Epocas en conflicto
La brecha, que propende a ensancharse, que se ha producido entre el gobierno del presidente interino Eduardo Duhalde y el Fondo Monetario Internacional, tiene menos que ver con las medidas que ha intentado tomar el ministro de Economía, Roberto Lavagna, que con la debilidad extrema de un Poder Ejecutivo que se ve jaqueado repetidamente por el Judicial. Puesto que aquí como en el resto del mundo las decisiones de la Justicia suelen basarse en la interpretación de leyes que fueron aprobadas en el pasado, es tal vez natural que los fallos de la Justicia a menudo hayan sido incompatibles con cualquier intento, por modesto que fuera, por impulsar cambios a fin de hacer frente a los desafíos planteados por una realidad ya radicalmente distinta. Aunque desde el punto de vista de los jueces el default y una devaluación que fue instrumentada de forma fabulosamente torpe por un equipo de improvisados son detalles anecdóticos sin mucha importancia, para el resto del país equivalieron a un terremoto.
De más está decir que en el Primer Mundo los economistas e inversores tienden a prestar más atención a la realidad actual tal y como la reflejan los datos, que a las lucubraciones para ellos apenas comprensibles de los juristas locales. Es lógico, pues, que el conflicto de poderes que han estado protagonizando el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial haya tenido consecuencias tan nefastas para millones de personas. También lo es que el FMI se haya sentido tan desconcertado por lo sucedido en nuestro país que ha optado por «la dureza» como la única actitud sensata. Después de todo, incluso en naciones que se encontraban al borde de la anarquía como Rusia e Indonesia, el FMI podía confiar en que las respectivas administraciones harían un esfuerzo serio por llevar a cabo las medidas acordadas, fueran éstas las indicadas por las circunstancias o no, pero en la Argentina se ha visto ante un gobierno que se afirmaba tan «fuerte» como aquéllos de otros países, pero que con frecuencia ha tenido que limitarse a formular una opinión con la esperanza de que otros terminaran respetándola.
Puede entenderse, pues, que la llegada al país de una nueva misión, la enésima, del FMI, haya motivado tanto escepticismo aunque se ha dicho que cuenta con «poder de decisión». No obstante la retórica cada vez más rencorosa de los funcionarios duhaldistas, es muy difícil ver cómo el FMI podría firmar acuerdos con un gobierno que se ha visto constreñido repetidamente a batirse en retirada frente a jueces defensores de algo ya tan irreal como la Argentina de antes que, mal que bien, fue demolida por Adolfo Rodríguez Saá y su sucesor. Además de impedir que sean modificadas las tarifas de servicios públicos para adecuarlas a la Argentina actual, los jueces podrían ordenar que el país vuelva a la semidolarización imperante hasta finales del año pasado. Si bien desde la óptica del «mundo» tales pretensiones parecen totalmente disparatadas, la Justicia no las descartaría por dicha razón que, a su juicio, parece indigna de tomarse en cuenta.
Criticar al FMI por motivos ideológicos o por creer que sus propuestas son malas es una cosa, esperar que respalde con mucho dinero a un gobierno que no está en condiciones de gobernar es otra muy distinta. Si bien es en cierto modo comprensible que funcionarios duhaldistas como el canciller Carlos Ruckauf se hayan puesto a atacar al Fondo acusándolo de apadrinar estrategias inapropiadas, es probable que lo que realmente les duele no haya sido la preferencia de los «técnicos» por el rigor fiscal o por una sola moneda en lugar de una veintena, sino la conciencia de que a pesar de la extrema gravedad de la crisis ni el movimiento dominante -el peronista-, ni el país en su conjunto hayan podido actuar con un mínimo de coherencia. Si bien a juzgar por sus propias manifestaciones Duhalde se comprometería con virtualmente cualquier cosa que le permitiera congraciarse con el FMI, a esta altura sabrá muy bien que no le sería posible transformar sus palabras en hechos concretos. En vista de que al FMI ha de interesarle más lo que efectivamente haga «la Argentina» que lo que digan el presidente o el ministro de Economía, no le queda más alternativa que la de esperar a que por fin surja un gobierno genuino.
