Extinción de dominio: el Estado solicitó bienes valuados en 800 millones de pesos



El Estado nacional inició una demanda civil para que se aplique por primera vez la extinción de dominio sobre 190 bienes, valuados en unos 800 millones de pesos, secuestrados a la banda narcocriminal conocida como "Clan Loza", desbaratada al cabo de una investigación realizada en Argentina y España, se informó hoy oficialmente.

La demanda, encabezada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación, alcanza a bienes secuestrados en 73 allanamientos, entre ellos vehículos de alta gama, propiedades, joyas y dinero en efectivo.

"Estamos muy contentos de que haya salido la primera demanda de extinción de dominio", afirmó esta mañana la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien aseguró que el Gobierno está "muy orgulloso de haberle sacado el título de propiedad a estos mafiosos y narcotraficantes".


Para encabezar esta acción legal, el procurador general Eduardo Casal designó a un equipo conformado por el fiscal Diego Iglesias, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar); el fiscal Penal Económico 1, Pablo Turano; y al fiscal Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal 6, Miguel Ángel Gilligan.

La demanda recayó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal 10, a cargo de Marcelo Bruno Dos Santos, y es la primera desde la entrada en vigencia del régimen de extinción de dominio.

Si bien el Clan Loza comenzó a ser investigado en 2011, la causa que actualmente se tramita en el fuero Penal Económico se inició en noviembre de 2017, cuando dos personas fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza al intentar ingresar con 365.800 euros distribuidos en los doble fondos de tres valijas que habían despachado en un vuelo que provenía de Madrid.


En la pesquisa se estableció que ese dinero estaba relacionado con esa organización narcocriminal transnacional investigada conjuntamente por la Argentina, España e Italia.

La organización, según se estableció, comercializaba droga que obtenía en Bolivia y Perú, que ingresaba a la Argentina y luego era enviada a España, donde se vendía en distintas ciudades de ese país y en Italia, Irlanda e Inglaterra.

La asociación criminal tuvo como principal actividad el tráfico de estupefacientes, el contrabando de divisas desde Europa al territorio nacional y el manejo de los fondos producidos a los fines de mantener su estructura, indicaron las fuentes.


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