «hace unos meses pedían no aumentar impuestos a las provincias para que no haya inflación, y ahora ellos mismos quieren subir los servicios».

Daniel Martini, en representación de Adigas, planteó que la segmentación propuesta debe ser analizada con cuidado, en tanto que alertó que todo aumento en el PIST implica reducir ingresos en las distribuidoras, en contra del aumento dado al sector en marzo. Y señaló que por cada punto de suba del PIST, las distribuidoras perderían 86 millones de pesos.

El diputado José Luis Ramón, de Mendoza (Unidad y Equidad Federal), planteó que «acá tendría que estar el ministro (Martín Guzmán) o el secretario de Energía (Darío Martínez)». Y sostuvo que el aumento que se propone «no es lo que dicen acá sino que va a ser de más del 60% para los usuarios de la zona fría».

Por lo que remarcó que «los servicios públicos son un derecho humano y no bienes de mercado», y agregó que «ustedes van a ser los responsables de que vuelva esa visión de que los bienes que son necesarios para las familias sean vistos como bienes de mercado».

Roberto Salerno, de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores se refirió a la «corresponsabilidad» entre el Estado y las empresas productoras de gas. «El estado debe revisar la normativa de base que es la que ampara la dolarización de las tarifas de la generación de gas en boca de pozo», señaló.

Raul Zavalla, de Fundación Pro Vivienda Social, expresó que existe una problemática de fondo: la falta de acceso a gas de numerosas viviendas en el país. Señaló que «parece paradójico en este tipo de audiencias solicitar tener tarifas, porque hay mucha gente que paga por la leña o el carbón costos mucho más altos no solo económicos sino en salud«.

Claudia Alejandra González, ex concejal del municipio de Aluminé, siguió la misma línea que Zavalla y señaló las complicaciones que representan no tener acceso al gas natural en la localidad. Expresó la necesidad de plantear tarifas «justas, razonables y no confiscatorias«, objetivo que se ve desvirtuado desde «los 90 con las privatizaciones de los servicios públicos» y la «dolarización de las tarifas».

Un representante de la Defensoría del pueblo de Río Negro señaló que en la zona patagónica «tiene objetivas dificultades» y el servicio que convoca la audiencia es imprescindible en el área. Expresó que plantear la suba en los meses de mayores demanda «va a limitar el acceso a las familias» y que el gas no haya subido desde fines de 2019 a 2022 «no es justificación suficiente» para los aumentos planteados.