Escándalo en Colombia por censura a funcionario
Un escándalo de proporciones ronda al gobierno colombiano tras la renuncia de un alto funcionario a quien se le impidió difundir una encuesta oficial sobre seguridad con datos desfavorables que comprometían la imagen del presidente Alvaro Uribe.
Cuando el país se aprestaba a conocer los resultados de un inédito estudio sobre violencia y victimización en las tres principales ciudades del país, realizado por el estatal Departamento Nacional de Estadística (DANE), un portavoz presidencial frenó su divulgación precipitando, de paso, la salida del director del organismo, César Caballero.
El funcionario presentó su carta de dimisión alegando «que no podía cumplir, por razones morales, con la orden» impartida por Ricardo Galán, jefe de comunicaciones del Palacio de Nariño (sede presidencial), cuya actuación sorprende aún más por tratarse de un mando medio dentro del Ejecutivo.
«Es inmoral que se postergara la publicación de unos resultados que habían sido mostrados en las instancias que se me habían indicado (Policía y alcaldes). Esto le hace un flaco favor a la sociedad colombiana y a los esfuerzos del presidente Uribe en pro de la transparencia», fustigó el saliente director del DANE.
Sin ofrecer detalles sobre el estudio, Caballero reveló que el mismo «contenían cosas positivas y negativas» sobre la percepción de seguridad entre los habitantes de Bogotá, Cali y Medellín pero que a pesar de ello las autoridades jamás objetaron su divulgación.
Incluso el jefe del organismo de estadística insinuó que los resultados comprometían la imagen del presidente Uribe en el tema de la seguridad, su principal bandera de gobierno y de sus aspiraciones reeleccionistas. «Hasta el último día cumplí con lo que el presidente me dijo el día de mi posesión: si está seguro de un dato, sea bueno o malo para el gobierno, lo pública y de inmediato. En consecuencia, me voy porque no me enseñaron a utilizar rodilleras y no tengo actitudes claudicantes», afirmó.
Caballero insistió en que antes de programarse su difusión, los datos del estudio fueron analizados con la Policía, el servicio secreto y las autoridades de las ciudades involucradas, en cumplimiento con lo establecido con el gobierno. Sobre el particular el comandante de la Policía, general Jorge Castro, admitió que conoció los resultados y que los mismos lo habían «dejado inquieto».
(DPA)
