Entre la necesidad y la desidia

A través del organismo de protección, el Estado tiene que dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad que padecen niños o adolescentes en sus familias de origen. Si el organismo de protección cumpliera el fin con el cual fue creado no se produciría una desprotección estatal que conlleva la vulneración de los derechos de los propios niños o adolescentes. De las distintas instituciones que posee el Estado en la provincia de Río Negro, las más notorias son los centros de Atención Integral para Niños o Adolescentes (Caina). Estos centros fueron creados para funcionar como una instancia de acogimiento residencial tendiente a promover en los niños o adolescentes su bienestar integral hasta que se resuelva la medida cautelar ordenada por la Justicia, desde donde se determinó su alojamiento. Incluso cuando surgen situaciones emergentes son los mismos técnicos del organismo de protección quienes también recurren al uso de estos lugares. Constituyen un recurso institucional necesario de carácter temporal que posibilita proteger a niños o adolescentes en situaciones de riesgo, abandono o abuso o expuestos por negligencias de sus progenitores u otros familiares. La mayoría de las veces estos centros son utilizados cuando es imposible ubicar a los niños o adolescentes en un dispositivo de acogimiento alternativo, como las familias solidarias. Los Caina siempre han sido noticia en los distintos medios de comunicación por los destrozos generados por los niños o adolescentes alojados allí, los conflictos de convivencia producidos entre los vecinos y la institución, la falta de mantenimiento e inversión en las instalaciones e incluso por las fugas constantes de los niños o adolescentes, naturalizándose la complejidad de los hechos. En el último tiempo las circunstancias fueron otras: han tomado una relevante notoriedad a partir de lo sucedido con unas adolescentes que se hallaban bajo el cuidado del organismo de protección. Nadie escapa a la responsabilidad de lo acontecido, ya que no era la primera vez que niñas o adolescentes internadas terminaban exponiéndose a situaciones de riesgo peores o iguales a las que padecían en sus contextos de origen. Estas situaciones se producen como consecuencia de la falta de eficacia y responsabilidad funcional por parte de aquellos que han sido designados para conducir estos lugares, sumada a una ausencia de controles previamente establecidos. A su vez, la falta de auditorías de gestión y de monitoreos externos y permanentes que permitan detectar las fallas y actuar en consecuencia para corregirlas hace que estos espacios se vuelvan ineficientes, ya que evidentemente no alcanza con los controles internos. Bajo este contexto organizacional, el niño o adolescente, al ingresar a la institución, visualiza rápidamente el desorden institucional, dando inicio a una lucha de poder a través de sus reiteradas transgresiones, generando cansancio e intolerancia por parte del personal de esos lugares. La solución rápida en muchos casos es el traslado de forma abrupta a otra institución fuera de la ciudad, lo que empeora la compleja situación del niño provocando, además, el desarraigo familiar y social. Este panorama requiere de un debate serio en pos de una solución mediante la cual el Estado garantice el bienestar de los niños. Uno se pregunta cuál es el sentido de las instituciones específicas para abordar la problemática de los niños o adolescentes separados de sus familias si no se los protege y tampoco se contribuye a su bienestar general. Esto nos lleva a otras preguntas lógicas: si estos espacios no existieran, ¿se mejoraría la situación de los niños o adolescentes en situación de vulnerabilidad social? ¿El acogimiento por parte de las familias solidarias brinda una solución definitiva a este tipo de problemas? Lo cierto es que no se puede desconocer que en Río Negro los Caina representan el último recurso al cual recurrir cuando las demás estrategias implementadas en el contexto de origen han fracasado. Es por esto importante que el organismo proteccional revierta la situación institucional de los Caina y los vuelva más eficaces, para garantizar la protección de todos los niños o adolescentes bajo su amparo y que no se llegue a una desidia organizacional. Cualquier tipo de disfunción o ineficacia se considera un maltrato institucional hacia los niños o adolescentes alojados allí. (*) Especialista en Trabajo Social Forense

patricia sánchez (*)