Extinción de dominio: cálculos de cientos de miles de millones

El decreto de Mauricio Macri sobre extinción de dominio tiene doble condición: está vigente desde su publicación y tiene fuerza de ley, pero al mismo tiempo, envuelto en la polémica sobre su constitucionalidad, está pendiente aún de la ratificación de validez que debe darle el Congreso: el gobierno espera conseguirla sin grandes problemas en febrero y descarta por ahora el tratamiento de un proyecto nuevo en acuerdo con la oposición. Mientras tanto, en el Ejecutivo ya empiezan a sacar cuentas: el Estado podría recuperar, aseguran en el ministerio de Justicia y en el de Seguridad, entre 100 y 500 mil millones de pesos de la corrupción y del crimen organizado. Se trata de cálculos iniciales, provisorios, en base a las causas en las que interviene hoy la Oficina Anticorrupción y casos que sigue el ministerio de Seguridad, pero que en cualquier caso plantean cifras enormes.

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La cifra más conservadora la dio el ministro de Justicia, Germán Garavano. Confirmó que en los últimos tres años el ministerio de Seguridad decomisó 23 mil millones de pesos en bienes del narcotráfico y crimen organizado. Se trata de casi 600 millones de dólares: ese monto, dice a Río Negro el subsecretario de lucha contra narcotráfico de ese ministerio, Martín Verrier, equivale a lo que mueve todo el narcotráfico en Argentina durante un año. Buena parte de esos bienes incautados es droga, de modo que el Estado no podría recuperar todo ese dinero. Pero según cuentan en el ministerio, sólo en vehículos ya podría utilizarse la extinción de dominio para recuperar rápidamente 2000 mil millones de pesos.

El ministro Garavano también aseguró que hay embargos que superarían los 100 mil millones de pesos. Sus voceros calculan, no obstante, otras cifras. En base a las causas que interviene la Oficina Anticorrupción, en Justicia aseguran que hay por lo menos 245 mil millones de pesos embargados sólo en causas de corrupción.

“Podría ser mucho más. En dos meses vamos a estar realizando una lista detallada y actualizada de todas las causas y de los bienes posibles de ser embargados”, afirma un hombre cercano a Garavano. Algunos cálculos más extremos en el ministerio sugieren que, sumado a lo que vendría de Seguridad por crimen organizado, se podría hablar eventualmente 500 mil millones. Por ahora, cálculos provisorios. Todos ponen como ejemplo el caso de Lázaro Báez a quien podrían retirarle bienes por 3000 millones de pesos.

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En Justicia esperan que la nueva procuración de extinción de dominio que establece el DNU empiece a existir dentro de los próximos dos meses y que esté en funcionamiento pleno para mitad de año. Y calculan un año más tarde estaría dando sus primeros frutos.

Pero, a pesar de que ya está vigente, el decreto tiene obstáculos que superar. La oposición, sobre todo el massismo, insiste con que promoverá la sanción de la leyde extinción de dominio votada hace casi tres años en Diputados, pero muy ablandada luego en el Senado.

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Fuera de algunas frases de ocasión como la del ministro de Interior, Rogelio Frigerio, que aseguraron que si había “consenso” el oficialismo estaba dispuesto a volver a discutir la ley, las intenciones del gobierno son por ahora otras. Según afirman en presidencia, sólo se buscará en febrero la ratificación del DNU de Macri: “No vamos a volver al baile de Diputados y del Senado. En cualquier caso, con ‘si hay consenso’ nos referimos a si se acepta seguir los lineamientos de la norma presentada en el DNU. La norma blanda del Senado no tienen sentido”.

Creen, en Nación, que la jugada del DNU pegó muy bien en la opinión pública: “Si el PJ busca dar marcha atrás queda muy expuesto”, concluyen.