Episodios inquietantes
Hace cuarenta años, el robo de información de la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata opositor en Washington, por cinco personajes que resultaron estar vinculados con el entonces gobierno republicano, dio lugar al escándalo de Watergate que, andando el tiempo, obligaría a dimitir al presidente Richard Nixon por haber mentido en un esfuerzo por frenar la investigación del hecho. Pues bien: acaba de revelarse que un oficial de la Prefectura que, desde luego, depende de la Secretaría de Seguridad de la Nación, fue detenido hace un par de semanas por robar no sólo dinero sino también información contenida en pendrives de la casa del dirigente opositor, Sergio Massa, pero sería realmente asombroso que este episodio tuviera consecuencias equiparables con las que convulsionaron al país más poderoso del mundo, culminando con la renuncia de un presidente que, antes de cobrar fuerza el escándalo, había sido reelegido con más del 60% de los votos populares. Aun cuando se probara que es falsa la versión oficial de que se trataba de nada más grave que otro “robo común” perpetrado por un delincuente que, por casualidad, pertenecía a la Prefectura, las repercusiones políticas serían con toda probabilidad escasas. Lo entiende el propio Massa que, según parece, está más preocupado por el eventual impacto del asunto en su imagen como paladín de la seguridad ciudadana que por la sospecha, ya muy difundida, de que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha creado un extenso aparato de espionaje que emplea para mantenerse al tanto de las actividades de políticos opositores y periodistas, además, claro está, de “militantes” que en cualquier momento podrían sentirse tentados a seguir los pasos del intendente tigrense, alejándose del “proyecto” en busca de un lugar con perspectivas a su juicio más promisorias. Al fin y al cabo, la decisión de la presidenta de designar al general César Milani, un experto en inteligencia, como jefe del Ejército, ha sido atribuida a la voluntad de Cristina de suplementar los servicios policiales y civiles que ya existen, pero que le parecen poco confiables, con otros militares bajo el mando de un hombre que afirma sentirse comprometido con el “modelo” nacional y popular kirchnerista. Desgraciadamente para la presidenta, se trata de un oficial acusado de violaciones de los derechos humanos en el transcurso de la “guerra sucia” y, para colmo, de haberse enriquecido de manera difícilmente justificable, pero a pesar de la evidencia que ha surgido, se ha negado a romper con él. De todos modos, sería poco razonable suponer que le preocuparía demasiado el caso protagonizado por el prefecto que irrumpió en el domicilio de Massa, que se encuentra en un barrio cerrado de su feudo; a diferencia de los norteamericanos de la década de los setenta, nos hemos acostumbrado a hechos raros que en otras latitudes serían más que suficientes como para modificar radicalmente el panorama político. Aquí, lo que más cuenta suele ser la popularidad relativa de los gobernantes; uno que disfrutara del mismo nivel de aprobación de Nixon cuando el caso Watergate agitaba el mundillo político de Estados Unidos no tendría motivos para inquietarse. Por cierto, sorprendería que el episodio incidiera mucho en los resultados de las primarias que están por celebrarse. Tampoco lo hará el incendio del comité radical en la localidad bonaerense de Olavarría que, según los perjudicados, fue “un ataque a la democracia” por parte de sujetos de mentalidad “fascista”, si bien no sabían quiénes fueron. Sea como fuere, no cabe duda de que el clima se está enrareciendo. Muchos temen que oficialistas que se suponen “revolucionarios” y que se han habituado a culpar a “corporaciones” golpistas por todos los reveses sufridos por el gobierno de Cristina estarían dispuestos a ir a virtualmente cualquier extremo a fin de aferrarse al poder. Puede que exageren los que piensan así y que, no obstante su retórica combativa, los kirchneristas nunca soñarían con emplear métodos violentos con el propósito de “asustar” a sus adversarios, pero es comprensible que los haya que los creen plenamente capaces no sólo de robar información de “traidores” como Massa sino también de incendiar una oficina radical llena de boletas electorales, afiches y pancartas.
