Esa incómoda balanza, otra vez

Buena parte del gabinete provincial se instalará en el Alto Valle esta semana, para intentar surfear esta segunda ola de covid-19.

Las estadísticas de contagios presionan. Río Negro tuvo la peor semana en toda la pandemia, superando los 2.626 positivos acumulados en siete días que hubo a mediados de octubre.

Del otro lado, la dura realidad económica de la región condiciona el margen de maniobra de esa tabla en la que navegan autoridades políticas y sanitarias.

Los números de Roca no alarman, si se los pone en contexto. La última semana epidemiológica terminó el sábado orillando los 200 casos acumulados. Menos de la mitad de la cifra registrada en la hora más caliente de la primera ola (semana 42 del 2020, coincidente con el pico provincial) cuando se reportaron 444 positivos.

En ese momento la ciudad perforó el techo de los 800 casos activos de coronavirus y ahora ese número se encamina recién hacia los 300.

Por su parte, las terapias intensivas de la ciudad se mantuvieron en los últimos días a tope, pero siempre con la característica propia de una ciudad que es centro de derivación por sus servicios de alta complejidad. De esa manera, la semana pasada la UTI del hospital tenía sus 13 camas ocupadas, pero sólo dos de esos pacientes eran roquenses.

Sin embargo, varios factores indican que la ciudad podría sentir los efectos de nuevas medidas restrictivas con la misma intensidad que las otras 13 comunidades del Alto Valle.

Primera razón: la regionalización de las pautas que se impuso para esta nueva etapa.

Tomar decisiones bajo el formato de “burbuja regional” fue un pedido incluso de las entidades que representan al comercio y la industria. En consecuencia, difícilmente ahora puedan desde ese sector salir a reclamar que en Roca se atenúen las restricciones porque sus números particulares son menos graves que los de Cipolletti.

Segunda razón: la decisión del municipio roquense de acompañar “sin chistar” -como dijo la intendenta- los decretos que emita el gobierno provincial para fijar límites a la circulación de personas.

Soria, que el año pasado tomó su propio camino varias veces después de conocer las pautas provinciales, ahora dice que no modificará ni una sola letra de los documentos llegados desde Viedma, porque es esa estructura del Estado la que está a cargo de la salud pública y no los municipios.

Un argumento que parte desde una verdad, pero que encierra otra realidad palpable, basada en la decisión de correrse del centro de la escena para dejar de pagar a medias los altos costos que genera la pandemia.

De manera que será interesante observar cómo avanzan desde hoy los representantes de sectores públicos y privados para amoldarse al nuevo escenario sanitario y político.

Las pautas vigentes vencen el próximo viernes. Para ese día habrá que tener resuelto cuánto pesan salud y economía en la balanza del Estado.

O dicho de otro modo: cuántos contagios más están dispuestos a tolerar quienes gobiernan antes de tocar el botón rojo y generar un inevitable impacto a emprendedores de todos los rubros y tamaños.